Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 432/2012
19 de noviembre de 2012
• La Consejera de la CDHDF advirtió sobre la urgente necesidad de un sistema de información desagregada sobre las personas menores de 18 años
• Lo anterior, al participar en el Foro Construyendo la Agenda Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, convocado por la Cámara de Diputados
La información es básica para tomar decisiones respecto de las acciones, programas y políticas públicas, pero en México no tenemos datos, ni cuantitativos ni cualitativos, ‘sin que los inventemos’, que nos digan qué tan bien o mal estamos haciendo las cosas en materia de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), advirtió la Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández.
“Para no nada más pensar que hacemos lo correcto, sino hacer lo correcto”, dijo, es preciso que la nueva Ley General de Protección de los Derechos de NNA establezca los lineamientos y parámetros básicos sobre el tipo y la calidad de la información que no existe y que se debiera generar para tomar decisiones en materia de infancia.
En México, agregó la también Fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social, “No existe por parte del gobierno ningún tipo de información sobre la situación de los derechos y el bienestar de NNA, a pesar de que la Convención de los Derechos de los Niños y las Recomendaciones del respectivo Comité, dirigidas al Estado mexicano, hacen sobre la necesidad de crear un sistema de datos que permitan tomar decisiones en materia de derechos de esta población, nuestro país no ha cumplido”.
Dijo que las deficiencias se deben a la falta de bases de datos de calidad y generados con la debida oportunidad, por lo que actualmente las decisiones se toman con base en estimaciones, además de que irónicamente a las niñas, niños y adolescentes se les menciona mucho pero tampoco existen mecanismos a través de los cuales ellos mismos digan al mundo adulto “Lo qué sienten, cómo la ven, cómo nos ven, qué quisieran. Tampoco sabemos por qué se ríen nuestros niños, tampoco sabemos por qué están tristes, tampoco sabemos que piensan. Ese es otro gran reto en términos de generación de información”.
Rechazó continuar tomando decisiones con base en estimaciones y en comenzar a construir los parámetros de medición necesarios, ya que recordó que desde el inicio del sexenio que está por concluir se abandonó el esfuerzo que en 2004 se inició a través del Sistema de Seguimiento de la Situación de la Infancia y la Adolescencia, a partir del Comité de Seguimiento de los Derechos de los Niños en México (COIA), en el marco de los Compromisos por un Mundo Apropiado para los Niños y las Niñas.
Dijo que por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a través de Red Por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2005 se diseñó el Informe “La Infancia Cuenta en México”, con base en indicadores sobre la información oficial disponible. Dicho esfuerzo de la sociedad civil fue retomado en 2010 por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) retomó la idea y diseñó INFONIÑEZ, una plataforma que contiene indicadores y mapeos interactivos.
Ramírez Hernández señaló que es necesario contar con datos desagregados por sexo y por edad, tomando en consideración factores como la diversidad étnica, la discapacidad, por ejemplo: “Nos la pasamos estimando y calculando, entre otros datos, el número de niños jornaleros agrícolas, niños trabajando, niñas y niños con discapacidad, niñas y niños migrantes y sobre cómo están pasando al país”.
Generar información sirve, entre otras cosas, para desarrollar y dirigir acciones, programas y políticas públicas y hasta para salvar vidas; los datos nos deben permitir, por ejemplo, desarrollar acciones para combatir la mortalidad infantil en varones, para atender emergencias en materia de adicciones con enfoque de género, subrayó.
Sobre las adicciones, señaló, el ritmo de crecimiento es muy parejo entre las y los adolescentes, pero eso sólo lo podemos afirmar en el Distrito Federal, porque en resto del país no existe información, mucho menos desagregada; ni siquiera en la Encuesta Nacional de Adicciones, que registra sólo a qué edad se empezó a consumir.
Las omisiones, agregó, están en el mismo Censo General de Población, donde los rangos de edad van de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 9 a 12, de 12 a 14 y se saltan del 15 a 19, cuando los niños son todos aquellos menores de 18 años, que es donde debiera cerrarse el corchete, de acuerdo con la Convención.
Tampoco toma en cuenta a los menores de 5 años como parte de la población hablante de lengua indígena, porque como algunos todavía ‘no hablan’, no son hablantes: “Estamos hablando de discriminaciones, porque no se están considerando las brechas entre quienes tienen discapacidad y no la tienen, por ejemplo, no se están haciendo los cortes transversales necesarios, no se toma en cuenta la brecha entre quienes están en una o varias condiciones de vulnerabilidad y quienes no lo están”.
Ante esos faltantes, entramos en el riesgo de los promedios y así no se pueden evaluar acciones, programas ni políticas, sobre todo en donde las necesidades son específicas, entre una y otra población o entre una comunidad y el resto de un estado o su capital, se requieren generar datos sobre los niños en las ciudades, en cada municipio e incluso por cada localidad.
