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Reprueba y lamenta CDHDF rechazo del gobierno capitalino, de la Consejería Jurídica y de las Delegaciones La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Xochimilco para aceptar la Recomendación 11/2012

Boletín 306/2012
22 de agosto de 2012

• Reitera que la ejecución y cumplimiento de sentencias y laudos es una obligación de las autoridades para garantizar el efectivo acceso a la justicia

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reprueba y lamenta que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Consejería Jurídica y de las Delegaciones La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Xochimilco se niegue a aceptar la Recomendación 11/2012, por el incumplimiento de laudos, sentencias y resoluciones administrativas dictadas por la autoridad jurisdiccional.

Este Organismo reitera que la ejecución y cumplimiento de sentencias y laudos no es un acto jurisdiccional, sino una obligación que deben cumplir las autoridades para garantizar un efectivo acceso a la justicia.

Este Organismo Público Autónomo hace un llamado para que se acepte y cumpla el instrumento que les fue dirigido y se garantice el derecho al acceso efectivo a la justicia que hoy sigue siendo vulnerado no solo en agravio de las personas peticionarias, ya que la afectación impacta también a sus familias.

El 27 de julio de 2012, la CDHDF emitió la Recomendación 11/2012 por violaciones al derecho a una adecuada protección judicial, derecho a la seguridad jurídica y derechos humanos laborales en agravio de más de un centenar de personas.

Este Organismo recibió como respuesta de las autoridades recomendadas una negativa para aceptar el instrumento argumentando que la CDHDF no tiene facultades ni competencia para conocer del caso por tratarse de asuntos de carácter jurisdiccional y porque están imposibilitadas presupuestalmente.

Es a esta CDHDF a quien le corresponde determinar los derechos que las autoridades capitalinas han violado y su competencia no está sujeta a la interpretación de éstas.

Este Organismo aclara que no se está conociendo del contenido de las resoluciones emitidas y que su Recomendación es por actos u omisiones procedimentales que son consecuencia de la resolución judicial; es decir, posteriores al acto jurisdiccional.

Resulta lamentable la postura y respuesta de las autoridades, pues lejos de atender a la Reforma Constitucional de junio de 2011 para aplicar el principio pro persona y máxima garantía de derechos, incumplen con su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, en este caso los derechos laborales, y además nieguen o desconozcan la competencia de esta Comisión.