martes , 7 febrero 2023

CDHDF, Comisión paradigmática y modelo para defensorías públicas del país: Observatorio ciudadano del Ombudsman

Boletín 379/2012
12 de octubre de 2012

• El Observatorio presentó resultados del estudio sobre la Participación de la Sociedad Civil en el Sistema Ombudsman mexicano

Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es fundamental la participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para orientar su compromiso en la protección de los derechos de la ciudadanía, así como su visión y amplia perspectiva sobre aspectos estructurales que detonan violaciones a los derechos humanos. Así lo señaló el Director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (CIADH) de la CDHDF, Ricardo Ortega Soriano, al comentar los resultados del estudio sobre la Participación de la Sociedad Civil en el Sistema Ombudsman mexicano, del Observatorio Ciudadano del Ombudsman (OCO).

Dijo también que desde el CIADH, la CDHDF elaboró y puso en marcha el mecanismo “Metodología participativa para la elaboración de los Informes Especiales sobre la situación de los derechos humanos”, en diversas temáticas, mediante el cual se opera la participación activa de las OSC y la de expertos de la academia, durante todo el procedimiento de investigación. Ortega Soriano apuntó que para la CDHDF “es fundamental contar con herramientas analíticas y con estudios serios que profundizan sobre la situación en la que se verifican algunos fenómenos; contar con conocimiento y con información que permita tomar decisiones adecuadas”.

Y agregó que, en el ámbito de las relaciones de las OSC con los Organismos Públicos de Protección de los Derechos Humanos, se debe contar “Con indicadores claros que muestren en dónde están los faltantes y, desde una perspectiva crítica nos indiquen hacia dónde debemos orientar nuestras acciones”.

En la presentación de los resultados del estudio, la Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gloría Ramírez Hernández, advirtió que “Hasta la fecha, en pocas entidades, siendo el Distrito Federal una de ellas, se puede hablar de relaciones consolidadas e institucionales” entre OSC y el Sistema Ombudsman.

Cada vez más, insistió, se nota la necesidad de fortalecer el papel de la Sociedad Civil con los Ombudsmen, porque teniendo ambos los mismos objetivos “hasta la fecha, en pocas entidades, siendo el Distrito Federal una de ellas, se puede hablar de relaciones consolidadas e institucionales”.

Dijo que, con base en los resultados del estudio del Observatorio Ciudadano, que es una iniciativa de OSC y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, “En la mayor parte de los estados del país las relaciones no solamente no son de colaboración, sino a veces son de confrontación”.

A pesar de que el papel de la Sociedad Civil es muy multicitado y reconocido en los discursos, agregó, “En los hechos, en la práctica, no sólo no son reconocidas las Organizaciones, sino que las y los defensores son difamados por la propias Comisiones Públicas, teniendo a veces que interponer recursos en contra de los Ombudsmen”.

En otros estados, dijo, las relaciones son coyunturales, cuando el país está en una situación en la que urgen sinergias, en el contexto de extrema violencia, de 350 mil personas desplazadas, de más de 60 mil desaparecidas y 50 mil asesinadas, resultado de los mal llamados ‘daños colaterales’ de una guerra en contra del narcotráfico, cuyos resultados no se pueden medir y que nos tiene en un estado de incertidumbre”.

El especialista en Derechos Humanos y fundador de diversas OSC en San Luis Potosí, Martín Faz Mora, dijo que la relación entre OSC y Ombudsmen en México, no es como debiera ser: “Los Organismos Públicos de Derechos Humanos tienen que mejorar en su naturaleza y mandato”.

Y al respecto, explicó que además de los pendientes estructurales, al que se suma la rendición de cuentas, está la parte de la voluntad para hacer las cosas: “En San Luis Potosí, hemos podido, sin que el mandato lo contemple, en los procesos de renovación de los integrantes de la Comisión”, incluyendo los del Consejo, gracias a la apertura de los legisladores locales.

Otro de los grandes problemas, explicó es que “Lo que existe para la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, y que podría ampliarse a otras más, no son víctimas, sino expedientes, y como tal hacen los tratamientos de las cosas. No se trata igual a un expediente que a una víctima. En términos generales, cuando entra una queja a un Organismo de Derechos Humanos, se convierte inmediatamente en un expediente, lo que es una trastocación y uno de los grandes vicios que tienen los Organismos Públicos”.

Finalmente, lamentó que, como en el tema de las personas desaparecidas, donde incluso se obliga a los familiares, ‘quejosos’ los llaman, a demostrar que existió la desaparición, las propias Comisiones declaren como ‘inexistente’ la violación a derechos humanos: “Es el fracaso, además de lo grave y triste que es todo esto para el propio Sistema”.

Los resultados del estudio destacan que, aunque la Ley de la CDHDF no precisa los términos en que habrán de operar la relación con las OSC, éstas sí están muy visibilizadas en los procesos para proponer candidatos para ocupar la Presidencia y a los integrantes de su Consejo, lo mismo que en la diversidad de actividades, tanto de defensa, investigación y promoción de los derechos humanos.

Subraya también la participación de la Sociedad Civil en la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, fundamental para la ejecución de sus más de 2 mil 400 líneas de acción, así como en el respectivo Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa, que señala expresamente el fomento a la participación de organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas y organismos internacionales de derechos humanos.

Los resultados del estudio también fueron comentados por Carlos Ventura Callejas, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C.; el profesor en Derecho Internacional, Ciencias Políticas y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, Miguel Ángel Lugo Galicia; el Ombudsman empresarial, Salvador Ortega; y el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, quien fungió como moderador del evento.

El documento que contiene los resultados del estudio del OCO será publicado en las siguientes semanas e incluirá la Declaración de la ciudad de México para favorecer las relaciones entre la Sociedad Civil y el Sistema Ombudsman mexicano, con base en los Principios de Paris y de Belgrado, así como de los mecanismos internacionales, regionales y nacionales de protección de los derechos humanos.

En la Declaración, las OSC y las instituciones académicas reiteran la importancia de la vinculación con el Sistema Ombudsman mexicano, en un marco de respeto a la autonomía e independencia de cada Organismo.