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Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre exhibición en medios de comunicación de víctimas del delito y personas detenidas y/o bajo responsabilidad del Ministerio Público en México

Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre exhibición en medios de comunicación de víctimas del delito y personas detenidas y/o bajo responsabilidad del Ministerio Público en México

Comunicado 01/2013
14 de marzo de 2013

Palabras del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia

Para el caso del Distrito Federal, la autoridad ha argumentado que esta práctica no solo no viola los derechos de los detenidos, sino que es útil para informar a la ciudadanía sobre su trabajo en contra de la delincuencia, así como para incentivar denuncias que fortalezcan las acusaciones. A partir de un Acuerdo del Procurador -identificado como A/003/2012- la Fiscalía local buscó dar legalidad a esta práctica planteando como supuestos: 1) que se trate de delitos graves y que se presuma que el probable responsable esté involucrado en otros delitos y 2) que se trate de delitos de alto impacto social.

No obstante, la CDHDF emitió la Recomendación 3/2012 que acumuló un total de 29 casos que representan a un total de 50 personas agraviadas, de las cuales, 42 fueron exhibidas teniendo la calidad de probables responsables y 8 lo fueron a pesar de ser víctimas del delito.

De las 42 probables responsables, 24 fueron arraigadas inmediatamente después de la exhibición y de estas últimas, 21 fueron liberadas por diversas instancias del poder judicial, lo que acredita que la Procuraduría los exhibió sin tener pruebas suficientes para acusarles.

Como hemos visto en el video, según lo documenta la Recomendación de la CDHDF, a pesar de haber sido liberadas, las personas exhibidas como autoras de delitos enfrentan consecuencias debidas a la estigmatización que de ellas se hace como «delincuentes»‘, que mina la confianza sobre su probidad. Ello tiene efectos irreversibles en sus relaciones sociales -incluso en las familiares; en el entorno escolar de sus hijos e hijas, y desde luego en sus intentos por conseguir empleos, además de los riesgos a su seguridad ante la publicación de sus datos personales. En otras palabras aunque el sistema penal las absolvió, la Procuraduría propició su condena ante la opinión pública.

También es importante mencionar que esta práctica, de la que se aduce efectividad, instrumentaliza a las personas, convirtiéndolas en medios para lograr fines que deberían ser alcanzables con investigaciones sólidas previas a la detención. Vale señalar que incluso ese argumento de efectividad fue cuestionado por la CDHDF al no presentar la Procuraduría evidencia sólida de que las presentaciones incrementen las denuncias.

Cabe señalar que la Procuraduría del Distrito Federal no sólo no aceptó la Recomendación, sino que intensificó la practica e incluso, en febrero de este año, emitió un nuevo Acuerdo del Procurador -el A/01/2013- que incluso ampara la publicación de alias y datos relacionados con la nacionalidad y antecedentes penales, lo cual, a todas luces, no solo incrementa el estigma sobre las personas presentadas, sino que hace trascendente esta estigmatización, al fomentar prejuicios acerca de su origen, a otras personas o comunidades que comparten nacionalidad.

Hoy, la CDHDF investiga 56 casos más que incluyen 20 de personas que además de haber sido exhibidas, fueron arraigadas y otros casos en los que se hicieron públicas imágenes de cadáveres y datos de víctimas.

La CDHDF y las organizaciones que nos acompañan agradecen a la CIDH la oportunidad para tener esta audiencia y aprovecha el espacio para solicitar al Gobierno del Distrito Federal, frente a esta honorable Comisión Interamericana, que tenga en cuenta que, aunque se tratara de un solo caso, esta práctica afecta irreversiblemente la vida de las personas exhibidas, y en consecuencia, deje de exhibir y, en todo caso, fortalezca sus capacidades para que los fines de información e investigación que legítimamente persigue no se corrompan violando derechos humanos.