Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 38/2012
14 de mayo de 2012
Pregunta (P): Sobre el Mecanismo de Protección para Periodistas… Doctor Luis González Placencia
(LGP): Participa la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, participa el Gobierno de la ciudad de México, también el Tribunal Superior de Justicia, y la intención de este Mecanismo es darle vida al acuerdo que se firmó en marzo de este mismo año, en el que se establece ya una coordinación entre los distintos órganos de gobierno de la ciudad de México para ejercer protección contra compañeros y compañeras periodistas y defensores y defensoras que estén en riesgo en cualquier lugar del país.
P: ¿Se analiza previamente, Doctor, si alguna persona, ya sea periodista o defensora de derechos humanos, está en riesgo por su actividad y se da aviso a las autoridades o cómo funciona el Mecanismo?
LGP: En principio lo que nosotros tomamos en consideración es la llamada de atención, la alerta. O sea, no investigamos si esto es verdad o no es verdad. La intención del Mecanismo es que se actúe de manera inmediata, que se activen las alertas necesarias para que, en su caso si se trata de alguien que está fuera de la ciudad de México, pueda ser traído a la ciudad y pueda ser protegido con independencia de las investigaciones que después tenga que realizar la autoridad correspondiente. Si fuera el caso en el Distrito Federal actuamos de la misma manera y ahí ya la Procuraduría de Justicia tendría que ir adelante con la investigación bajo la vigilancia desde luego de este mismo Mecanismo.
P: Si es un caso donde se comete alguna violación contra algún comunicador, algún defensor de derechos humanos, ¿ahí cómo operaría el Protocolo, Doctor?
LGP: Así como te comento. En el momento en el que nosotros nos enteramos, es posible que nos enteremos a través por ejemplo de nuestra Relatoría que para el caso tenemos establecido en la Comisión, pero puede este anuncio puede llegar a cualquier instancia de los órganos de gobierno de la ciudad. En ese momento es importante ponerse en comunicación con las autoridades federales, con los que tengan que ver con el tema, para que el traslado se realice lo antes posible, para que la persona sea localizada con los elementos de sigilo que son necesarios, que la persona sea localizada, sea traída acá a la ciudad de México y sea puesta en protección. Quiero comentarles que ya esto lo hemos ensayado en otros momentos. Más allá de la formalidad que implica el Mecanismo esto ya ha ocurrido en otros casos, como ustedes recordarán el caso de Norma Corona y otros más, en los que la noticia llega por cualquier vía a cualquier autoridad de la ciudad de México y de inmediato se activa este Mecanismo.
P: Aunque en el caso de Norma Corona hubo por ahí una situación anómala que estuvo a punto de cobrarle la vida, ¿no?
LGP: Sí, desafortunadamente hubo ahí una desatención de alguno de los…, si no me equivoco fue la Secretaría de Seguridad Pública la que omitió la protección debida. Ahora el Protocolo implicaría una mayor vigilancia sobre todo en las autoridades que estarían actuando ya de manera coordinada.
P: ¿Y hay voluntad de la autoridad, Doctor?
LGP: Sí, sí hay voluntad. Hasta ahora lo que vemos es que ya de hecho la ciudad de México se ha convertido en un espacio que ha dado resultado a la hora de albergar a personas que tienen estos riesgos, y la verdad es que la colaboración que hemos tenido con la Secretaría de Gobierno especialmente ha sido buena, ha sido eficiente.
P: Doctor, sobre los 49 cuerpos desmembrados que aparecieron nuevamente en Nuevo León, se repite el mismo patrón posiblemente de migrantes que hayan sido asesinados, ¿cuál es su opinión sobre esto, en qué situación nos encontramos en el país?
LGP: Pues gravísima, desde luego, como ya lo hemos señalado en otros momentos. Pues mucho se ha hablado de la necesidad de establecer una nueva política migratoria. Ya tenemos una nueva Ley en el ámbito federal, todavía no se ha logrado concretar el Reglamento de esa Ley, pero más allá de las formalidades lo que me parece a mí urgente es que se establezca ya un mecanismo que permita un funcionamiento en red de las instituciones que tienen que ver con un problema que, yo lo he dicho en muchas ocasiones, es un problema nacional. No es un problema federal, ni es un problema sólo local, sino que tiene una dimensión nacional y eso supone que los diversos estados que forman la cadena, digamos, del tránsito desde nuestra frontera Sur hasta la frontera Norte, tendrían que tener mecanismos para identificar de alguna manera a las personas sin poner en riesgo su estatus migratorio, identificarlos y darles seguimiento, de manera tal que se pudiera tener una idea más o menos clara en qué momento su estatus cambia al de personas desaparecidas. No lo tenemos ahora establecido de esa manera. El Mecanismo de Protección no está funcionando a nivel federal todavía y mientras eso ocurra desafortunadamente tendremos hallazgos como estos tan lamentables.
P: En el caso de la alerta sobre el Padre Alejandro Solalinde ya tuvieron alguna respuesta de la autoridad y comunicación con otros organismos…
LGP: No que yo sepa. Lo que sabemos es que el Padre está bien. Desafortunadamente tiene que asumir este retiro por su propia protección, lo cual no significa que deje de seguir haciendo lo que está haciendo, que me parece que hay que reconocer en ese sentido la labor que están haciendo todas esas organizaciones para suplir lo que el Estado hasta ahora no ha podido evitar.
