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Se llevó a cabo Taller de capacitación “El acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial en la esfera penal”

Boletín 93/2013
16 de marzo de 2013

• Hay poca práctica real de cómo está funcionando la inimputabilidad bajo el nuevo Sistema, apunta especialista.

Durante el Taller de capacitación El acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial en la esfera penal, el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, aseveró que para que una persona con discapacidad sea sujeta plena de derechos, las instituciones tienen que adaptarse a ésta.

Señaló que hacer realidad lo anterior es uno de los retos más grandes que tiene el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), porque la accesibilidad tiene que ser física y de comunicación, “no es suficiente las rampas, no es suficiente la accesibilidad física, sino que también se debe romper con la idea de pensar que considerar a una persona sujeta plena de derechos es que ésta se adapte a un mundo que de por sí es difícil”.

Dijo que también deberá trabajarse en la promoción de reformas legislativas que garanticen, por ejemplo, el uso de textos en braille, un lenguaje sencillo, y sistemas de apoyo para la toma de decisiones sin necesidad de un tutor, de acuerdo al tipo de discapacidad, “lograr el mayor ejercicio de la autonomía de las personas con discapacidad por supuesto es uno de los objetivos delPrograma”.

Comentó que se cerró la Convocatoria para la apertura de los espacios de participación del Programa, en donde van a participar Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y representantes de entes públicos capitalinos, para llevar a cabo mesas de trabajo y continuar con el proceso y seguir impulsando ese marco de políticas públicas que significa el Programa, con más de 2,400 líneas de acción.

Explicó que las líneas 2, 176 y 2, 186 incluyen dos estrategias: una es capacitar a servidores públicos del Sistema de Impartición y Procuración de Justicia para que puedan tener las herramientas suficientes para atender a personas con discapacidad y ajustar los métodos de trabajo e infraestructura para facilitar el goce pleno del derecho del acceso a la justicia de personas con discapacidad.

Apuntó que esto se debe traducir en metodologías para otorgar el apoyo a las personas que requieren el acceso a la justicia y que tienen alguna discapacidad.

A su vez, el Coordinador General de Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA Roli) México, David Fernández Mena, dijo que su organización apoya la entrada en vigor del Sistema Acusatorio en México y en diversos estados de la República han observado que nadie aborda el tema de la discapacidad psicosocial y de la inimputabilidad legal, “hay poca práctica real de cómo está funcionando la inimputabilidad bajo el nuevo Sistema”.

Aseveró que los operadores de justicia no están preparados para entender cómo funciona actualmente el tema de la discapacidad psicosocial y siguen empleando paradigmas antiguos. Agregó que la Reforma Constitucional de 2011 da pie a una nueva interpretación y una nueva forma de abordar el tema de la discapacidad social.

Expuso que una de cada tres personas que pasan por la Defensoría puede tener discapacidad social, casi el 33 % de los imputados, “es oportuno empezar a investigar, descubrir y capacitarnos para ver cómo tiene que funcionar esta relación del Sistema Acusatorio con los derechos humanos en materia de discapacidad psicosocial”.

En su intervención, la Directora para México y Centroamérica de la Disability Rigths International, Sofía Galván Puente, señaló que se ha demostrado que las personas con discapacidad mental son el grupo de población más propenso a estar vinculado dentro del Sistema de Justicia penal de cualquier parte del mundo, esto se debe a su gran vulnerabilidad.

Apuntó que como víctimas existe un alto índice de abuso físico y sexual contra estas personas, que se vincula al hecho de que los perpetradores consideran que estas personas son vulnerables.

Como acusados, siguió, sus acciones a veces son mal interpretadas como agresivas o más bien son discriminadas tomando en cuenta su discapacidad, “también por la vulnerabilidad que tienen son más propensos a que los policías los hagan confesar delitos de los cuales ellos no han sido parte”.

Indicó que de acuerdo a Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja, el número de personas que está dentro de las prisiones es desbordante, esto se debe a que además de la vulnerabilidad mencionada, aquellas personas que no tienen discapacidad mental al estar dentro de las prisiones, tomando en cuenta las condiciones inhumanas y degradantes de las mismas, es muy probable que desarrollen algún tipo de discapacidad mental.

Por su parte, la Directora de Proyectos Documenta A.C., Diana Sheinbaum Lerner, recordó que en 2007 México ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “y vale la pena preguntar qué ha hecho en estos cinco años el Estado mexicano para implementar este instrumento adecuadamente”.