Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 01/2012
03 de abril de 2012
Saludo
Diputadas y Diputados a la V Legislatura de la Asamblea del Distrito Federal; distinguidas invitadas e invitados, muy buenas tardes a todas y todos.
Fundamento y objeto
En cumplimiento con lo dispuesto por la ley, comparezco ante ustedes para informar la situación de los derechos humanos en la ciudad de México, así como lo realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2011.
Agradecimientos
Quiero agradecer el apoyo que, como siempre, brindaron a la Comisión durante este año, las y los integrantes del Consejo Consultivo: Mercedes Barquet, Santiago Corcuera, Denise Dresser, Manuel Fuentes, Patricia Galeana, Mónica González, Clara Jusidman, Ernesto López Portillo, Nashieli Ramírez, Carlos Ríos y José Woldenberg. El Consejo, con la experiencia de quienes lo han integrado a lo largo de 18 años, fortalece la reflexión crítica sobre los temas que interesa que la Comisión atienda y constituye un importante referente para la toma de decisiones relacionadas con el mandato de la institución.
Contexto
Como es de su conocimiento, el 10 de junio de 2011 fue aprobada la reforma más importante a la Constitución de la República desde 1917. Para los organismos públicos de defensa de derechos humanos, ello significa el fortalecimiento de su autonomía, la ampliación de sus competencias y de sus alcances. Por ello, para hacer frente a este nuevo contexto, la Comisión ha modificado su estructura con la finalidad de atender mejor sus nuevos retos. Fortalecimos la recientemente creada Consultoría Jurídica, con el objetivo de incrementar nuestra presencia ante la jurisdicción local y regional.
Al entrar en vigor la reforma comenzamos a atender las quejas que en materia laboral nos han sido presentadas de cara a la creación de la Quinta Visitaduría General, especializada en esta temática. De igual forma, en refrendo de nuestro compromiso con las víctimas, creamos la Unidad de Atención a Víctimas, con el fin de ofrecer a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos un apoyo psicosocial que evite su revictimización y les acompañe en sus procesos de resiliencia.
Resumen de actividades 2011
Así, con una estructura renovada, la CDHDF atendió en 2011 alrededor de 150 mil personas a las que otorgó más de 50 mil servicios. Recibimos más de 7 mil 500 quejas, investigamos y concluimos más de 8 mil expedientes y emitimos más de 5 mil medidas precautorias, así como 13 Recomendaciones. Ante órganos de justicia nacional e internacional, presentamos tres amicus curiae, dos Acciones de inconstitucionalidad, cuatro informes a los mecanismos del sistema universal de protección de derechos humanos y cuatro más a las relatorías del Sistema Interamericano.
Realizamos 755 acciones educativas entre seminarios, talleres y cursos que favorecieron a cerca de 35 mil personas; en promedio, realizamos casi cinco eventos al día, de los que se beneficiaron más de 45 mil personas; atendimos las 725 solicitudes de información pública que nos fueron enviadas; emitimos 462 boletines de prensa y logramos en promedio diecisiete impactos diarios en medios de comunicación. Todo lo anterior, con el respaldo de al menos 142 Organizaciones de la Sociedad Civil, los medios de comunicación y la academia.
Todo este esfuerzo fue posible gracias al empeño cotidiano de las y los compañeros de la Comisión. Para ellas y ellos, mis titulares y sus equipos, todo mi agradecimiento; el reconocimiento que tiene la CDHDF hoy a nivel nacional e internacional se debe sin duda a sus ganas, su compromiso, su empeño y su experiencia.
Programa de Derechos Humanos
Durante 2011, esta Asamblea aprobó la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el propósito de dar obligatoriedad, transversalizar y dotar de la suficiencia presupuestal a este instrumento de política pública. En este proceso, la Comisión se constituyó como uno más de los entes obligados por las líneas de acción del Programa, y adecuó su planeación estratégica para armonizarla con los objetivos de este último. Como saben, y en aras de garantizar nuestra autonomía, iniciamos un proceso de reforma a la ley, también aprobado hace unos días, que refrenda nuestro rol como observadores con la independencia necesaria para revisar críticamente las obligaciones que la autoridad adquirió con el Programa.