P: ¿Pero esto es muestra de la inacción del Estado mexicano, Doctor, el hecho de que la gente tenga que retirarse, tenga que tomar esta decisión?
LGP: En sentido amplio sí, porque es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de todas las personas. Digamos que de manera más concreta la amenaza proviene de estos grupos criminales, pero el Estado tendría que poder garantizarle a cualquier persona que ejerza su función sin riesgo de que se le prive la vida.
P: Pero esas garantías efectivas, Doctor, parece ser que solamente son adecuadas, o son válidas o son efectivas para las autoridades que están encargadas de combatir a la delincuencia organizada. Ahí no se ha dado ningún caso de atentado, o personas que hayan sido desaparecidas o asesinadas; sin embargo, del lado contrario, del otro lado de la moneda, ahí sí hay bajas y son constantes y son continuas y que no encuentran fin. Es una tras otra.
LGP: Sí, desafortunadamente esa ha sido la historia en los últimos cinco años y creo que es muy grave porque lejos de ver mecanismos que permitan por lo menos ir disminuyendo esta circunstancia, lo que vemos es que cada vez ocurren con más frecuencia.
P: ¿Ustedes se comunicaron personalmente con el Sacerdote Alejandro Solalinde, porque al parecer había ahí versiones distintas y parece que él lo desmintió?
LGP: No nos hemos comunicado de manera personal. Yo ya le pedí al Relator encargado del área que haga la gestión a ver si podemos establecer contacto con él, pero hasta ahora no lo ha hecho. Yo personalmente no.
P: Envía la Comisión medidas precautorias en su momento a la Procuraduría capitalina por la detención de un joven de 16 años relacionado con el multihomicidio de Iztapalapa, ¿quién solicitó la intervención de la Comisión porque ahorita ya cambió su situación jurídica del joven a calidad de testigo?
LGP: Entiendo que es un tema que a partir de los medios nos alertó. Este asunto de Iztapalapa nos ha preocupado muchísimo. Pensamos que es muy importante aquí que la Procuraduría primero actúe con pleno respeto a los derechos de personas que son adolescentes, o en todo caso si no se trata de adolescentes que pueda deslindar con toda claridad que no es así y que se resguarden todos los derechos que corresponden para que la investigación proceda adecuadamente.
P: El funcionario que lleva las investigaciones dice que no eran necesarias las medidas precautorias, ya que la Procuraduría ha cumplido con todos los Protocolos, con todos los sistemas para la protección de los jóvenes y adolescentes en el Distrito Federal.
LGP: Eso no es prima facie, o sea, las medidas precautorias se envían precisamente para garantizar que así sea, nos lo tendrá que demostrar y pues si es así qué bueno.
P: Se está criminalizando a la juventud, pero también en el evento de Veracruz fueron menores de edad, de 12, 15, 19 años, los que descuartizaron a los tres marinos, ¿cuál es su opinión de esta contradicción?
LGP: Bueno, ya hemos hecho diversos planteamientos en el sentido aquí de que este proceso de victimización de la juventud tiene que ver tanto con procesos de criminalización, como con procesos en los que estos jóvenes son a más temprana edad involucrados en las organizaciones criminales. Lo que nos parece aquí fundamental es no asumir que por esa razón ellos dejan de tener los derechos que les corresponden por su edad, que son derechos que les otorga la Constitución. Tienen que ser juzgados, desde luego, tienen que ser responsabilizados, pero en los términos en los que corresponde con su edad.
P: Pero tal parece que el Estado punitivo no está funcionando, Doctor. Se les sanciona, son cinco años y parece que cada día delinquen más y con más violencia.
LGP: Claro, porque en nuestra opinión se ha optado más bien por atacar los efectos y no necesariamente por indagar las causas, y en estados como en Veracruz y como lo hemos visto desafortunadamente en muchos otros lugares, las circunstancias de contexto que orillan a las y los jóvenes a dedicarse a actividades criminales no se resuelven con medidas punitivas, esas hay que enfocarlas de una manera distinta.
P: ¿Usted estaría en contra de incrementar las penas para los jóvenes aquí en el Distrito Federal? Hablaba ya el Magistrado Presidente de homologarlas 10 años con el resto de los estados de la República.
LGP: Absolutamente en contra. El espíritu de la Reforma del año 2005 es que las penas sean lo más breve posible, más bien que sean contundentes, que ese es otro tema. No es que necesitemos penas largas, sino penas que funcionen.
P: ¿Aunque eso no garantice la reinserción, Doctor?
LGP: Yo creo que el tema de la reinserción es un tema complicado. El sistema no está ahí en principio para reinsertar a las personas, sino para exigirle responsabilidad. El tema de la reinserción tiene que ver con mucho más que con el sistema penal.
P: Por eso decía el Presidente del Tribunal que esos cinco años no son suficientes para lograr el objetivo real de que esas personas vuelvan a convivir con la sociedad.
LGP: Y al contrario, más bien la evidencia que se tiene es que mientras más tiempo pasa una persona privada de la libertad menos posibilidades hay de que logre reinsertarse. Gracias.
