Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 13/2013
19 de marzo de 2013
Pregunta (P): Sobre el caso de la maestra Elba Esther, esta investigación que se da por lo de la ficha signaléctica.
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, como saben ustedes, se dio a conocer la consignación ya de una persona. Estamos nosotros investigando para ver si efectivamente es la única persona involucrada o si hubiera otra persona más. El Gobierno de la ciudad ha dicho que la investigación está abierta, así que vamos a seguir sobre la misma.
P: ¿Habría más personas involucradas entonces?
LGP: Bueno, eventualmente eso es algo que el propio Gobierno ha dicho, y existe esa posibilidad desde luego, entonces creo que hay que agotarla.
P: Oiga, ¿está satisfecho con esta investigación y los resultados de ella?
LGP: Bueno, hasta ahora lo importante es que se ha respondido con celeridad, pero naturalmente estaremos satisfechos hasta que quede claro si estamos hablando de la única responsable o si hay más responsables, incluso de niveles de responsabilidad.
P: ¿Pero sí hay garantías de que esta persona que ya se supo que es responsable realmente lo sea?
LGP: Bueno, es un tema que tiene que investigar el Ministerio Público. A nosotros ahí nos tocará observar el debido proceso para que en todo caso la acusación no se caiga.
P: ¿Pero hasta el momento va bien este proceso?
LGP: Hasta el momento sí. Hasta el momento no tenemos elementos para decir que haya alguna complicación, pero sí es importante dejar claro que mientras la investigación esté abierta la posibilidad de haya otros responsables, o de que haya niveles de responsabilidad también que sea necesario investigar, nos va a tener a nosotros ahí encima de la Procuraduría.
P: La funcionaria alcanzó su derecho a la libertad bajo fianza porque el delito no fue considerado mayor, ¿esto no sentaría un precedente de la impunidad con respecto a la filtración de documentos?
LGP: No, porque es un tema que tiene que ver con cómo está hoy por hoy la ley. Ella tiene derecho a la libertad bajo fianza. Eso lo único que significa es que su proceso será seguido afuera, pero lo importante aquí es que se generan garantías para que ella pueda efectivamente recibir sentencia.
P: Doctor, por ahí se mencionó que tal vez existe la posibilidad de que esta persona que fue encarcelada por la filtración no sea quien fue la que hizo la filtración.
LGP: Sí, por eso insisto en que vamos a estar muy atentos a que la investigación no se cierre hasta que podamos tener claridad sobre si hay más responsables.
P: Oiga, ¿y cómo va la Recomendación de la Secretaría de Seguridad Pública, de la muchacha esta que violaron en situación de calle?
LGP: Va bien, todavía está en periodo de aceptación, pero tenemos noticias de que será aceptada.
P: ¿Esta mujer ya habló con ustedes con respecto a lo de la ficha?
LGP: No, esa es una queja de oficio. En este caso nuestro objetivo es revisar la actitud de la autoridad.
P: ¿Pero no van a entrevistarla a ella?
LGP: No, si no hay un motivo como para entablar relación directa con ella, no.
P: Oiga, Doctor, parece que el conflicto en la UACM no termina. Algunos inculpan incluso a la Comisión de intromisión, de invadir facultades que no le competen.
LGP: A ver, qué bueno que me haces la pregunta. Yo quiero aquí aclarar que nosotros hemos sido absolutamente respetuosos de la autonomía de la Universidad. Lo que hemos hecho es atender a los acuerdos de los que fuimos testigos, y para los cuales fuimos llamados como coadyuvancia. ¿Esto qué significa? Lo que se dijo el miércoles pasado es que estamos reconociendo al Consejo Universitario, a las 50 personas que fueron reconocidas incluso desde los acuerdos de Casa Lamm; y no estamos haciendo ningún reconocimiento a ninguna de las dos figuras, ni la del Rector interino, ni la de la Rectora Orozco. Lo importante aquí es que sí es necesario encontrar una salida, porque hoy por hoy que la Universidad sea ingobernable no le hace bien a la ciudad ni a la Universidad, por supuesto. Entonces creo que en la medida en la que se vaya encontrando un mecanismo para darle viabilidad a la vida universitaria, en esa medida la propia comunidad tendrá que ir estableciendo quiénes son sus propias autoridades.
P: ¿La única solución es esa?
