Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 08/2013
26 de febrero de 2013
Pregunta (P): En cuanto a la presentación de este libro sobre derechos humanos en el Distrito Federal, a mí me inquieta saber qué tan violentados son en el Distrito Federal los derechos humanos, qué informaciones tienen y qué áreas, a quiénes, por ejemplo.
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, ayer hicimos un reporte justo de la historia de la Comisión, que este año ya cumple 20 años, y lo cierto es que las tendencias se mantienen desde el principio. La Procuraduría General de Justicia es la institución de la que recibimos más quejas y a la que más Recomendaciones le hemos emitido. En segundo lugar está la Secretaría de Gobierno, fundamentalmente por el tema de reclusorios, y en tercer lugar la Secretaría de Salud. Estas tendencias se han mantenido a lo largo de 20 años.
P: ¿Qué se va a hacer en ese sentido con este manual?
LGP: Bueno, la idea es que, como ustedes saben, la ciudad de México tiene unPrograma de Derechos Humanos que fue incluso elevado a Ley en la administración anterior con el Licenciado Ebrard. Este programa es de una gran complejidad, tiene más de 2 mil líneas de acción que hay que ir siguiendo, que son responsabilidad o corresponsabilidad de diversas instituciones de la administración pública local. Entonces lo que intentamos con este material es que el documento, que es un documento muy grande, se haga más accesible. Explicarlo, explicar cómo abordar las líneas de acción; cuáles son las instancias que son responsables o corresponsables; cuáles son los marcos jurídicos que aplica; fundamentalmente ahora que tenemos esta Reforma en Derechos Humanos a nivel Constitucional, eso digamos que viene a reforzar el rol que tiene el Programa de Derechos Humanos de la ciudad. Y la idea es acercarlos a las Organizaciones de la Sociedad Civil y al público en general.
P: Doctor, a casi cuatro años de que se presentó este Programa, ¿cómo anda en cumplimiento? ¿Cuántas líneas de acción ya se han cumplido?
LGP: Bueno, hay informes que ha presentado el propio Gobierno del Distrito Federal. Como ustedes saben hay una instancia que se creó para estos fines. Justo hoy en los medios sale hoy algún reporte de esta instancia que es el Comité de Evaluaciones y Seguimiento y los resultados de los que da cuenta no son todavía los que esperaríamos. Sobre todo en este cambio de autoridades, es importante que las nuevas autoridades conozcan cuáles son sus responsabilidades frente al Programa, digamos que ahí se da el riesgo de que se pierda un poquito la continuidad. Pero, justamente, la idea es que a través de este documento y a partir de las reuniones que hemos tenido con los distintos servidores públicos se recuperen estas líneas y se sigan por una parte ejecutando y por otra parte evaluando.
P: ¿Usted considera que ha sido lento el avance?
LGP: Sí ha sido lento, digamos que hay razones para ello porque se trata de mover a toda la administración pública, pero ha habido avances muy importantes porque hoy les diría ya está en la mentalidad de todos los servidores públicos el tema de derechos humanos. Ya todos tienen una idea clara de cuáles son sus obligaciones frente a estos derechos. Lo que falta es que lo materialicen, que lo bajen a sus líneas de trabajo.
P: Y estas tendencias que mencionó de las instancias que siguen recurriendo a la violación de los derechos humanos, ¿son los mismos números, las mismas violaciones las que se reportan ahora?
LGP: Sí, ese es un tema interesante, por eso ya desde hace algún tiempo nosotros hemos buscado que las Recomendaciones que emitimos sean más estructurales. Por supuesto atendemos caso por caso, pero lo que buscamos es que la Recomendación resuelva problemas que han sido el marco de las violaciones a lo largo de todos estos 20 años.
P: ¿O sea en números cómo está la evaluación que hicieron ayer?
LGP: No tengo el dato exacto ahora mismo, pero el orden es el que yo les comentaba. La mayor parte de las Recomendaciones, el 30% de las Recomendaciones van a la Procuraduría General de Justicia.
P: ¿Qué violaciones son las que más se cometen?
LGP: En el caso de la Procuraduría tenemos dos tipos de violaciones, digamos, que son estándar: violaciones a los derechos de las víctimas; es decir, situaciones en las que el Ministerio Público no atiende adecuadamente a las víctimas; y violaciones al debido proceso, que es el otro filón grande.
P: ¿Y a qué se refiere cuando dice que las Recomendaciones tienen que ser más estructuradas?
