Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 33/2012
20 de abril de 2012
Pregunta (P): Doctor, hoy publicamos una nota sobre que siguen los casos de detenciones por el robo de un pan, ¿cómo está ahorita la situación en esos casos? ¿Cuál es la posición de la Comisión respecto a estas detenciones por el robo de un pan?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, nosotros nos hemos opuesto contundentemente a esta actitud que se deriva de una Reforma en el Distrito Federal del año 2003, y que parte de la idea de que mientras más personas estén presas menos delitos hay afuera. Creo que hay suficiente evidencia empírica de que eso no es así y de que es necesario revisar las hipótesis que tiene hoy el Código Penal para generar penas alternativas. No se trata de dejar en la impunidad estos actos, y en eso es muy importante enviar el mensaje correcto. Se trata más bien de encontrar el mecanismo adecuado para que se castigue a quienes cometen delitos menores. Tenemos muy probado que las consecuencias de meter a todas las personas a la cárcel por cualquier delito son mucho peores que las de buscar penas alternativas.
P: Doctor, ayer le preguntaba también el tema de los diputados, este es un tema también pendiente que no ha salido, ¿tiene alguna respuesta de los diputados en esta iniciativa?
LGP: Como comenté estamos trabajando en un posicionamiento de parte del Consejo de la Comisión. Lo haremos del conocimiento de la Asamblea seguramente la próxima semana, y lo que esperaríamos es una respuesta desde luego de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea o de la Comisión de Gobierno.
P: ¿Nos podría hacer un resumen de cuáles son los puntos que toca esta Reforma de las penas alternativas?
LGP: Sí, lo que ya fue presentado incluso con la Presidenta de la Comisión de Gobierno de la propia Asamblea, y la idea es aquí que para efecto de los primodelincuentes y para aquellos delitos que, digamos, no tienen un gran impacto social se puedan establecer penas alternativas, como por ejemplo el trabajo a favor de la comunidad y algunas otras más que se pueden dar en libertad, algunas de naturaleza económica, por ejemplo. La idea es evitar que siga llegando gente al sistema penitenciario.
P: ¿Tienen algún estudio de cuántos casos al año suceden estos robos menores?
LGP: Bueno, hay estudios, no de la Comisión, pero sí de algunas otras instancias como el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) que muestran que un porcentaje altísimo, digamos que cerca de 4 de cada 10 delitos, tienen que ver con robos menores a los 5 mil pesos, y de esos aproximadamente la mitad tienen que ver con robos menores a 500 pesos. Digamos que es mucho más alto el costo social que tiene enviar a prisión a personas por delitos que podrían ser resueltos de otra manera.
P: Sobre el Protocolo que la Procuraduría capitalina empezó ya a aplicar y que aceptó de manera parcial la Recomendación, doctor, ¿nos podría precisar su opinión?
LGP: Desde la perspectiva de la Comisión no hay una aceptación de la Recomendación, porque aunque efectivamente este Protocolo fue presentado, el Protocolo simplemente formaliza una serie de prácticas que ya venían llevándose a cabo por parte de la Procuraduría. Nosotros lo que solicitamos en la Recomendación es que se instrumentara una política de comunicación distinta a la que se estaba llevando a cabo en la Procuraduría. Creemos que hay manera de armonizar perfectamente bien el derecho que tiene la ciudadanía a enterarse cuándo un presunto delincuente es detenido y el respeto al debido proceso. Es una discusión de tiempos, es una discusión de en qué momento es cuándo, efectivamente ya sin vulnerar derechos, se puede hacer del conocimiento público la detención de una persona.
P: ¿O sea que no hubo cambio alguno prácticamente?
LGP: Pues no, por eso es que nosotros estamos considerando que no hay aceptación. De todas maneras hablamos con el Procurador. Vamos a solicitarle una reconsideración de la Recomendación y hacíamos hincapié en la importancia que tiene el no cerrar el diálogo. Creo que este es un debate que se está dando aquí en el Distrito Federal, pero que tiene implicaciones a nivel federal en términos de la Reforma Constitucional del 2008 en materia penal y también desde luego de la Reforma del año 2011. Entonces es una discusión que no es conveniente cerrar, al contrario creo que hay que ir avanzando. Ojalá que el Procurador tenga esa misma visión y reconsidere la aceptación de la Recomendación.
P: El gerente del Bar-Bar está exigiendo una disculpa pública a la Procuraduría, ¿la Comisión va a acompañar esta petición?
LGP: Bueno, lo hemos hecho a través de la Recomendación en todos los casos y el señor es uno de ello. Todos los casos implicaban no solamente la disculpa pública, sino la rectificación pública y la divulgación, en la medida de lo posible, por las mismas vías de la declaración de inocencia de todas estas personas. Gracias.
