jueves , 25 abril 2024

Versión estenográfica de la entrevista al Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, en la presentación del libro Trafficked, organizada por COPARMEX.

Transcripción 03/2013
23 de enero de 2013

Pregunta (P): Respecto al caso de Cassez, ¿cómo espera que salga la resolución?

Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, como ustedes saben es imprescindible. Lo que esperamos es que, como se dio a conocer ayer, el proyecto de la Ministra Sánchez Cordero tenga el amparo para efectos y vamos a ver cómo es el comportamiento de los Ministros. Sabemos que el Ministro Zaldívar, la ocasión anterior, fue mucho más radical que eso. Planteaba un amparo liso y llano, eso quiere decir la libertad inmediata de Florence. Sabemos que el Ministro Cossío podría estar del lado del proyecto del amparo para efectos, pero los dos Ministros que son nuevos, el Ministro Pardo no sabemos qué posición tenga y el Ministro Ortiz Mena, que está recién llegado a la Corte, tampoco sabemos qué posición tenga. Lo que esperamos es que se dé una discusión interesante, pero ojalá, de verdad, por el bien del Debido Proceso en el país, por el bien de la restauración que es absolutamente necesaria del sistema penal, de la confianza en el sistema penal del país, los Ministros se comporten a la altura del nuevo marco constitucional que tenemos de protección de derechos humanos.

P: Oiga, ¿pero hay que desechar la opinión de las víctimas, los testimonio de las víctimas?

LGP: Bueno, habrá que ver el análisis de la Ministra, pero me parece que puede ser convergente con el que hizo ya el año pasado el Ministro Zaldívar. Entonces, si hay duda sobre la veracidad del testimonio de estas víctimas, entonces me parece que no hay condiciones para tomarlas en consideración para incriminar a una persona. Estamos hablando de una condena de 60 años y estamos hablando de que no hay evidencia suficiente, que además la que hay fue contaminada por servidores públicos. Eso lo que implica es que quien debe hacerse responsable de que no haya hoy responsables de estos delitos son los servidores públicos que contaminaron las pruebas.

P: ¿Y estos servidores cómo van a quedar? O sea, ¿es tan fácil desvincularse, pues ellos ya concluyeron sus funciones y algunos están fuera del país y demás? O sea, ¿esto no debería de ser complementario para que finalmente se den cuenta de lo que hicieron?

LGP: Claro que sí, ojalá que… Le tocará a la defensa desde luego de Florence tomar la decisión de si quiere ir adelante en contra de quienes ocasionaron estos daños. Habrá que ver si la Corte se pronuncia sobre eso hoy mismo. Pero yo creo que para que se cierre el círculo y precisamente para que podamos hablar de protección a las víctimas es importante que haya responsables, sean estos servidores públicos o no.

P: ¿La Corte debe pronunciarse, Doctor, desde su punto de vista?

LGP: Me parece que sería muy pertinente que la Corte se pronunciara, porque el mensaje completo no es simplemente el de la libertad o no de Florence, sino el de la restauración del propio sistema. Entonces para que la confianza se genere en el sistema tiene que haber un mensaje fuerte a la autoridad, primero para que no viole nuevamente derechos que pongan en riesgo los procesos y segundo para que se sancione a quienes son responsables de haberlos violado.

P: ¿Legalmente, perdón, la Corte puede hoy mismo o en días posteriores decir algo en torno a este asunto, el caso de García Luna y la gente que estuvo al frente de este operativo?

LGP: Vamos a ver si dentro de los argumentos externos, digamos, es posible plantearlo. Hoy ya dentro de algunas horas vamos a despejar esa incógnita.

P: Doctor, si todo este dictamen está enfocado al debido proceso, ¿qué riesgo hay entonces de que también siente un precedente para que otros delincuentes que han sido acusados por secuestro u otros delitos, si la Corte decide liberar a Cassez por esta situación, también recurran a esto como un precedente? ¿Creo un precedente negativo para esto?

LGP: Yo creo que crea un precedente, pero…, a ver yo te lo voy a decir así tal cual: el mensaje, el precedente, va hacia las autoridades, porque si hay personas que estén privadas de la libertad hoy porque sus procesos se han construido sobre la base de pruebas viciadas esas personas tiene que salir, y los responsables de eso son las autoridades que viciaron esas pruebas. Entonces el precedente que se va a crear, me parece, va a generar un mensaje importante a la Policía, al Ministerio Público y a los propios Jueces para que si quieren que los procesos lleguen a buen puerto, y si de verdad hay compromiso con la protección de las víctimas, eviten actos que pongan en riesgo el proceso mismo.

P: Y en este caso en particular, ¿además de Cassez quedarían libres los otros juzgados?

LGP: Es posible, eso ya dependerá de las acciones que en cada caso se emprendan. Pero como precedente a mí me parece positivo, aunque de momento pueda parecer impopular. Creo que en el mediano y en el largo plazo eso solidificaría nuestro sistema penal y eso nos beneficia a todos.

