Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 330/2012
6 de septiembre de 2012
• Mario Alberto Martínez Valencia subraya que entre los principales problemas está la carencia de un programa de regularización.
Al participar en la Mesa: “Opciones de movilidad urbana, participación de concesionarios e iniciativa privada” dentro del Foro Internacional sobre el Derecho a la Movilidad, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Presidente del Consejo de Administración de Circuito Periférico S.A. (CIPESA), Mario Alberto Martínez Valencia mostro su preocupación por la violación a los derechos humanos de los concesionarios.
Explicó que el origen del problema del transporte público en la ciudad de México surgió cuando un “pulpo camionero” fue sustituido, entregándolo a la extinta Ruta 100 y luego de manera individual a permisionarios, encontrando así muchos concesionarios una oportunidad de crecimiento.
Argumentó que las prácticas corruptas por parte de las autoridades empoderó a grupos o personas que no necesariamente representaban el grueso de los concesionarios.
Detalló que la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) reconoce el problema a través del Programa Integral de Transporte en Vialidad 2007 al citar las palabras del titular de dicha dependencia: “Estuvimos encuadrados durante décadas en organizaciones corporativas mediante liderazgos jerárquicos donde su fidelidad política era retribuida mediante trato preferencial de las autoridades y un consentimiento para poder operar de manera impune”.
Martínez Valencia mencionó que dentro de la problemática generalizada sobresale la saturación de unidades, la carencia de un programa de regularización, que las tarifas no se suben en contraste con los insumos, al recordar que no hay alza a la tarifa de manera considerable desde 1990, así como acciones tendientes a la exclusión donde solo algunos grupos salen beneficiados y la falta de transparencia en los proyectos.
Externó su molestia por la falta de seriedad de las autoridades ya que explicó que hubo concesionarios que compraron nuevas unidades para prestar un buen servicio y competir con las empresas privadas, pero aun así no se les autorizaría la circulación si no pertenecían a la empresa concesionada.
Destacó que actualmente sólo se cubre el 65.96% de la movilidad de personas requerida en el Periférico de la ciudad de México. Por este motivo manifestó su enojo debido a que CIPESA, empresa que dirige, ya había propuesto camiones de cama baja, a ras de piso, con la finalidad de hacer independientes a las personas con alguna discapacidad para acceder a las unidades, mejorando así su calidad de vida. Dijo además que otra propuesta de CIPESA era la de crear más rutas con distintas paradas impactando en la disminución en tiempos de traslado y la calidad de vida de los usuarios.
Alberto Martínez se mostró preocupado pues sus derechos humanos y los de muchos concesionarios más, se han visto violados al excluirlos de las rutas que se van modernizando a pesar de la Recomendación emitida por parte de la CDHDF, la cual determinó violación a los derechos de los concesionarios.
Para finalizar su participación dio a conocer la propuesta general inmediata de CIPESA: Cierre absoluto de padrones y publicación que refleje quiénes son y cuántos, así como el reinicio de los trámites de regularización y permitir los órganos reguladores.
En Mesa: “Opciones de movilidad urbana, participación de concesionarios e iniciativa privada” también participaron la Gerente de proyectos Estratégicos y Comunicación de Transporte Metropolitano del Grupo ADO; Maite Ramos; el integrante de la Unión de Transportistas del Noroeste-Ruta 88, Raúl Olay; el representante de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Fernando Lozada Islas; y el Coordinador Nacional de la Confederación de Transportistas Urbanos y Suburbanos de la República Mexicana (CONTURMEX), Mario Francisco Hernández.