LGP: No, creo que esa es una solución, pero como yo le he dicho el tema está mucho más allá. Es un tema político. Es un tema que tiene que ser resuelto con una perspectiva política y tenemos que tener mucha claridad sobre cuál de las soluciones que están sobre la mesa genera mayor gobernabilidad, y esa es la que tendría que prevalecer.
P: ¿Y cuál será la opción entonces en este caso?
LGP: Bueno, yo creo que tenemos que esperar un poco a ver cómo se van dando las cosas dentro de la propia Universidad, cómo se va recuperando la vida universitaria. El Gobierno de la ciudad tendrá que tomar una decisión acerca de a quién otorga los recursos; y me parece que esa decisión tendrá que ser por una parte muy estudiada por el propio Jurídico del Gobierno de la ciudad; por otra parte una decisión que atienda a la solución del conflicto.
P: ¿Desde su participación ustedes se percataron de que había algún involucramiento de algunos partidos políticos? ¿Hicieron algún balance referente? Esto porque es algo que han señalado de ambas partes. ¿Ustedes se percataron que sí hay manoseo por parte de los partidos?
LGP: Bueno, lo que nosotros hemos podido ver es que hay dos proyectos, por lo menos dos proyectos ideológicos que están detrás de todo este tema en la Universidad. Que esos proyectos ideológicos tengan o no vínculos con partidos políticos es una cosa que no está a nuestro alcance, no es algo que nosotros hayamos podido determinar, ni tenemos por qué hacerlo. Lo que sí es importante aquí es que los dos proyectos ideológicos que están detrás de la Universidad son igualmente válidos; es decir, lo que no podemos aceptar es que se descalifique uno u otro y que se construyan sobre la base de esas descalificaciones vínculos que no se pueden probar.
P: ¿Sería una buena solución que se vaya Esther Orozco?
LGP: Bueno, se ha planteado en distintos momento. Naturalmente eso es algo que le compete decidir a ella misma. Yo lo que creo aquí es que la responsabilidad cabe a una autoridad que está al frente de una Universidad que no ha podido ir adelante con su vida institucional, es la de revisar precisamente hasta dónde uno es un obstáculo para que eso ocurra. Eso es algo que la doctora Esther Orozco tiene que revisar, ella tiene que tener claridad sobre si su presencia en la Universidad garantiza efectivamente viabilidad o no.
P: Oiga, señor, yo le quisiera preguntar, ¿cómo van con este asunto de la presentación de delincuentes en medios de comunicación? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va a hacer la Comisión?
LGP: Bueno, vamos muy bien. La Comisión Interamericana, como saben, aceptó la Audiencia temática la semana pasada. Ahí hubo un llamado, me parece que un serio llamado de atención, por parte del Comisionado Escobar, que es el Relator para México, a las autoridades federales y locales. Él calificó como inaceptable esta práctica desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que el resultado de esta Audiencia implica que la Comisión y las organizaciones peticionarias estaremos invitadas a la Conferencia Nacional de Procuradores y también el Consejo de Seguridad para discutir junto con ellos las implicaciones que tienen estas prácticas. El Gobierno federal está preparando un protocolo. Nosotros vamos a participar en el diseño de este protocolo. Lo que nos importa es que haya una política eficiente de comunicación, pero sin que se violen derechos humanos. Habrá seguramente una Audiencia de seguimiento en octubre de este mismo año y ese será un buen momento para ver si logramos avanzar o no.
P: Parece ser que la autoridad del Distrito Federal, en el aspecto de los arraigos, lo que quiere es acotarlo y no desaparecerlo como ha insistido usted.
LGP: Bueno, estamos en pláticas con ellos como ustedes saben. Estamos en una mesa. Ahí la negociación ha sido en el sentido de buscar que en el mejor de los casos esta práctica reduzca notablemente su capacidad como violadora de derechos humanos. Todavía no llegamos a un acuerdo. Hemos seguido trabajando con esta visión. Nuestra posición es la desaparición del arraigo. Juega también aquí la posición del Gobierno federal. También allá se ha planteado ya una disminución. Probablemente ese sea el resultado que finalmente veamos. El tema aquí es que pueda haber controles judiciales y una disminución razonable, notable, del número de días que una persona pueda permanecer arraigada.