LGP: Bueno, a que hay condiciones en las que las violaciones a derechos humanos se deben no solamente a la mala acción de un servidor público, sino por ejemplo a tendencias que se van dando en las propias instituciones; por ejemplo el caso del arraigo; el caso de las presentaciones de los probables culpables ante medios de comunicación. Son prácticas que se van institucionalizando, entonces no es tanta responsabilidad de un solo servidor público, sino que es una política institucional. En el caso de prisiones también tenemos el problema de la sobrepoblación, el problema de la corrupción, de los mercados ilegales, todos estos son fenómenos estructurales, y lo que buscamos es incidir en ellos.
P: Doctor, sobre el tema del arraigo ¿qué avances hay en la discusión en la Asamblea Legislativa para derogarlo?
LGP: Bueno, hay avances significativos. Como ustedes saben ahora estamos en este periodo de receso que se decretó de 15 días, que es un periodo activo. En realidad no es que cada quien se haya ido a sentar a su lugar a esperar a que den los 15 días. Nosotros hemos estado trabajando con la Consejería Jurídica de la ciudad de México. Entendemos cuáles son los planteamientos que ellos nos hacen, somos sensibles al tema porque sabemos que para el Gobierno de la ciudad es difícil dejar una herramienta que, hoy por hoy, pues les ha sido de utilidad. Pero al mismo tiempo, ellos también han escuchado nuestros argumentos. Estamos en una dinámica muy positiva y yo creo que va salir un buen resultado.
P: ¿Cuáles son esos argumentos de la Consejería?
LGP: Básicamente la eficacia del arraigo.
P: ¿O sea ellos no quieren derogarlo, no quieren que desaparezca?
LGP: No, naturalmente ellos mantienen la idea de que el arraigo es útil y que por lo tanto tiene que ser utilizado hasta el 2016, cuando tendrá que desaparecer. Lo que nosotros decimos es que no es que se abuse del arraigo, sino que el arraigo es un abuso, ya es un abuso. Nosotros hemos planteado que es una violación legal, constitucional en este caso, de derechos humanos. Y el marco que tenemos hoy, incluso el límite de vida que tiene el propio arraigo, implica una llamada de atención fuerte para derogarlo de una vez, para qué nos esperamos todos estos años. Sin embargo, la intención es encontrar un mecanismo que le permita a la Procuraduría trabajar. Puede haber varias opciones. Limitar el uso del arraigo en el último de los casos buscando que se elimine lo más pronto posible.
P: Oiga, Doctor, ¿cuál es la expectativa de la Comisión considerando que tanto Procuraduría como Tribunal han señalado que no se va a dejar de aplicar?
LGP: Bueno, como saben ustedes la discusión tiene un alcance nacional. Nosotros hemos insistido mucho y la semana pasada estuvimos en un foro que hicimos junto con el Senado, y fue sorprendente para bien la posición que asumió el Subprocurador García Cervantes, la posición que asume la Subsecretaría Lía Limón, la posición que asumieron las dos Presidentas de las Comisiones de Derechos Humanos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados sobre el tema del arraigo, que fue coincidente de que se trata de una institución violatoria de derechos humanos. Entonces pensamos que el debate nacional también está avanzando. Por lo pronto lo que podemos considerar un logro es que hay convicción, incluso le diría que en el Gobierno de la ciudad de México, de que hay un componente violatorio de derechos humanos en el arraigo. Están las Recomendaciones que han hecho los organismos internacionales sobre su carácter violatorio de los pactos a los que estamos suscritos y de convenios internacionales. Entonces me parece que hay un contexto interesante para que esta discusión fluya, ojala que con buenos resultados.
P: Oiga, Doctor, y en caso de que la Asamblea no quiera desaparecerla, ¿ustedes estarían de acuerdo, aceptarían nada más la regulación?
LGP: Bueno, eso por supuesto es una atribución de la Asamblea. Nosotros hacemos todo este trabajo que nos corresponde. Yo siempre digo que hacemos política a favor de los derechos, y eso lo que significa es tratar de convencer a los Diputados y Diputadas de nuestros argumentos. Naturalmente ellos tienen la última palabra, pero nosotros seguiremos documentando los casos. Muy probablemente emitiremos una nueva Recomendación y seguiremos llevando estos casos a las instancias internacionales porque nos importa mucho que finalmente el debido proceso, no sólo el tema del arraigo, sino todo lo que tiene que ver con el debido proceso, se vaya metiendo en orden.
P: Doctor, hay otro tema pendiente, justamente es la Reforma Penal. Hace unos días el Ministro Cosío advirtió de los riesgos de que no se cumpla, por lo menos hasta el plazo que tienen del 2016. ¿Usted qué opina de este retraso, por lo menos aplicándose en el Distrito Federal?
