Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 41/2012
16 de mayo de 2012
Pregunta (P): Algunos estudiantes de la Universidad Iberoamericana que participaron en esta protesta o manifestación en contra de Peña Nieto señalan que han recibido amenazas por este acontecimiento, ¿qué podría decirle usted a los partidos políticos?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, a mí me parece que es una muestra de intolerancia cuando desde un partido político se emiten mensajes que intentan reprimir una expresión que es absolutamente ciudadana. Uno puede estar o no de acuerdo con el planteamiento ideológico de las y los ciudadanos, pero me parece que lo que vimos fue eso: una expresión totalmente ciudadana, de alumnos, universitaria que no merece ningún tipo de reproche, y por supuesto más grave todavía sí esos reproches se convierten en amenazas. Yo creo que aquí las autoridades tanto del Distrito Federal como las autoridades federales tendrían que estar receptivas para posibles denuncias que las y los estudiantes interpusieran, ojalá con la ayuda incluso de los órganos jurídicos de la propia Universidad, para que se investigaran estas amenazas.
P: ¿No es preocupante, no es un mal mensaje?
LGP: Es un pésimo mensaje, me parece. Eso nos recuerda un México que esperaríamos ya estuviera rebasado. No me parece de ninguna manera posible que haya respuesta de esa naturaleza frente a una expresión ciudadana.
P: Hablaba de las víctimas, al parecer el Estado no está capacitado para protegerlos. Vemos el caso ayer del Padre Solalinde que tuvo que abandonar el país.
LGP: Yo creo que estamos viviendo un momento en el que desafortunadamente a partir de una importante cantidad de desgracias estamos teniendo que generar nuevos aprendizajes, y uno de ellos tiene que ver con la manera en la que el Estado se posiciona frente a las víctimas. Creo que un avance importante se dio en la reciente aprobación de la Ley General de Víctimas, porque ahí ya se incorpora un punto de vista que parte precisamente de la necesidad de entender cómo estas dinámicas de victimización van mucho más allá del tema de la comisión de un delito o de una violación a los derechos de las personas; cómo inciden estos actos en la vida para toda la vida de las personas que son víctimas y cómo eso genera responsabilidades a distintos niveles, pero responsabilidades de Estado que tienen que ser atendidas.
P: Los defensores de derechos humanos están siendo ahora vulnerados por defender a las víctimas…
LGP: Así es, desafortunadamente estamos viendo esa problemática no solamente en el caso del Padre Solalinde que ahora nos ocupa, sino en muchos otros casos de defensores y defensoras que están siendo atacados pues no importa de dónde, aquí realmente el tema es que no se están generando las condiciones para proteger sus vidas.
P: ¿Entonces continúa esta omisión por parte de las autoridades?
LGP: Sí, yo creo que sí. Esperaríamos que ya la puesta en práctica de la Ley General de Víctimas ayude a generar mejores condiciones tanto para la prevención como para la persecución de los eventuales delitos que tienen que ver con los atentados a las defensoras y defensores.
P: ¿Esta salida del país del Padre Alejandro Solalinde qué representa en la defensa de los derechos humanos?
LGP: Primero representa un fracaso del Estado en su deber de protección de las personas; en seguida, representa también una fuerte llamada de atención que implica nuevamente dejar en claro la vulnerabilidad en la que están las defensoras y los defensores; también representa un fallo importante e términos de la capacidad de reacción que tendría que tener el Estado para generar protección inmediata a quienes están desarrollando la labor de defensa.
P: ¿Qué haría falta, mayor coordinación entre los entes?
LGP: Sí, sin duda, el tema de la coordinación es fundamental, el tema de las alertas, que es importantísimo que funcionen adecuadamente las alertas para que en el momento en el que se dé una circunstancia de riesgo se pueda actuar, pero antes que eso está todo el asunto de cómo se previene que estas cosas ocurran. Es decir, qué es lo que está dejando de hacer el Estado para que poderes fácticos se hagan cargo del control de territorios completos amenazando la vida de personas concretas. Gracias..