P: Doctor, también en algunas entidades ya se están realizando los juicios orales; sin embargo, siguen con las presentaciones de presuntos delincuentes.
LGP: Sí, el tema en la Comisión Interamericana tuvo que ver con eso. Es decir, nosotros presentamos la problemática en el Distrito Federal, las demás organizaciones lo plantearon a nivel nacional, y se hacía hincapié en que es justamente en los municipios en donde más ocurre este tipo de presentaciones.
P: Oiga, Doctor, en el Informe se habla de los derechos de los ciclistas y del peatón, pero no se menciona nada de los motociclistas y son igual de vulnerables que los ciclistas, ¿por qué?
LGP: Bueno, honestamente no te puedo decir por qué no se menciona a los motociclistas, seguramente es una omisión. Como comenté, es un Informe que está abierto a la discusión y a que podamos ir incluyendo la perspectiva de otros actores. Pero tienes toda la razón, el tema de protección va desde el peatón hasta incluso a los usuarios de vehículos automotores.
P: Se tiene que considerar también.
LGP: Sí, un tema aquí importante es que hemos tratado de privilegiar el transporte no motorizado, de manera tal que se tenga una perspectiva de protección del medio ambiente. Las motocicletas, aunque significan una opción de transporte importante, también es cierto que son generadoras de contaminación ambiental.
P: ¿Qué tanto más profundiza los problemas sociales la falta de equidad en la movilidad?
LGP: Bueno, es un tema que normalmente no vemos, pero que tiene influencia en la vida de las personas de manera radical. Mucha gente pasa gran parte del día en el transporte público y está expuesta ahí a distintos tipos de riesgos, desde los riesgos que son inherentes al propio transporte, los riesgos de accidentes de tránsito, hasta riesgos relacionados con la seguridad personal, cuando hablamos de asaltos y otros temas de esta naturaleza. Entonces eso va abonando a la desigualdad, porque son las personas que están en situaciones más vulnerables las que se ven más afectadas en el transporte público.
P: Doctor, en el Foro de agosto, los especialistas extranjeros decían que la única solución para el Distrito Federal era unificar el transporte público. ¿A esa determinación también llegaron en este Informe?
LGP: Bueno, hay una línea, esa es una línea de trabajo. Aquí más bien lo que estamos buscando es la manera de armonizar las distintas formas de transporte que hoy tiene la ciudad y de generar condiciones para que se establezcan mecanismos de movilidad a nivel lo más local posible. Esto que se decía de recuperar las calles; de incentivar el uso de la bicicleta; de incentivar incluso la práctica de caminar en la propia ciudad.
P: ¿Entonces no se habla de unificar el transporte?
LGP: No necesariamente.
P: ¿Y con respecto a los microbuses?
LGP: Bueno, igual, hay una crítica muy fuerte al tema de los microbuses. Hay diversos tipos de problemas que están asociados a los microbuses: los de seguridad de las propias unidades; los que tienen que ver con el otorgamiento de las licencias a los choferes; el diseño de las rutas; los accidentes que provocan y que han terminado en decesos de múltiples personas; el tema de las licencias que otorga la Setravi hoy por hoy para que los transportistas circulen; en fin, hay todo un tema con los microbuses.
P: ¿Pero se habla de crear otro tipo de transporte?
LGP: Sí, creo que ahí sí hay un consenso generalizado en términos de la necesidad de sustituir los microbuses por alguna otra posibilidad que sea mucho menos riesgosa.
P: Doctor, en cuanto a las marchas, no es tema de transporte, pero sí de movilidad, ¿qué se ha tomado en cuenta?
LGP: Bueno, igual, hay una línea en el Informe que plantea la necesidad de que todas circunstancias que afectan al espacio público puedan ser resueltas siempre atendiendo el respeto a los derechos. Hay un principio que es fundamental y es que para que el espacio público sea público tiene que ser de nadie, y en esa medida cualquier apropiación del espacio público es una forma de privatización que genera afectaciones. Ahí tenemos el caso de las marchas, por supuesto; tenemos el caso del ambulantaje; tenemos todos estos casos en los que se van afectadas las posibilidades de moverse dentro de la ciudad. El reto está en que eso no puede ser resuelto de manera autoritaria, más bien tiene que buscarse un equilibrio respetando los derechos de todas y de todos. Muchas gracias.