LGP: Bueno, ya lo hemos comentado muchas veces. Nosotros hemos insistido en que el Distrito Federal va muy retrasado. Sabemos que hay proyectos de Códigos Procesal y Penal que están ya, digamos, avanzados. Hay una discusión que tiene el Tribunal sobre el tema del presupuesto, pero lo cierto es que hay un límite que es el 2016 y toca estar trabajando en ello. Nosotros vamos a seguir insistiendo desde la Comisión, lo que podamos hacer. No es nuestra atribución directa, pero por supuesto seguiremos presionando, seguiremos invitando a foros, seguiremos motivando el trabajo conjunto incluso con instituciones federales, para promover la Reforma aquí en la ciudad.
P: ¿Jurídicamente no podría hacer nada la Comisión?
LGP: Pues lo que podemos hacer es capacitar, por ejemplo, que eso lo hemos estado haciendo; convocar a foros conjuntos; ahora hemos estado en pláticas con el nuevo Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales para precisamente impulsar el tema acá en la ciudad de México; lo seguiremos haciendo con SETEC (Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal), con las nuevas autoridades de SETEC. Entonces es un tema que nos ha tenido ocupados. Nosotros no decidimos en qué momento ocurre la Reforma, pero sí presionamos para que ésta se vaya prefigurando.
P: Presidente, quisiera preguntarle si ya tienen fecha para emitir la Recomendación sobre los hechos ocurridos el 1 de diciembre afuera de la Cámara de Diputados.
LGP: No, no tenemos una fecha. Lo que les puedo decir es que estamos muy avanzados. Todavía esta semana se estuvieron desahogando algunas comparecencias con mandos de la policía. Para nosotros es muy importante tener todos los testimonios. Revisamos ya prácticamente todos los videos que tenemos. Estamos haciendo un trabajo también, digamos, de organización de la información. Seguramente ya muy pronto vamos a tener el producto final.
P: ¿Sobre lo de la UACM piensan ustedes intervenir en el asunto, qué es lo que va a pasar?
LGP: No, nosotros ya intervenimos. El día de hoy nos vamos a reunir el Secretario de Gobierno y el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea para plantear un posicionamiento conjunto. Pero ese posicionamiento tiene que ver fundamentalmente con el llamado que se nos hizo para mediar. Entonces no hay una intervención de parte de ninguna de las tres instancias. Fuimos invitados para una mesa que ya se agotó. Hoy en la tarde daremos nuestra posición oficial.
P: ¿Cómo se recibió la queja de estas personas que hablaban en contra del Secretario de Gobierno y el Presidente de la Asamblea Legislativa?
LGP: Abrimos la queja, por supuesto. Ya estamos requiriendo la información y veremos si se configura alguna violación a derechos humanos. También facilitamos las cosas para que ellos interpusieran una queja en contra mía en la Contraloría de la propia Comisión y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces les hemos dado cauce y ya nos pronunciaremos nosotros en lo que cabe a los funcionarios públicos del Distrito Federal y la Contraloría y la Comisión Nacional en lo que corresponde a mí persona.
P: ¿Por qué están en desacuerdo con usted?
LGP: Bueno, lo que ellos argumentan es que hay una injerencia, que hay una intromisión de la autonomía de la Universidad. Como yo les comento, y está documentado públicamente, más bien nosotros acudimos a un llamado que se nos hizo para intentar mediar. Participamos de una mesa. Fuimos testigos de unos acuerdos que se tomaron en esa mesa, y la responsabilidad de cumplir o no los acuerdos es de la comunidad universitaria.
P: ¿Cuándo fue a esta reunión a la que acudió, a esta mesa de la que habla?
LGP: Fue el año pasado, antes de diciembre. En la Asamblea. Después de que ellos ya se habían reunido en Casa Lamm con lo que llamaron el Grupo de Notables. Como no se resolvió entonces nos invitaron al Gobierno de la ciudad, a la Asamblea y a nosotros; se desarrollaron las mesas, se firmaron los acuerdos, luego se rompieron, luego se entregaron las instalaciones, en fin. Ha sido un proceso muy complicado y muy desgastante. Hoy en la tarde plantearemos la posición oficial.
P: ¿Esta queja que presentaron ante la Contraloría Interna cuándo fue?
LGP: Eso fue reciente, fue la semana pasada.
P: ¿Y ustedes ese mismo día les apoyaron para ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
LGP: Ellos la interpusieron un día antes, si no me equivoco, ante la Comisión Nacional. Gracias.