No tenemos duda sobre la importancia de este gran esfuerzo conjunto; por ello, desde esta tribuna hacemos un llamado a quienes asumirán en este año la titularidad de los diversos órganos de la administración pública del Distrito Federal para que se comprometan con el Programa, de modo que logremos que este instrumento se consolide como una política de estado con perspectiva de derechos humanos.
Informo enseguida de la situación de los derechos humanos en el Distrito Federal, de acuerdo con la sistematización propuesta por el propio Programa de Derechos Humanos.
Democracia y Derechos Humanos
La Comisión recibió un total de 764 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de petición y pronta respuesta, a la honra y dignidad y a la igualdad ante la Ley y no discriminación; derechos contenidos en el núcleo temático que da cuenta del avance en materia de democracia y derechos humanos.
Las autoridades señaladas como responsables de esas presuntas violaciones fueron, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la ciudad.
Sobre derechos contenidos en este núcleo, se emitieron dos importantes Recomendaciones. La 1/2011 con motivo del proyecto para la construcción de la denominada Supervía Poniente, así como la 9/2011 por las condiciones que propician violencia institucional contra las mujeres en el Distrito Federal.
La primera de estas Recomendaciones estableció la responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal y las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón por la violación a diversos derechos, pero de manera principal por omitir una consulta pública especializada que garantizaba el derecho a la participación ciudadana y la protección del ambiente. La importancia de esta Recomendación pone de manifiesto el valor que tiene respetar disposiciones normativas cuyo sentido último es el de hacer participe a la ciudadanía del impacto que proyectos de desarrollo urbano pueden tener en el ambiente, el nivel de vida, la cohesión social y el bienestar de las comunidades que se ven afectadas por dichas obras.
La segunda Recomendación se relaciona con diversas violaciones cometidas en contra de mujeres en el entorno laboral de instituciones del Distrito Federal; estas violaciones incluyen maltrato, acoso laboral, violencia sexual y discriminación y dan cuenta de la permanencia de actitudes patriarcales y machistas que esta Comisión exige desterrar.
Tanto las quejas recibidas, como las dos Recomendaciones emitidas en este núcleo, muestran lo que falta por consolidar en este rubro. Por una parte, una mayor conciencia de las y los servidores públicos sobre la importancia de dar respuesta eficiente a las solicitudes que reciben de la ciudadanía, así como plena satisfacción a su derecho a participar; por la otra, una actitud de irrestricto respeto hacia las mujeres. Contener la violencia institucional de género es una obligación que debe ser exigida con firmeza a la autoridad con miras a la erradicación total de estas prácticas.
Seguridad Humana
En lo que se refiere al núcleo de seguridad humana vale recordar que en él se sistematizan derechos destinados a garantizar la protección de las personas contra aquellos riesgos y amenazas que afectan su bienestar y calidad de vida.
Aquí se registraron más de 2 mil quejas por presuntas violaciones al derecho a la salud, los derechos de niñas, niños y personas jóvenes, así como el derecho al agua.
Las autoridades más veces señaladas como responsables de estas violaciones fueron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia.
De acuerdo con lo recabado por este Organismo Público Autónomo, el acceso al derecho a la salud se ve notoriamente afectado en el caso de las personas privadas de la libertad.
De ello da cuenta la Recomendación 4/2011 que documenta la necesidad de que las autoridades responsables atiendan de manera rápida y adecuada los problemas de salud que presentan las mujeres internas en los centros de reclusión, en especial, de aquellas que se encuentran embarazadas.
La CDHDF manifiesta su enorme preocupación por la situación de salud de las personas privadas de la libertad en cárceles del Distrito Federal y urge a las autoridades capitalinas a que atiendan las condiciones de vida y de salud de quienes se encuentran recluidos.
