Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 251/2012
11 de julio de 2012
• La CDHDF probó que la autoridad desconoce el tema y no mostró voluntad política para atender preventivamente el fenómeno de trata y otras formas de explotación.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 9/2012 al Jefe delegacional en Cuauhtémoc por la omisión de una política pública integral para prevenir la trata de personas, en particular la explotación de la prostitución ajena.
En la investigación, la CDHDF pudo constatar que la Delegación Cuauhtémoc realizó diversas medidas tendientes a establecer una zona tolerada para el ejercicio de la prostitución, en la que pretendió reubicar a un número indeterminado de personas, a quienes se les ofrecieron diversos servicios de seguridad, protección y salud, a las que no se les dio seguimiento.
Este Organismo estima que las acciones de la Delegación se realizaron sin analizar las condiciones en las que se desarrolla dicha actividad y las consecuencias que podrían generarse, como la naturalización de espacios en los que se ejerce la prostitución con presencia de vigilantes, como facilitadores de contextos de trata y otras formas de explotación.
Por ello, la CDHDF concluye que la Delegación fue omisa en su obligación de prevenir dicha conducta.
De tal suerte, el establecimiento de zonas toleradas refleja el desconocimiento de las condiciones en las que suele desarrollarse la prostitución, agrava la problemática relacionada con la explotación, incita las agresiones de los lenones y proxenetas, e incluso los dota de recursos y un espacio público para el desarrollo de su actividad ilícita.
En ese sentido, esta CDHDF probó que la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc debe atender desde la prevención el fenómeno de trata u otras formas de explotación.
LOS HECHOS
En abril de 2010 diversos medios de comunicación publicaron que el entonces Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, licenciado Agustín Torres Pérez, declaró su intención de instalar un “corredor sexual” en la calle de Luis Donaldo Colosio, Colonia Buenavista, donde reubicaría a aproximadamente 150 sexoservidores y sexoservidoras.
Dicho servidor público indicó que el proyecto contaba con un presupuesto de 700 mil pesos, los cuales se utilizarían para arreglar el camellón, la construcción de un retorno para automóviles, instalación de luminarias, que el proyecto incluiría la elaboración del pintado de banquetas y guarniciones.
Además, el proyecto contempla un padrón de sexoservidores y sexoservidoras, así como la elaboración de bitácoras respecto del uso de los hoteles, aunado a poner en marcha un dispositivo de seguridad en las calles aledañas para que las y los sexoservidores no las utilizaran para el desarrollo de su actividad, la cual únicamente podrían llevar a cabo de las 19:00 a las 12:00 horas.
La persona peticionaria, Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C (CATW-LAC), consideró que dicho corredor viola el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Prostitución Ajena, ya que promueve y facilita los intereses económicos de los proxenetas o lenones, les envía un mensaje de permisividad a los explotadores, en lugar de perseguirlos y encarcelarlos. Asimismo, apuntó que dicho corredor vulnera la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en particular de aquellas que pretenden dejar dicha actividad.
Desde el inicio de la queja hasta la fecha los medios informativos han dado cuenta de la situación que impera en la zona. El 17 de abril de 2012, en el periódico El Universal se publicaron las notas periodísticas tituladasBuenavista: trata de personas “invisible” y “Obligadas a vender sexo en Buenavista”, respectivamente, en las que se narran las condiciones en las que se encuentran las personas en situación de prostitución o que señalan ejercer el trabajo sexual en la demarcación, los abusos de los que son víctimas y los riesgos y peligros en los que se encuentran.
POSICIONAMIENTO
Las acciones y las omisiones de la Jefatura Delegacional inciden en una afectación a diversos derechos y condiciones de desprotección para la población que habita, labora y transita en la zona en la que se ejerce la prostitución en la Delegación Cuauhtémoc.
La CDHDF hace énfasis en la necesidad de trabajar en la prevención de la trata de personas y otras formas de explotación. Además, que la realidad social refleja que en la zona hay personas que se asumen trabajadoras sexuales libres o en situación de prostitución, por lo que este pronunciamiento no debe ser interpretado de forma alguna como un mecanismo de persecución, estigmatización, exclusión o intolerancia para quienes se asumen como tales.
Lo anterior, ante la falta de regulación con perspectiva de derechos humanos, que deviene en un control administrativo arbitrario, basado en la aplicación de la Ley de Cultura Cívica y que genera contextos de corrupción.
Más bien, este instrumento debe adoptarse como una herramienta que permitirá documentar y conocer las condiciones en las que se encuentran las personas y los riesgos a los que se enfrentan, con el fin de que se impulsen y realicen las acciones necesarias y suficientes para que en condiciones de igualdad y libres de toda discriminación, ejerzan sus derechos y libertades.
La Recomendación debe interpretarse como una oportunidad para que la Jefatura Delegacional trabaje en una política pública integral, que parta de una visión de derechos que permita prevenir la trata de personas y otras formas de explotación. Asimismo, identificar los espacios de oportunidad para coordinarse con otras autoridades, que por competencia deban intervenir no sólo en la prevención, sino en la investigación de hechos delictivos asociados a la trata, así como la identificación de las víctimas, para proporcionarles el acompañamiento integral que requieran.
Para este Organismo es fundamental considerar que la ausencia de oportunidades, la pobreza, la desigualdad, la discriminación, particularmente aquella basada en el sexo, la inestabilidad política, la ruptura de las comunidades o redes de apoyo, la violencia que se ejerce en contra de ciertos grupos, el abuso de las autoridades y la impunidad, son factores de riesgo en contextos de trata, para las personas más vulnerables, como las mujeres, las niñas y niños y las poblaciones callejeras, entre otros.
Con este instrumento, la CDHDF hace un llamado a la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc y a las demás autoridades que deban intervenir en acciones de prevención, erradicación e investigación de contextos de trata, para que tomen este caso de ejemplo y con la intención de prevenir y erradicar contextos de trata u otras formas de explotación inicien o fortalezcan las acciones que les correspondan.
Los siete puntos Recomendatorios están vinculados con lo siguiente:
En coordinación con organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema y con la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, dentro del marco de las atribuciones de la Jefatura Delegacional se impulse y desarrolle:
• Capacitación a servidores públicos de la Jefatura Delegacional, en materia de trata de personas.
• Un diagnóstico que permita identificar los grupos en condición de vulnerabilidad que convergen en la zona, con el fin de conocer las condiciones en las que están y los riesgos a los que se encuentran expuestos, en relación con la trata de personas.
• Un plan de trabajo, con indicadores y resultados vinculados con la prevención en materia de trata de personas en la demarcación, cuyos ejes rectores serán una visión de derechos humanos, la igualdad sustantiva de las personas, y la máxima protección de las personas en condición de vulnerabilidad, acorde a lo establecido en el Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal.
• Coordinación con entes públicos para que las personas involucradas en el tema accedan a un mejor nivel de vida, el que debe incluir medidas para la educación obligatoria, capacitación para el trabajo, bolsa de trabajo, becas para evitar la deserción escolar en las zonas más marginadas de la demarcación. Lo anterior, considerando que el nivel de vida adecuado incide en la prevención de la trata de personas.
• Campañas de difusión dirigidas a las personas que residen y transitan en dicha demarcación territorial, vinculadas con la trata de personas.
• Un protocolo para establecer el procedimiento de canalización de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, relacionadas con trata de personas.
• La previsión presupuestaria necesaria y suficiente ante las instancias que correspondan.
