sábado , 3 diciembre 2022

Organismos Públicos de Derechos Humanos y OSC suman esfuerzos para proteger a las personas migrantes

Boletín 412/2012
6 de noviembre de 2012

• Declaración del Encuentro Internacional de Defensorías: La protección de los derechos de las personas migrantes en México y Centroamérica

En el marco del Encuentro Internacional de Defensorías: la protección de los derechos de las personas migrantes en México y Centroamérica, los organismos públicos de derechos humanos y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) participantes se comprometieron a sumar esfuerzos a fin de emprender acciones coordinadas que contribuyan a la protección integral de las personas migrantes, bajo una perspectiva humanitaria a nivel local, nacional y regional.

Al final del encuentro realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), los asistentes de México (Distrito Federal, Chiapas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Colima y Guerrero), El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Belice, emitieron una declaración en la cual subrayaron la importancia de desarrollar políticas integrales que coordinen su labor.

Llamaron a las demás autoridades locales y nacionales de México y Centroamérica a establecer, coordinadamente y sin distinción alguna, medidas adecuadas de protección de las personas migrantes, a fin de prevenir la comisión de violaciones a sus derechos humanos.

Consideraron que la migración es un fenómeno de dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales que involucra a millones de personas en el mundo que buscan, a través de los traslados transfronterizos, así como internos, mejorar las condiciones de vida que en sus lugares de origen les son vedadas.

Hicieron énfasis en la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho a la movilidad de todas las personas migrantes que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción, los cuales no deben estar sujetos a restricciones basadas en su origen nacional.

Estimaron que todos los organismos públicos y defensorías de derechos humanos, independientemente de las fronteras nacionales y locales que dividen sus distintas jurisdicciones, deben asumir un firme compromiso por fortalecer las acciones de protección y defensa en favor de los derechos de las personas migrantes.

Reconocieron que si bien México cuenta con una ley especializada en la materia, les preocupa que aún prevalezca una visión del fenómeno migratorio basada en la seguridad y los controles fronterizos, la cual consolida las condiciones de clandestinidad y vulnerabilidad de las personas migrantes.

Igualmente, resaltaron que la falta de acceso a la justicia y la impunidad ante los crímenes cometidos contra las personas migrantes, así como la penetración de graves y reiteradas violaciones a sus derechos humanos, han dejado severas huellas en las personas y sus familiares.

Mencionaron que la perspectiva de género y el Interés Superior de la niñez deben ser ejes transversales de la política migratoria de las naciones que guíen la actuación de las y los funcionarios públicos que atienden a personas migrantes, en especial aquellas con situaciones de especial vulnerabilidad.

Para el grupo de trabajo, las y los familiares de las personas migrantes son a la vez víctimas de violaciones a sus derechos, a quienes el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño debe serles impostergable.

Finalmnte la declaración reconoce la importancia de apoyar y visibilizar a nivel regional la labor de defensa de los derechos humanos realizada por familiares de personas migrantes desaparecidas, así como la de defensoras y defensores de derechos humanos que realizan labores de acompañamiento y asistencia humanitaria en centros de atención a personas migrantes.