Transcripción 31/2012
17 de abril de 2012
Pregunta (P): Inaudible.
Luis González Placencia (LGP): … que revisamos ya con mucha atención es la respuesta de la Procuraduría a la Recomendación. Lamentamos muchísimo que la Procuraduría haya decidido rechazar la Recomendación y, bueno, y al mismo tiempo, emitir este Protocolo. Nosotros sostenemos nuestra argumentación en los términos en los que fue planteada en la Recomendación, creemos que hay elementos más que suficientes para considerara violatoria de derechos humanos la presentación de probables responsables ante medios y la verdad es que habíamos esperado una actitud diferente de parte de la Procuraduría. No obstante eso, el día de mañana tenemos invitado al Consejo de la Comisión al Procurador de la ciudad, un poco para platicar sobre las razones por las cuales tomó la decisión de rechazar la Recomendación y buscar la manera de que la reconsidere.
P: ¿Fue un rechazo total, doctor, o fue una aceptación parcial?
LGP: No, fue un rechazo total. Se emite este Protocolo, entiendo yo, como una respuesta al lado de la que se ofrece a la Comisión; pensamos nosotros, intentando generar una posición conciliatoria, pero el punto central de la respuesta que nos da el Procurador es que, desde la perspectiva de la Procuraduría, la Comisión no tendría competencia para pronunciarse sobre estos temas. La competencia, afirman ellos, la tendría el INFODF. Sin embargo, la argumentación que nosotros hacemos es muy clara: ahí hay un tema de derechos humanos, no es solamente un tema que esté relacionado con los datos personales, sino con la presunción de inocencia, de manera fundamental. Y el otro argumento importante que se plantea es justamente que no hay violación de derechos. Entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo con esta respuesta.
P: ¿Qué mensaje le enviaría usted al Procurador?, porque él dice que la aceptaron parcialmente y que el Protocolo que se publica es parte de esta Recomendación y, si ¿este Protocolo responde en algo a los puntos planteados en la Recomendación?
LGP: Uno de los puntos de la Recomendación planteaba efectivamente la necesidad de que se emitiera una política de comunicación por parte de la Procuraduría que permitiera cumplir con la necesidad de informarle a la ciudadanía, pero sin que ello significara la violación de los derechos humanos de los probables responsables. Sin embargo, vemos que el Protocolo no cumple con esta condición. Habría sido muy bueno que efectivamente se planteara como parte del mecanismo de discusión para el cumplimiento de la Recomendación, esa habría sido una plataforma distinta: si aceptan la Recomendación, presentan el Protocolo, se habría abierto un espacio importante para platicar sobre el Protocolo y tratar de ir avanzando. Por eso es que vamos a insistirle al Procurador el día de mañana, para que reconsidere y abra espacio para que tengamos una discusión que nos permita avanzar.
P: Fuera del Protocolo, ¿avanzaron en algún otro punto de la Recomendación?, ¿aceptaron algún otro punto?
LGP: No; están relacionados, como ustedes recordarán, con la reparación del daño, con la emisión de una disculpa pública y como la línea de principio de la respuesta es que no hay competencia de la Comisión, que no se violaron derechos, pues entonces tampoco aceptan el resto de los puntos.
P: ¿Cuántos puntos estaban contemplados en esta Recomendación?
LGP: Si mal no recuerdo eran nueve puntos, todos los cuales tenían que ver, por supuesto con el tema de la revisión de la política, con la necesidad de que se suspendieran estas presentaciones. La salida que le estábamos dando a la Procuraduría era que, mientras no se definiera un Protocolo, que permitiera encontrar una salida, digamos, sin violar derechos, no se hicieran presentaciones, pero había esta puerta abierta. Y las demás Recomendaciones estaban relacionadas con los cambios estructurales que se requerían en la propia presentación de la Procuraduría, dejar sin efecto el Acuerdo anterior del Procurador que permitía estas presentaciones, y la reparación del daño.
