Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 420/2012
11 de noviembre de 2012
• Señalamiento en el Encuentro Internacional de Defensorías: la protección de los derechos de las personas migrantes en México y Centroamérica
• Aumento considerable de la migración hondureña por el crimen organizado
Durante el Encuentro Internacional de Defensorías: la protección de los derechos de las personas migrantes en México y Centroamérica se resaltó que las motivaciones para salir de los países de origen se han diversificado, a las condiciones sociales que habían sido el factor tradicional de expulsión se unen ahora otras que tienen que ver con el crimen organizado desde el punto de vista del tráfico y de la Trata de Personas, y la corrupción.
En el panel “La situación de las personas migrantes en México y Centroamérica, a partir de la labor de las organizaciones y organismos de derechos humanos”, moderado por el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, se mencionó la pertinencia de distinguir el fenómeno migratorio, desde un punto de vista más convencional, del refugio y del desplazamiento, porque para cada una de estas poblaciones habría que tener políticas específicas.
Berenice Valdez, del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), indicó que actualmente en el mundo se estima que el 49% de las personas migrantes internacionales son mujeres, y en América Latina es el 51%.
Señaló que en México son muy pocas las mujeres que escogen la ruta de tránsito por el tren, pero resaltó que las estadísticas en Estados Unidos indican que el 51% de la población que ha migrado son mujeres. Consideró que hay un vacío respecto al conocimiento de los diferentes trayectos por donde pasan las mujeres que están migrando de manera indocumentada a lo largo del territorio mexicano.
Por lo anterior, dijo, hay un gran pendiente de saber a qué riesgos se están enfrentando estas mujeres, qué costos están pagando, si se están quedando en casas de seguridad, porque hay un mayor número de víctimas de Trata de Personas, para poder analizar y saber qué acciones se tendrían que hacer.
Deborah Grandison de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de Nicaragua dijo que las mujeres que migran viven violencia sexual, patrimonial y sicológica, incluso son víctimas de feminicidio, además de la violencia que implica tener que abandonar a su familia, muchas con hijos pequeños y habiendo vivido también violencia dentro de su hogar.
Indicó que estas mujeres están expuestas al acoso sexual, la explotación laboral y el alto índice de violaciones y abuso sexual. Apuntó sus condiciones de pobreza, insalubridad, el desarraigo de estas poblaciones y el sentimiento de indefensión que priva entre ellas.
Mencionó la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva de estas mujeres migrantes, en situación económica precaria y teniendo hijos, que son obligadas a pagar favores en el transcurso de la migración, padeciendo contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y de VIH.
Felipe de la Torre de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) refirió que en general el tráfico ilícito de migrantes en América Latina enfrenta flujos tradicionales de sudamericanos y centroamericanos hacia los Estados Unidos, pero advirtió que hay un fenómeno nuevo en los flujos transcontinentales al encontrar ciudadanos africanos y asiáticos, de Nepal, Somalia, Bangladesh, Sri Lanka, Chad y Eritrea, principalmente.
Señaló que estos migrantes son objeto de tráfico de grandes redes de la delincuencia organizada trasnacional, quienes haciéndoles sufrir una cantidad de vejaciones en el trayecto, ofrecen trasladarles de manera ilegal hacia los Estados Unidos, haciendo viajes inclusive, como lo relatan los afectados, de hasta ocho meses.
Añadió que alrededor de 3 millones de latinoamericanos son traficados por la frontera sur de los Estados Unidos al año, y el promedio que cada migrante que de manera ilegal busca cruzar la frontera paga es entre 2 mil y 10 mil dólares por cada traslado.
Hamdi Bukhari de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) explicó que muchos refugiados tienen serias dificultades para salir de sus países con la documentación que se requiere y a menudo no tienen más remedio que viajar sin documentos, con documentos falsos, o tienen que recurrir a redes de tráfico de personas.
Expuso que para ACNUR es fundamental la colaboración con Organismos de Derechos Humanos para garantizar que aquellas personas que necesitan esta protección como refugiados puedan tenerla, que sepan que existe esta protección y que tengan acceso a la condición de refugiada.