Cabe señalar que con motivo de esta problemática, publicamos un informe especial que da cuenta de los principales rubros de preocupación que señalan deficiencias en el abasto de medicamentos, el acceso a atención de segundo y tercer nivel y desafortunadamente, también actos de discriminación.
Por otra parte, la Recomendación 05/2011 evidenció la violación al derecho al agua y el derecho a la vivienda debido a problemas de inundaciones, la saturación del drenaje en la colonia y la utilización de una cisterna como fosa séptica, lo que puso en grave riesgo el derecho a la salud de los habitantes de la colonia Pueblo Santa Úrsula Coapa. Esta Recomendación es representativa de situaciones que, con distintos matices e intensidades se repiten en diversas zonas de la ciudad y que deben ser atendidas para garantizar un nivel de vida digno a quienes las habitan o transitan y para evitar poner en riesgo la sustentabilidad de la ciudad.
Otro rubro que debe ser atendido a la brevedad es la situación de las poblaciones callejeras, formadas en gran medida por niñas, niños y adolescentes, quienes viven continuamente diversos riesgos. La Recomendación 13/2011 por ejemplo, mostró la existencia concreta de afectaciones a los derechos de las y los niños y personas jóvenes, que fueron objeto de trata con fines laborales, al ser integradas en contra de su voluntad en una supuesta institución de asistencia y rehabilitación conocida como Los Elegidos de Dios.
Con motivo de esta Recomendación es necesario hacer un enérgico llamado al Gobierno de la ciudad para que atienda con perspectiva de derechos a estas poblaciones callejeras, para que se haga cargo de la vulnerabilidad que tienen frente a estas instituciones de asistencia privada, pero de manera muy especial, para que detenga de inmediato la criminalización y el trato violento del que han sido objeto de manera reciente, personas que habitan el bajo puente ubicado en Miguel Ángel de Quevedo y Tlalpan. Ello implica evitar, en suma, la vulneración de los derechos de esta población cometidos por particulares, pero de modo inmediato, detener los actos violatorios cometidos por los propios servidores públicos.
Seguridad pública y sistema de justicia
Desafortunadamente, el ámbito en el que se concentran las mayores y más graves violaciones a los derechos humanos en la ciudad de México, sigue siendo el de la seguridad púbica y el sistema de justicia.
El aumento en la práctica de la tortura, la violación sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad, la aplicación del arraigo, la desaparición forzada y la trata de personas, han sido sin duda problemáticas que han requerido el máximo esfuerzo por parte de la Comisión. Ello motivó que doce de las 13 Recomendaciones emitidas en 2011 se relacionaran con el Sistema de justicia.
En este núcleo se registraron la mayoría de las quejas, en las que se señalan presuntas violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la integridad personal y los derechos de víctimas o personas ofendidas.
Las autoridades mayormente señaladas en este núcleo fueron la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública.
Destaca por su importancia la Recomendación 02/2011, que hace referencia a las violaciones a derechos humanos con motivo de la solicitud, expedición y condiciones en las que se aplica el arraigo en el Distrito Federal. Según lo han reconocido diversas instancias del sistema universal de protección de derechos humanos, el arraigo es violatorio del debido proceso y afecta derechos relacionados con la integridad personal de quienes son sujetos del mismo. En el marco de la reforma constitucional de junio 2011, el arraigo debe ser erradicado y mientras ello sucede, inaplicado por las autoridades ministeriales y judiciales.
También sobre el debido proceso se pronuncia la Recomendación 03/2011 que señala el retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa y la negativa a investigar diligentemente en agravio de víctimas del delito. Esta Recomendación da cuenta de la importancia que el debido proceso tiene tanto para las víctimas como para los inculpados.
Las Recomendaciones 06/2011, 08/2011, 10/2011, 11/2011 y 12/2011 que hacen referencia a detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por el Grupo Táctico Tiburón, así como por policías ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia y a agentes de la policía adscritos la Secretaría de Seguridad Pública, dan cuenta de la persistencia de estas prácticas que están lejos aún de ser erradicadas.
