jueves , 26 enero 2023

Transcripción de la entrevista al Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, durante la inauguración del Ciclo de Mesas de Debate: Seguridad Social Universal. Una cuestión para el Progreso

 Transcripción 64/2012
22 de agosto de 2012

Pregunta (P): Sobre los libros que la SEP ya no editó este año para los niños ciegos en braille, ¿está ya interviniendo la Comisión?

Doctor Luis González Placencia (LGP): No, no tenemos competencia para hacerlo. Sé que la Comisión Nacional ya se ha pronunciado sobre el tema. Lo único que podría decir es que es lamentable que no se hayan editado, porque dejan sin oportunidad a un número importante de niños y niñas que los requieren para estar en condiciones de igualdad de aprendizaje con los demás.

P: Oiga, ahorita que estábamos en el Foro de Seguridad Social, hoy también la Comisión emitió un comunicado diciendo que lamenta que el GDF no acepta una Recomendación hecha por la Comisión. ¿Ustedes qué otro proceso harán al respecto?

LGP: Bueno, en principio sí nos importaba mucho hacer público este rechazo porque consideramos que no hay ninguna razón para rechazar la Recomendación. Hay ahora el marco jurídico para que nosotros podamos intervenir en estos casos. La argumentación que se ha hecho es que se trata de una fase jurisdiccional. Ese es un argumento que hoy en día no es sostenible, probablemente en otro momento, en otra época podía haberse sostenido eso, pero hoy tenemos mucha claridad de que eso no es así. Tenemos un marco que además implica una interpretación pro persona. Nosotros estamos atendiendo a esta circunstancia y además estamos haciendo del conocimiento público un problema grave en la ciudad de México que está relacionado con el incumplimiento de obligaciones de diversas instituciones de la administración pública local, y con laudos de personas que fueron injustificadamente despedidas o que por alguna razón, digamos, dejaron sus trabajos y ahora tienen que ser, ya por orden de un juez, recontratados o indemnizados. Hay que destacar que no estamos metiéndonos con las razones por las cuales fueron despedidos, o por las cuales los jueces están dictando estos laudos. Eso sí es jurisdiccional. En eso no nos estamos metiendo. Lo importante aquí es que esas resoluciones implican obligaciones directas para la ciudad que al rechazar esta Recomendación pues está dejando en indefensión a todas estas personas. De alguna manera, la importancia que tiene este rechazo radica en que la decisión que está tomando el Gobierno de la ciudad y algunas de las Delegaciones, cancelan de facto una vía de acceso a la justicia que tiene hoy la ciudadanía, una garantía de acceso a la justicia que es esta Comisión de Derechos Humanos y sus Recomendaciones, con lo cual se oponen de manera directa no solamente a la decisión de la Comisión, sino a la propia Reforma Constitucional del año 2011.

P: ¿Estamos hablando de las personas que hicieron el movimiento “Ocupa DF” y más…?
LGP: Estamos hablando de un número muy elevado de trabajadores y trabajadoras, son más de 100 casos, que fueron despedidos, que dejaron sus empleos por decisión del Gobierno, de los distintos titulares de las instancias de gobierno que fueron recomendadas, a lo largo de por lo menos dos años. Hay que recordar que ya la Comisión había emitido dos Recomendaciones similares. En otros momentos, efectivamente, podía interpretarse que no teníamos competencia, aunque nosotros la hemos sostenido siempre, pero creemos que en este momento ese argumento es totalmente infundado.

P: Con respecto a este tema, hace dos o tres días el Centro de Estudio del Sector Privado dijo que a pesar de que ha habido aumento de empleos, éstos tienen sueldos pobres y también las condiciones laborales son precarias para los trabajadores, ¿cómo ve esta crítica que está haciendo el sector privado?
LGP: Bueno, es importante porque la obligación del Estado no radica nada más en crear empleos, esa es una parte, es un piso mínimo, pero esos empleos tienen que estar dotados de seguridad social, y además esa seguridad social también tiene que tener unos mínimos de equidad. Hoy sabemos que desafortunadamente la mayor parte de las personas que trabajan no gozan de seguridad social, quienes gozan de ella lo hacen en condiciones de desigualdad en calidad. Por ejemplo, sabemos bien cuál es la problemática en los hospitales que brindan salud pública; sabemos bien lo que se tiene que sufrir para obtener los créditos de vivienda; entonces no basta por eso con crear las fuentes de empleo, es necesario dotarlas de las posibilidades de acceso a la seguridad social.

P: En ese sentido, ¿qué posibilidades tiene la tan anunciada Reforma a la ley laboral, a parte de las leyes al Seguro Social y al ISSSTE?
LGP: Bueno, lo importante será que en los proyectos que se discutan en el Congreso de la Unión tengan en cuenta la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos. A mí me parece que esta Reforma, la de Derechos Humanos, incorpora una variable que no había estado considerada en los proyectos anteriores y que ahora está, digamos, el legislador está obligado a tomarla en consideración. Si eso es así, entonces existe la posibilidad de generar una reforma laboral que tenga perspectiva de derechos humanos.