P: Independientemente, este Protocolo que emitió el Procurador, el actual, ¿aún así se sigue considerando que son violatorias de derechos humanos, aún con estos nuevos lineamientos que publica la Procuraduría capitalina para la presentación de personas ante los medios de comunicación?
LGP: Claro, porque se sigue argumentando que estas presentaciones son necesarias para efecto de consolidar las acusaciones. El asunto es que eso significa utilizar como medios a las personas para lograr fines que son de interés de la Procuraduría; eventualmente de interés público, pero esa prueba de interés público hay que construirla y, en nuestra perspectiva, es necesario construirla en cada caso. Insisto mucho en que, aquí, un tema fundamental es que si la Recomendación hubiera sido aceptada, que esperamos que se reconsidere en ese sentido, el espacio para hablar del Protocolo, de ahí en adelante, se habría dado con mucha mayor facilidad. La posición de rechazo de la Recomendación polariza ambas posiciones y desafortunadamente, me parece a mí, no abona en la solución del problema.
P: Por obvias razones, ¿ese Protocolo sigue siendo violatorio de los derechos de las personas?
LGP: Si, naturalmente, porque los argumentos que hemos sostenido para las presentaciones que fueron objeto de la Recomendación, siguen estando presentes en la consideración de este Protocolo.
P: ¿Ustedes van a recurrir a una autoridad superior o a hacer un llamado?, porque nuevamente ésta se rechaza, las otras se aceptan parcialmente; o sea, ¿en dónde está quedando el papel de la Comisión de Derechos Humanos, doctor?
LGP: Nosotros ejercemos el rol que nos toca jugar denunciando lo que, desde nuestra perspectiva, es una violación a derechos humanos. Confiamos mucho en que la argumentación que presentamos sea retomada por otras víctimas, por sus abogados, porque todavía se puede ir más allá, todavía existe la posibilidad de que víctimas concretas presenten amparos, por ejemplo. Está pendiente una resolución en la Corte sobre un tema similar, que esperaríamos nosotros vaya en el sentido de lo que se planteó en la Recomendación. Yo lo que haría es invitar a la comunidad jurídica y, por supuesto, a la ciudadanía en general, a conocer la Recomendación, a conocer sus argumentos, porque pensamos que el respaldo que se pueda dar desde la Sociedad Civil va a ser fundamental.
P: ¿Entonces usted hace un llamado a los abogados de las víctimas a crear una especie de frente ante esta negativa de la Procuraduría?
LGP: Sí, ante una situación en la que las personas quedan expuestas a situaciones como las que documentamos en la Recomendación: hay que recordar que hay un número importante de casos, por lo menos una veintena de casos, tienen que ver con personas inocentes.
P: ¿Cómo va la investigación de la señora Miranda de Wallace?
LGP: Bueno, está en investigación, abrimos la queja de oficio; yo tuve una entrevista con ella y su abogado, simplemente para saber si ellos tenían algo que aportar y ya, se le está dando el trato normal de cualquier otra queja…
P: ¿Qué alega la señora?, perdón, porque se habla de que sí fue fichada, no fue fichada, si existe el expediente o es falsificación de documentación oficial o es nada más filtración, si nos puede usted explicar, ¿Qué le refiere ella?
LGP: Nosotros intervendremos, intervenimos, ya estamos interviniendo, porque presumimos la violación por parte de una autoridad de la ciudad de México…
P: ¿En qué sentido?
LGP: En el sentido de haber filtrado efectivamente información, independientemente de si se trata de la foto o si se trata de algún documento judicial en el que la información que se ha dado a conocer esté plasmada.
