jueves , 26 enero 2023

CDHDF condena enérgicamente desaparición de periodista: urge a la ubicación inmediata de su paradero y a la implementación de una debida investigación

Boletín 234/2012
23 de junio de 2012

• Fundamental la promulgación del decreto de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos

La reciente noticia emitida por el diario Punto Crítico acerca de la desaparición del fotógrafo Federico Manuel García Contreras pone de manifiesto una vez más la urgencia de que existan políticas públicas encaminadas a proteger a las personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con información de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, el fotógrafo se identificó como periodista cuando llegó al lugar donde fue visto por última vez en el municipio de Tanquián de Escobedo, en el estado de San Luis Potosí, a mediados de mayo de este año.   Versiones distintas en las declaraciones de autoridades municipales hacen presuponer que se trata de una desaparición forzada.

La CDHDF condena enérgicamente este hecho y urge a las autoridades competentes a identificar de manera inmediata el paradero del periodista, así como a implementar una debida investigación apegada a los elementos del estándar del debido proceso.

Este hecho se suma al recientemente reportado por el Knight Center,  de acuerdo con el cual desde hace un mes se ignora el paradero del periodista Zane Plemmons, quien se encontraba hospedado en la ciudad de Nuevo Laredo la última vez que se supo de él.

En este contexto, la CDHDF saluda la promulgación  del Decreto de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ocurrida este 22 de junio por el Ejecutivo Federal, aunque lamenta que ello haya sido casi 10 días después del limite legal para cumplir esta obligación.

Este instrumento constituye una herramienta para las organizaciones de derechos humanos y periodistas que han pugnado por ella a fin de demandar que el Estado cumpla con su obligación de proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Es urgente, por lo tanto, que esta normativa opere eficientemente y de manera inmediata a fin de implementar todas las acciones necesarias para que el Estado garantice estos derechos.