P: Y finalmente fuera de este tema, quisiera su opinión a las cifras que dio a conocer el INEGI sobre el aumento de asesinatos en México en el año 2011.
LGP: Pues de la mayor relevancia. Yo creo que le pone, digamos, este componente oficial a un número de cifras que se había manejado de manera informal; además con datos sorprendentes. Me parece importante que un órgano del Estado que tiene autonomía, que tiene además un gran prestigio como es el INEGI, ponga en claro cuál es el número de personas que han perdido la vida en todos estos años.

P: ¿Esto indicaría una falta absoluta de derechos humanos, en ese sentido?
LGP: Yo creo que por lo menos sí pone luz a un fenómeno que tenemos que atender. Yo la verdad es que no he podido ver el reporte; no sé, por ejemplo, de todas esas muertes cuántas están relacionadas de manera directa con acciones del Estado; en qué condiciones ocurrieron. Lo que sí es importante destacar es que, independientemente de si se trata de acciones del Estado o acciones de la criminalidad convencional o de la criminalidad organizada, hay una responsabilidad del Estado en la protección de la vida de todas y todos los mexicanos. Entonces sí es alarmante este número que presenta el INEGI.

P: Disculpe, en el caso de las personas que fueron detenidas hace unos días ahí en Reforma 222, por una fiesta de reguetoneros y demás, ¿cómo va la investigación ahí que ustedes llevan?
LGP: Bueno, seguimos integrándola. Yo creo que estamos ya a un par de semanas de tener la información ya completa. Como ustedes saben, el tema ahí tiene que ver con la justificación que le hemos pedido a la Secretaría de una detención tan elevada. Seguramente ese es el motivo por el que nosotros nos vamos a pronunciar. No encontramos violaciones en el caso de la actuación del Ministerio Público; y también recordarán ustedes que 15 días después de aquél evento se dio otro más en Chabacano, ahí también tuvimos la oportunidad de estar presentes y en ese caso ya vimos una actitud mucho más mesurada, mucho más racional de parte de la Secretaría de Seguridad Pública y también de la Procuraduría.

P: Oiga, Doctor, en otro tema, en los casos por ejemplo de las construcciones que los vecinos ven como irregulares, ¿cómo se ven violentados los derechos de los vecinos en este sentido?
LGP: Bueno, ahí hay varias aristas. Yo creo que la Recomendación que emitimos sobre el caso Supervía es ejemplificativa de ello, porque por una parte están las violaciones que tienen que ver con la vulneración de los permisos que deben otorgar las Delegaciones o el Gobierno central, lo cual estaría señalando problemas relacionados con corrupción, pero además se ha abierto ahora una interesante beta en términos del derecho a la participación social, a la participación que tiene la comunidad en las decisiones de construcciones que van a afectar su entorno. Ese es un tema muy importante, es uno de los temas que a nosotros nos ha preocupado porque hoy la ciudadanía ya no se queda de brazos cruzados cuando junto a tu casa te van a poner un edificio de 4º pisos. Eso por una parte. Por otro lado, también hemos podido dejar en claro cómo algunos de estos proyectos, que cubren necesidades específicas por ejemplo de vivienda o de comercio, pueden tener efectos importante en la modificación del entorno urbano, lo cual implica modificaciones en la forma de vida, en la cultura, en la manera en la que las personas, en los barrios sobre todo, se han venido comportando, han venido viviendo y conviviendo a lo largo de muchos años. Y desde luego está el tema ambiental. Ahí también es importante hacer notar que el impacto ambiental que tienen estas construcciones debe ser claramente medido para efecto de mitigarlo, para saber que una construcción que nos va a resolver un problema ahora no nos va a generar un problema en 50 años que ya no se solucionable.

P: Oiga, abundando en este caso, finalmente ya va a haber cambio de administración capitalina, sobre la cuestión de la Supervía, ¿ustedes insistirán nuevamente en que las nuevas autoridades evalúen la Recomendación nuevamente? Se perdió por ahí la cuestión de que fuera llamado el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa por este caso.
LGP: Bueno, no se perdió por ahí, sino que la perdieron los asambleístas que dejaron pasar esa oportunidad importante. Nosotros nos pronunciamos sobre la Supervía en un momento en el que era posible todavía detener la obra, resolver las violaciones y en su caso seguir adelante con ella. Desafortunadamente este tipo de obras, y el avance que tienen hasta este momento, ya hacen muy difícil echar para atrás un efecto que esperamos nosotros haya sido bien calculado por el Gobierno de la ciudad. Sabemos que hay amparos que se están interponiendo por parte de los ciudadanos alrededor del movimiento que se opone a la Supervía, eso está digamos ya en la cancha jurisdiccional.
Lo que a nosotros nos toca es insistir en aquellos puntos que sí se aceptaron de la Recomendación. Desde luego dejar señalada, en todo caso, la responsabilidad que toca al Gobierno de la ciudad por haber tomado la decisión de seguir adelante, no obstante que nosotros les señalamos los riesgos que implicaba y las violaciones que se cometieron al tomar esa decisión; y también, como lo hemos hecho en otros momentos, ratificar que ese criterio fue el mismo criterio que asumió también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en una primera resolución, que ahora está en revisión, pero que digamos que coincide plenamente con nuestra posición. Gracias.