De hecho, una interpretación sistemática de los problemas que la Comisión ha documentado en el núcleo de seguridad pública y justicia permite inferir la existencia de una cadena de violaciones que caracteriza al actual sistema penal de la ciudad, que comienza con detenciones arbitrarias, continua con la presentación ante medios de comunicación, el arraigo, la tortura, el cambio de calidad jurídica de testigos a inculpados, la fabricación de pruebas, la obstaculización de la defensa, la reclusión preventiva, la condena sin pruebas o con pruebas insuficientes o falsas, la extorsión, maltrato y nuevamente tortura en prisión, la exposición a grupos criminales organizados, la estigmatización y la exclusión.
Todo ello exacerbado en el ámbito carcelario, donde se recrudecen los riesgos y se potencian las violaciones debido a la sobrepoblación que en promedio es del 100%.
Sin duda, el sistema penal representa hoy el foco rojo en materia de violaciones a derechos humanos, por lo que resulta urgente, antes de que suceda una tragedia, reformar el proceso penal, crear un sistema eficiente de penas alternativas, hacerse cargo de la necesidad de jueces de ejecución, en suma, tomarse en serio al sistema penal.
Comparecencia de autoridades ante la ALDF
Diputadas, diputados, como lo mandata la ley, esta mañana fue entregado en la oficina del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea, un informe detallado sobre las autoridades que decidieron aceptar parcialmente las recomendaciones que en 2011 les fueron emitidas. En esta situación se encuentran, las y los titulares de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Transportes y Vialidad, la Consejería Jurídica, el sistema de Aguas, así como los órganos político administrativos en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán.
Sabemos que hay avances importantes en la implementación del mecanismo que permitirá la comparecencia de estos servidores públicos ante esta Soberanía; así que, respetuosamente, hacemos un llamado para que dichas comparecencias se implementen a la brevedad y para que su formato conlleve una severa llamada de atención sobre el comportamiento de estas autoridades para con la Comisión y por ende para con las víctimas.
La ausencia de un mecanismo eficiente de rendición de cuentas para quien regatea el mandato de un órgano constitucional autónomo como la CDHDF envía un mensaje de impunidad y de desinterés por los derechos humanos.
Ello se nota en los argumentos formalistas invocados para no hacerse cargo de las violaciones cometidas, para negarse a las reparaciones a las que están obligadas, a las disculpas públicas o bien para hacer valer aparentes conflictos de competencia. La falta de rendición de cuentas fomenta igualmente la actitud displicente que diversas autoridades tienen frente a las Recomendaciones que ya fueron aceptadas.
Resulta inconcebible que la Delegación Gustavo A. Madero no haya logrado cumplir con mantener en condiciones dignas el cementerio donde reposan los restos de las víctimas mortales del News Divine; o que, no obstante tratarse de una denuncia interpuesta hace décadas, la Procuraduría no determine aún el caso Ruta 100; o que el Gobierno de la ciudad simplemente siga adelante con la Supervía haciendo caso omiso de que se violaron derechos humanos, no obstante que diversos órganos de justicia han confirmado lo establecido en la Recomendación 01/2011 emitida por este organismo.
Es importante resaltar que a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el incumplimiento de las recomendaciones implica al mismo tiempo un incumplimiento de las obligaciones generales que, en materia de derechos humanos, se encuentran previstas en el párrafo tercero del Artículo 1° constitucional a cargo de todas las autoridades. Lo anterior debido a que una Recomendación, además de acreditar violaciones a derechos en el caso concreto, alerta también a las autoridades sobre las razones estructurales de las violaciones que están cometiendo, lo cual actualiza su obligación general de prevenir su ocurrencia en el futuro.
Concluyo haciendo un llamado para que esta V Legislatura se sume al rechazo de esas actitudes displicentes y para que, como aliada que siempre ha sido de la causa de los derechos, concluya su mandato haciendo posible que la autoridad rinda cuentas.
Quedo a sus ordenes, muchas gracias.