P: ¿Considera que se está ejerciendo presión política? Se hablaba que en la pasada revisión sí la hubo.

LGP: Bueno, el contexto que vemos ahora es muy diferente. No parece haber ningún tipo de presión a los jueces. El año pasado trascendió que había habido un trabajo importante de cabildeo. Yo tengo mucha confianza en que los Ministros van a decidir con plena libertad, ojalá de verdad que se puedan poner de acuerdo.

P: En el documento que entregaron a la Corte, ¿qué es lo que ustedes están sugiriendo?

LGP: Bueno, nosotros en congruencia con nuestra posición que hemos tenido, lo que estamos planteando es que la Corte tiene la posibilidad de decidir sobre un amparo liso y llano, aun cuando la propuesta sea la de un amparo para efectos; es decir, si una vez que queda claro que la mayoría de las pruebas son inválidas y de que está también muy claro que las que subsistan puedan no ser incriminatorias, pensamos que el amparo para efectos implica un paso innecesario, una espiral que puede terminar bien o que puede terminar mal, y la Corte, en su función de Corte Constitucional y con este nuevo marco que tiene, podría entonces decidir de una buena vez otorgar la libertad.

P: Doctor, ¿usted considera que el cambio de gobierno de alguna manera influyó en que se pudiera tomar esta decisión posiblemente para liberar a Cassez, dado que en el sexenio pasado era muy firme el gobierno del Presidente Calderón para no hacerlo, y sobre todo a raíz de los recientes cambios que se han visto en muchos ámbitos, como que han barrido con muchas decisiones del gobierno anterior?

LGP: Creo que se puede afirmar a partir de los hechos, porque tendríamos que preguntarles a los autores del tema. Pero a partir de los hechos lo que sí se ve es que no hay interferencia, que el Ejecutivo está dejando al Poder Judicial actuar, a la Corte en este caso, y eso me parece muy importante.

P: Las víctimas que hoy sacan un desplegado, ¿qué les dice?

LGP: No he visto el desplegado. No sé a qué víctimas…

P: Los pronunciamientos de Martí…

LGP: Bueno, yo creo que ahí, como lo he dicho en otros momentos, las víctimas todas son importantes, y es necesario que desde el movimiento mismo de víctimas le apostemos a un modelo no de venganza, sino a un modelo de justicia, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que conviene aquí no personalizar los casos. Hay que tener cuidado. Yo lo digo de esta manera, la Comisión no está comprometida con la libertad de Florence Cassez, está comprometida con la restauración de un DebidoProceso.

P: Hoy se da a conocer que seis de cada 10 homicidios dolosos que se cometen en la ciudad de México se realizan con arma de fuego, ya es casi un mes y medio de que entró en funciones el nuevo Jefe de Gobierno y aún no hay una clara estrategia en materia de seguridad pública. ¿Qué llamado le haría para que velen por los derechos en esa materia?

LGP: Bueno en principio sabemos que ya se inició una campaña en Iztapalapa que está siendo exitosa. Ayer se anunció una más en Miguel Hidalgo. Que la gente se esté armando es un tema de hace muchos años. Estas campañas ya no se habían realizado, durante todo el sexenio pasado no recuerdo que haya habido alguna. Son campañas exitosas finalmente. Entonces, una parte tiene que ver con eso, con la despistolización. Mucha de la violencia que se genera en la ciudad es violencia urbana. Entonces gente armada y violenta es peligrosa. Creo que esa es una buena señal. Por otro lado, también ayer se anunció este operativo para blindar a la ciudad. Creo que son mensaje que está dando el gobierno entrante para generar seguridad frente a los homicidios que hemos conocido. Aquí yo creo que hay que tener confianza. El doctor Mancera conoce el problema, es un área en la que él tiene bastantes datos y tiene mucho control. Entonces creo que habría que generar confianza en que podrá tener una política criminal eficiente.

P: Sí, pero dan los mensajes o dan los anuncios aislados, como la despistolización. Pero no hay una estrategia, que se haya sentado con los empresarios, con Derechos Humanos, con la Sociedad Civil, pues para puntualizar cuál es el llamado en ese sentido.

LGP: Bueno, creo que tendría que hacerse explícita. No dudo que la haya. Creo que hay que hacerla explícita. En lo que corresponde a la Comisión, hemos estado en mucha comunicación con el Procurador, con el propio Jefe de Gobierno, precisamente para que esta estrategia respete los derechos de las personas. Y creo que eso vale la pena que se realice con los demás sectores, que quede explícita cuál es esa estrategia.

P: Doctor, independientemente del operativo anunciado ayer, a raíz del incremento de homicidios se reforzaron también las medidas de seguridad y ciertos operativos en algunas zonas, ¿hubo quejas o acudieron a ustedes a raíz…?

LGP: Hasta ahora no. Nosotros estamos abiertos desde luego a recibir las quejas si hubiera algún tipo de roce con la policía que se considere una violación.

P: Y por último, de los procesados que siguen en libertad, pero que todavía siguen bajo proceso de los hechos del 1 de diciembre, ¿qué novedades hay? ¿Cómo van ustedes asistiéndolos?

