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Desaparición forzada, delito de estado contemporáneo

Boletín 226/2012
16 de junio de 2012

• Presentan en la CDHDF la Guía Práctica “Desaparición Forzada de Personas en México”, de la organización civil I(dh)eas.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, aseveró que la desaparición forzada es un delito de Estado, porque siempre hay “alguien que sabe en dónde está la persona desaparecida y sin embargo oculta y obstruye la verdad”.

Durante la presentación de la Guía Práctica “Desaparición Forzada de Personas en México”, editada por la organización civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC, (I(dh)eas), detalló que en los últimos 10 años la CDHDF tiene bajo su cargo la investigación del caso Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, joven desaparecido el 14 de marzo del 2002.

“Hay alguien que sabe; hay alguien que está deliberadamente ocultando los hechos; hay alguien que está deliberadamente obstaculizando, generando pistas falsas para alargar el proceso”, subrayó.

Ante este contexto, el Ombudsman capitalino se pronunció por generar una institucionalidad que pueda comprensivamente hacerse cargo de esta problemática, pues es una obligación del Estado evitar la repetición de este flagelo.

“Parte de la respuesta que tiene que dar, parte de los mecanismos para evitar la repetición y poder atender integralmente estas problemáticas, tiene que ver con que exista la institucionalidad establecida para que a las personas se les faciliten todas estas circunstancias”, dijo.

En el Salón Digna Ochoa y Plácido de la CDHDF, indicó que el reto de los Organismos Públicos de Derechos Humanos es generar condiciones para dar respuesta rápida a las denuncias de desapariciones forzadas.

“Eso, junto con la revisión de los procedimientos y una ley más comprensiva ayudarían a generar una respuesta de Estado, que me parece absolutamente necesaria en un contexto como el actual y en el que desafortunadamente no se ve que se vaya a dejar atrás en el poco tiempo”, finalizó.

En su oportunidad, el ex Consejero de la CDHDF, Santiago Corcuera Cabezut, apuntó que vergonzosamente en el actual sexenio se han presentado “desapariciones contemporáneas”.

“No es una provocación decir que el Estado mexicano sigue cometiendo desaparición forzada desde 1970 en que se llevaron a alguien y que no se conoce ni su suerte, ni su paradero”, subrayó.

El ex Presidente del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas aseguró que a partir del 11 de diciembre de 2006, cuando las Fuerzas Armadas empezaron a realizar labores de seguridad pública y a perseguir al crimen organizado, se han presentado más de 100 mil personas desplazadas y miles de personas desaparecidas.

Por su parte, el Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, coincidió con el Ombudsman capitalino en el sentido de que la desaparición forzada es un delito de Estado.

Enfatizó que las familias de las personas desaparecidas más que querer normatividad sobre este fenómeno, quieren a sus seres queridos desaparecidos.

“No nos engañemos, las familias no quieren una ley, las familias quieren a sus seres queridos y quieren que los busquemos. Y entonces allí nadie se toma en serio la búsqueda, sólo ellos”, apuntó.

Calificó la desaparición forzada como “una gran catástrofe del yo para todas y todos los integrantes del núcleo familiar y de amistades”.

A su vez, la integrante de la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC, (I(dh)eas), Mónica Patricia Pérez Ankarvall, reiteró que en el país se continúan presentando desapariciones forzadas de personas.

xplicó que la Guía Práctica “Desaparición Forzada de Personas en México” tiene como objetico sensibilizar a los lectores sobre este fenómeno, ofrecer el conocimiento básico necesario para identificar cuándo se está frente a un caso de esta naturaleza y explicar los recursos disponibles para afrontarlo.

Calificó a la Legislación nacional en la materia como muy pobre, “sobre todo porque la mayoría de los estados no tipifica este delito”.