P: Pero, doctor, pero para considerarlo que es como una violación por parte de alguna autoridad, es de que existió ese documento…
LGP: Sí, naturalmente, la foto…
P: La señora Wallace ha insistido en que eso no existe, porque ella nunca estuvo fichada
LGP: Ella pone en cuestionamiento la existencia de la foto. Hay información que estamos tomando en consideración. Aquí quiero decir que no vamos a tomar postura hasta que terminemos la investigación. Ella, por supuesto, argumenta que esa foto no existió; hay evidencia de que la foto, en su caso, pudo haber salido de alguna institución del Distrito Federal, eso es justamente lo que estamos investigando…
P: Entonces, sí existió, porque si salió de alguna institución, es porque sí existió…
LGP: La foto está ahí, lo que no está claro y es uno de los temas que investigaremos es si efectivamente se trata de ella…
P: ¿A qué autoridades se solicitará esa información, doctor?
LGP: A la Procuraduría, por supuesto; al Tribunal Superior de Justicia y al Sistema Penitenciario.
P: El asunto sería más grave y complejo de lo que parece entonces, porque existe la posibilidad de que ese documento sea apócrifo, que no exista, que haya tenido que ser destruido y ahorita esté circulando una copia no veraz, un montaje…
LGP: En realidad hay dos posibilidades: una, que el documento sea auténtico, en cuyo caso se configura la violación, porque eso no debió haber salido jamás de la autoridad que lo custodia; por la fecha, estamos también tratando de establecer si había ya obligación de la autoridad de destruirlo, probablemente no había esa obligación, pero en todo caso sí de custodiarlo…
P: ¿Ya le contestaron?
LGP: No, ya emitimos unas medidas precautorias, en principio, y ahora estamos esperando la respuesta a las solicitudes de información. Está pendiente todavía una comparecencia de la señora Wallace. La otra posibilidad es que sea apócrifo el documento, en cuyo caso nos centraríamos solamente en el tema de la información que se vierte en el semanario para establecer si ésta proviene de algún documento que tuvo que haber estado en custodia de alguna autoridad de la ciudad de México.
P: Lo que no está en discusión, si nos puede explicar, es que efectivamente, independientemente de si tiene o no tiene antecedentes penales la señora, efectivamente hubo un proceso por estas causas, aunque después fue absuelta…
LGP: Sí, así es.
P: Eso es real, ¿verdad?
LGP: Sí, así es, eso es real, está documentado y, efectivamente, la señora fue absuelta.
P: ¿Su opinión sobre el caso de este empresario de Chihuahua que denunció algunas situaciones de corrupción, extorsiones por parte de la Policía Federal, que tenía que presentarse a declarar y, bueno, horas antes lo asesinaron…
LGP: Sí, bueno, pues lo lamentamos muchísimo: se une a la cadena de circunstancias en las que personas que debían estar custodiadas por el Estado mexicano pierden la vida de esta manera. Lo que esperamos es que las autoridades esclarezcan el tema lo antes posible y ojalá que las instancias federales que tienen que intervenir para esclarecer el hecho, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tome cartas en el asunto.
P: ¿Se ha externado solidaridad a la familia, a través de la Comisión de Chihuahua?
LGP: Estamos en comunicación con la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chihuahua, que es la que tiene en todo caso la competencia, a través de ellos.
P: ¿A quién tendría que hacerse un enérgico llamado?, sí así se le puede decir, doctor…
LGP: Yo creo que a las autoridades en general, pues el ambiente que estamos viviendo de incertidumbre y de vulnerabilidad, especialmente de las personas de las que se sabe que están en una situación de riesgo, es generalizado. Entonces, tanto las autoridades federales como las autoridades locales tendrían que poner una atención mucho más clara en estos temas.
P: El Protocolo, ¿también es un atraso para la implementación de la reforma penal, en cuanto a la protección de la víctima, pero también del inculpado?
LGP: Sí. Justamente pensamos nosotros que la Procuraduría tiene una oportunidad muy importante, más allá de lo que el Legislativo tiene que hacer, en materia de la implementación, hay cosas como éstas, que a través de Acuerdos del Procurador, se pueden ir avanzando. Entonces, desafortunadamente, el mensaje que recibimos en ese sentido también es desalentador, porque nos deja ver que el interés, la voluntad política por llevar adelante la reforma, pues no está clara.