Boletín 94/2013
17 de marzo de 2013
• Reúne CDHDF a organizaciones civiles y autoridades en el Foro La Garantía de los Derechos de niñas y niños en estancias de cuidados alternativos
El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, urgió a las organizaciones civiles y a las instituciones públicas a adoptar las directrices internacionales que garanticen la erradicación y prevención de la violencia a niñas y niños sin cuidados familiares.
Y es que, dijo, en la familia, en la calle, en los medios de comunicación y en las estancias de cuidado alternativo, sean éstas públicas o privadas, persisten diversas modalidades de violencia y maltrato en agravio de niñas y niños, que en su mayoría tienen una historia previa de pobreza y discriminación en sus entornos.
Al inaugurar el Foro La Garantía de los Derechos de niñas y niños en estancias de cuidados alternativos, Sauri Suárez destacó que en México, desde la época juarista el Estado mexicano ha evitado hacerse cargo de este sector de la población, reconociendo implícitamente su incapacidad para atender a niñas y niños sin cuidados familiares, por lo en ese ámbito prevalece una tradición asistencialista.
“De ahí el círculo vicioso, de que sólo en caso de escándalo en el que esté involucrada alguna institución de cuidado alternativo se note la intervención del Estado: para volver a dejar las cosas como están y que sean las propias autoridades las que colocan a niñas y niños en instituciones privadas, sin que eso les implique una responsabilidad directa para garantizarles condiciones satisfactorias de vida, por ejemplo, a través de un presupuesto básico”, señaló.
No obstante, Sauri Suárez señaló que el Estado mexicano se comprometió a cumplir las recomendaciones del Estudio Sobre Violencia en contra de la Infancia de las Naciones Unidas de 2006, que obliga a todos los Estados parte a crear planes nacionales de acción para enfrentar y erradicar la violencia en contra de niñas y niños.
Dijo que a nivel local, el diseño institucional y el debate de agendas posibilitan elevar la voz y documentar las necesidades y los pendientes para el ejercicio de derechos de niñas y niños en estancias de cuidados alternativos o, mejor dicho, privados de cuidados familiares.
En tanto que, a nivel nacional, las reformas constitucionales han obligado a la armonización del marco jurídico interno, en el marco de los derechos humanos y especialmente del Interés Superior de Niñas y Niños, lo cual precisa de agendar y legislar en la materia.
A nivel internacional, destacó la necesidad de incorporar las respectivas directrices y las recomendaciones de 2006 del Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, en el marco de la Convención de los Derechos de la Infancia; así como las que se desprenden del Estudio Sobre Violencia en contra de la Infancia, que obliga a todos los Estados parte a crear planes nacionales de acción para enfrentar y erradicar la violencia en contra de niñas y niños.
Finalmente destacó que, pese a la conformación de una base de datos y de la implementación y operación de protocolos en los respectivos centros de atención, 10 de las 11 niñas y los niños que fueron sustraídos del albergue Casitas del Sur, cuyo caso dio lugar a la Recomendación 4/2009, continúan desparecidos, aunque la autoridad federal sólo ha dado cuenta de uno de los niños.
Por su parte, el Director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García, exhortó a las organizaciones civiles a formar un frente común que permita intercambiar experiencias sobre cómo afrontar las necesidades que se desprendan del cumplimiento de las directrices de Naciones Unidas en 2008, ‘que representan dinero y modificar las instituciones’, más allá de atender con calidad y con cariño a niñas y niños, buscando su bienestar integral.
Y es que, advirtió, 80% de las organizaciones civiles y de asistencia privada que trabajan en la ciudad de México en cuidados alternativos no cumplen con las directrices. Agregó que las instituciones y autoridades públicas que tienen bajo su cuidado a niñas y niños sin cuidados familiares también incumplen con las directrices de Naciones Unidas, como lo muestra un Diagnóstico de la organización civil ASI Legal, sobre el albergue de Coruña en el Distrito Federal.
“Las niñas y niños que por algún motivo han tenido que llegar a las instituciones, cuyo crisol es basto, van las que brindan servicios y acompañamiento de calidad hasta los llamados ‘anexos’ para la presunta desintoxicación”, advirtió.
En tanto, la Directora de Aldeas Infantiles SOS México, Eva Kieczka, expresó su confianza en que las y los participantes del Foro mantengan la visión de que la vida de niñas y niños sin cuidado parental tenga la misma calidad que desearían para sus propios hijos, ya que “Ningún niño quiere vivir en una institución, sino pertenecer a una familia”.
Por esa razón, explicó que entre las acciones de Aldeas Infantiles están promover y mantener a niñas y niños en su núcleo familiar o con su familia extendida, incluso apoyando a los padres o tutores con capacitación para el trabajo y la subsistencia. También se buscan familias que den acogida a niñas y niños que no cuenten con una familia biológica; sólo en última instancia se les ubica en una estancia de cuidados alternativos.
En las estancias, Aldeas Infantiles, agregó, mantiene unidos a hermanas y hermanos, no importando su edad, y no pone un límite para que adolescentes y jóvenes permanezcan, sino hasta que logren independizarse y asumir ellos mismos la responsabilidad de sus vidas.
Además de la CDHDF, el Foro fue también convocado por la Alianza por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México; Aldeas Infantiles SOS México; Dibujando un Mañana; Ednica IAP; Educadys; Fundación Quiera; Juconi; la Junta de Asistencia Privada; la Red por los Derechos de la Infancia en México; Ririki Intervención Social; y Save the Children México.
En la Mesa 1 “Los cuidados alternativos a la luz del nuevo marco constitucional en derechos humanos”, participó Gerardo Sauri Suárez, Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF; el Director del Centro de Investigación para los Derechos Humanos de la CDHDF, Ricardo Ortega Soriano; la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del DIF, Mónica Angélica Ávila Torres, en representación de la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Ícela Rodríguez Velázquez; así como María Isabel Martínez González, de Aldeas Infantiles.
En la Mesa 2 “Situación actual de los cuidados alternativos en el Distrito Federal”, se contó con la participación de la Consejera de la CDHDF y Directora de Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez Hernández; así como de Francisco Margalli García, de Juconi, y de Dolores Muñozcano Skidmore, del Centro de Estudios Sociológicos la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Mesa 3 “Análisis de la Ley de Albergues del Distrito Federal”, contó con las ponencias de la Cuarta Visitadora General de la CDHDF, Guadalupe Cabrera; de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Dinorah Pizano; del Asesor de Programas de Aldeas Infantiles, Marco Antonio López Galicia; y de Vanessa Marisol Suárez Solorza, de la JAP.