LGP: Bueno, nosotros seguimos documentando el caso. Aquí nuevamente insisto, nuestro compromiso no es necesariamente con la libertad de estas personas, sino con que se pueda verificar que no hubo violación a sus derechos humanos. Tenemos documentados, como lo hemos anunciado, cuatro casos de tortura que seguimos investigando en ellos. Y yo creo que ya a mediados de febrero aproximadamente tendremos concluida la investigación.

P: ¿La Recomendación para entonces también o…?

LGP: Todavía no sabemos cuál va a ser el documento final que vamos a emitir. Pero por lo pronto la investigación la tendremos ya. Ya está muy adelantada. Perdón, nada más respondo que el tema ya de la libertad de estos jóvenes o el proceso de estos jóvenes depende de su defensa.

P: Doctor, en distintas circunstancias la Comisión ha señalado las condiciones en las que se encuentran los penales en la ciudad de México. ¿Hasta este momento ha habido una especie de intención por parte de las autoridades de modificar?

LGP: Sí, una buena señal, me parece, es el cambio de autoridades en el Sistema Penitenciario local. Ya tuvimos una reunión con la nueva Subsecretaria. De entrada lo que les digo es que la conversación que tuvimos fue muy positiva. Hay una intención de trabajar conjuntamente con la Comisión. Nosotros le hicimos saber cuál es nuestro diagnóstico y cuál es, en nuestra opinión, las líneas que habrá que seguir por lo pronto en materia de derechos humanos. Hay esa disposición, vamos a ver, ahorita estamos en un proceso donde, me parece, hay que brindarle confianza a las nuevas autoridades. Ya si no nos cumplen, tendremos que hacer los reclamos necesarios.

P: Un mecanismo que se haya platicado…

LGP: Sí, se han platicado varias cosas. Yo no quisiera adelantar en ese momento. Lo que les puedo decir es que está en la línea de poner orden a las instituciones penitenciarias, de recuperar el control en estas instituciones y de incorporar la visión de derechos humanos.

P: Doctor, ¿el número de 80 mil personas víctimas de trata es a nivel nacional?

LGP: Sí, es nacional.

P: ¿Y en el Distrito Federal?

LGP: A ver, déjame ver porque me parece que no tenemos un dato. No, no tenemos datos en el DF.

P: ¿Ustedes en la Comisión no han atendido este tipo de casos?

LGP: Bueno, es que no nos toca de manera directa. Yo tengo 13 quejas, pero eso no es representativo del número de víctimas.

P: Trece quejas, ¿y puntos se habla de La Merced, Sullivan, siguen siendo estos los focos donde existe la trata de personas?

LGP: Sí, así es, según el Informe donde nosotros mismos producimos hace unos años.

P: ¿Algún dato más que nos pueda dar o son estos dos nada más?

LGP: Estos datos son los que se mantienen.

P: ¿Ustedes siguen asistiendo con los Visitadores a los operativos que llega hacer la Procuraduría?

LGP: Sí, últimamente no ha habido estos operativos, no hemos asistido más bien a estos operativos. En el pasado los acompañamos, pero también es importante aquí que nosotros guardemos la distancia pertinente para en su caso poder intervenir cuando los operativos generan víctimas.

P: ¿Cómo ve eso de que se va crear una estrategia de gobernación y seguridad pública, de que ya no van a presentar a los delincuentes o presuntos delincuentes?

LGP: Pues lo veo muy bien. Me pareció una noticia muy interesante. Yo creo que se están dando circunstancias para que el gobierno replantee la eficacia de las estrategias que se siguieron en el pasado. Aunque el argumento no es el que yo hubiera esperado, porque lo que se dijo es que eso generaba una apología del delito y modelaba comportamientos que luego los jóvenes lo imitaban, pues es un tema de protección de la identidad y protección de derechos humanos. Pues si el resultado es ese, si el resultado es que con motivo de esta política podemos ver un sistema de justicia penal más sólido, nosotros acompañamos desde luego. Como ustedes saben, hoy se anunció también que los senadores del PRI se van a reunir con el Procurador General de la República para discutir temas como el arraigo, ya el propio Procurador se ha pronunciado en su momento. Entonces creo que esos cambios a nivel federal pueden traer cambios importantes en lo local.

P: ¿Usted haría un llamado para que el Gobierno de la ciudad y la Procuraduría lo hiciera también y ya no hiciera la presentación de estos presuntos delincuentes que todavía no se les comprueba el delito y ya son tratados como tales?

LGP: Sí, claro. La ciudad de México se ha caracterizado por ser vanguardia en muchos temas. Hay personas que tienen la protección más amplia de derechos aquí que en otros lugares de la República; si esto pasa, si la Federación deja de violar derechos a través de estas prácticas, ocurriría que estaríamos a la inversa. Entonces creo que vale la pena que el Gobierno de la  ciudad armonice con estas decisiones e igual vaya afianzando la política criminal aquí. Gracias.

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