Dijo que las personas que necesitan protección internacional que llegan a México son las que huyen por persecución de pandillas organizadas de Centroamérica, los niños y niñas que viajan no acompañados y las víctimas de Trata. José Osorio de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá comentó que en el Albergue del Servicio Nacional de Migración el 70% son migrantes extracontinentales, particularmente de Nepal y la India, quienes pasan hasta ocho meses en instalaciones en condiciones paupérrimas. Dijo que a instancias de esa Defensoría, en julio de este año se inauguraron nuevas instalaciones.
Comentó que el proceso para deportar estas personas se complica porque no hay representación diplomática de sus países en Panamá y el consulado de la India hace oídos sordos y su ayuda es nula. Apuntó que en muchos casos, la Defensoría hace labor de beneficencia buscando cómo puedan regresar a sus naciones.
Mencionó la urgencia de que haya un protocolo de actuación que surja de los Organismos Defensores de Derechos Humanos que ayude a fortalecer a esos migrantes y tener claro que un migrante y un refugiado no son delincuentes. Karen Valladares del Foro Nacional para las Migraciones de Honduras (FONAMIH), señaló que el paso de los hondureños por México es un calvario debido a la serie de abusos, violaciones a sus derechos humanos, “México se ampara por una serie de programas y planes para poner freno a la migración que se dirige a Estados Unidos, convirtiéndose así no sólo en el último territorio por atravesar, sino en el muro más difícil de penetrar”.
Añadió que los migrantes son víctimas del crimen organizado que secuestra a hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y mexicanos, “y las organizaciones nos estamos quedando atrás, necesitamos una proactividad en esos contextos en los que se mueve la criminalidad, y hacer eslabones de manera conjunta”.
Expuso que se estima que unos 100 mil hondureños salen por año, 15 mil 416 por mes, 3 mil 557 por semana, 508 por día, 12 por hora. Sólo el 7% logra llegar de manera legal a Estados Unidos, el 17% de manera irregular, el 75% deportados de México, el 1% queda en el camino, en México o Guatemala.
Leticia Gutiérrez Valderrama de la Dimensión de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo énfasis en que la población que atienden las Casas del Migrante son en un 90% hondureños, “la gente sale debido a que el crimen organizado y las bandas delincuenciales les están cobrando un impuesto de guerra, salen porque no quieren pertenecer a estas bandas”.
Aseveró que la Casa del Migrante en Lechería cerró hace unos meses porque los gobiernos estatal y federal les negaron protección, para poder seguir ayudando a los migrantes que pasan por ahí.
Rodolfo Franco de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expuso que la nueva Ley de migración abre la puerta para pensar en una gestión migratoria que va más allá de control fronterizo, cuando habla del reconocimiento derecho a la educación de las niñas y los niños, al acceso a la salud, al acceso a la justicia, “el reto de la gestión migratoria en México es la capacidad de llevar al terreno de la operación el buen espíritu de la Ley, el reto es el de la expansión de derechos y la coordinación interinstitucional”.
Indicó que la Ley y la ampliación de los servicios a los que tienen derecho las personas migrantes en México supone una reasignación de tareas institucionales que tienen que ser atendidas por todas los agencias gubernamentales involucradas, no sólo el Instituto Nacional de Migración (INM).
Detalló que las agencias encargadas de proveer servicios de salud, educación, el registro civil, deberían desarrollar procedimientos claros y explícitos de atención a las personas migrantes en territorio nacional, independientemente de su condición migratoria y capacitar a los servidores públicos.
Walter Gerardo Alegría de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador indicó que hay 2 millones 950 mil salvadoreñas y salvadoreños en el mundo, la tercera parte de la población, más de 2 millones en Estados Unidos. Dijo que se estima que 150 de personas salen diariamente de El Salvador, y 7 de cada 10 jóvenes están pensando en irse.
Abundó que alrededor del 24% de los hogares reciben remesas económicas que en total equivalen a más del 10% del PIB, pero para los gobiernos la migración tiene un enfoque económico, contrario al de derechos humanos. El migrante, aseveró, es importante mientras manda dinero, pero no cuando va en tránsito o cuando lo deportan. Destacó que el Estado salvadoreño sigue fomentando la migración forzada, “no hay condiciones de empleo, no hay respeto a los derechos sociales, un salario digno, a la salud, educación y la población no tiene opción para quedarse”.
Además, no hay un mecanismo de información suficiente para que quienes piensan en irse entiendan que se trata de un riesgo enorme para su vida, no hay información sobre mecanismos de protección. Se carece de mecanismos eficaces de atención a las víctimas
