martes , 31 enero 2023

Compareció Ombudsman ante la ALDF

Boletín 125/2012
3 de abril de 2012

  • Legisladores deben ejercer sus facultades ante la resistencia de autoridades para aceptar y/o cumplir Recomendaciones
  •  Persiste discriminación hacia personas de la comunidad LGBTTTI, jóvenes, poblaciones callejeras, indígenas y adultos mayores 
  • Acumula sistema de justicia 70% de expedientes de queja registrados en 2011

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, llamó a las Diputadas y Diputados locales a ejercer sus facultades para que las autoridades acepten y cumplan con las Recomendaciones que les son dirigidas, por casos específicos y/o estructurales de violaciones a los derechos humanos de quienes habitan y transitan la ciudad de México.

Tras considerar que  “La ausencia de un mecanismo eficiente de rendición de cuentas para quien regatea el mandato de la CDHDF como Órgano Constitucional Autónomo, envía un mensaje de impunidad y de desinterés por los derechos humanos”, lamentó que, de esa forma se fomente además la actitud displicente de algunas autoridades frente a las Recomendaciones aceptadas.

Con motivo de su Comparecencia y rendición del Informe Anual 2011 ante el Pleno de la V Legislatura de la Asamblea del Distrito Federal (ALDF), sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de México, dijo que algunas autoridades recurren a argumentos formalistas para no hacerse cargo de las violaciones cometidas, para negarse a las reparaciones a las que están obligadas, a las disculpas públicas o bien para hacer valer aparentes conflictos de competencia.

Previo a su presentación el Ombudsman capitalino entregó a las Diputadas y los Diputados un informe detallado sobre las autoridades que aceptaron parcialmente las Recomendaciones que en 2011 les fueron dirigidas, entre quienes están las y los titulares de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), la Consejería Jurídica, el Sistema de Aguas, así como las Delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán.

Llamó a implementar en breve el mecanismo para la comparecencia de esos servidores públicos ante la ALDF y para que su formato conlleve una severa llamada de atención sobre el comportamiento de las mencionadas autoridades hacia la CDHDF y, sobre todo, hacia las víctimas.

“Resulta inconcebible que la Delegación Gustavo A. Madero no haya logrado cumplir con mantener en condiciones dignas el cementerio donde reposan los restos de las víctimas mortales del News Divine; que, no obstante tratarse de una denuncia iniciada hace décadas, la Procuraduría no determine aún el caso Ruta 100; o que el Gobierno de la ciudad simplemente siga adelante con la Supervía haciendo caso omiso de que se violaron derechos humanos, no obstante que diversos órganos de justicia han confirmado lo establecido en la Recomendación 01/2011”, apuntó.

Dijo que, en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el incumplimiento de las Recomendaciones implica también el de las obligaciones generales que prevé el párrafo tercero del Artículo 1º, por lo que llamó a las y los Legisladores a que rechacen las actitudes displicentes y concluyan su mandato haciendo posible que las autoridades rindan cuentas.

“Una Recomendación acredita violaciones a derechos humanos en un caso concreto, alerta a las autoridades sobre las razones estructurales de las violaciones que comete y las actualiza en su obligación general de prevenir su ocurrencia en el futuro”, explicó.

El Ombudsman capitalino llamó también a quienes asumirán en este año la titularidad de los diversos órganos de la administración pública del Distrito Federal para que se comprometan con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y que sea éste un instrumento a través del cual se consolide una política de Estado con perspectiva de derechos humanos.

En ese contexto, dijo, la respectiva reforma constitucional significa para la CDHDF el fortalecimiento de su autonomía, la ampliación de sus competencias y de sus alcances: modificó su estructura para atender mejor los nuevos retos, fortaleció su Consultoría Jurídica, creó su Quinta Visitaduría para atender quejas en materia laboral y refrendó su compromiso con las víctimas, creando la Unidad de Atención a Víctimas, que ofrece apoyo psicosocial a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos y evitar su revictimización.

En su mensaje final a las y los Diputados, el Presidente de la CDHDF dijo que México vive una crisis sin precedente, en lo que se refiere a violencia, tanto por la criminalidad, como la que deriva de su combate.

En ese escenario, advirtió, el riesgo para la vigencia de los derechos humanos se incrementa y cobra la vida de las y los defensores y de profesionales del periodismo y la comunicación, comprometiendo la integridad de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad económica, a las y los migrantes, a las víctimas del narcotráfico y la trata o por sumarse a la lista de los “daños colaterales” de la estrategia en contra de la delincuencia organizada.

Y aseveró que aunque en el Distrito Federal la violencia no toma una forma armada explícita, el crecimiento desmedido de los proyectos urbanos, “el urbanismo salvaje”, como lo llama Sergio Aguayo, es violencia.

“El abandono, maltrato y criminalización de las poblaciones callejeras es violencia; el usufructo del espacio público es violencia; la desatención de los cuidados que merece el ambiente es violencia; la corrupción es violencia; el maltrato carcelario, la presentación de probables responsables ante los medios de comunicación, el arraigo; todo ello es violencia, así como lo que deriva del incumplimiento de las obligaciones del Estado, es sin duda, violencia de Estado”, afirmó.

En ese contexto, alertó, el Distrito Federal está ante la oportunidad de afirmarse como espacio capaz de aportar soluciones alternativas a las del combatir la violencia con más violencia: “Contra la violencia, los derechos humanos. Hoy más que nunca, los derechos humanos deben ser asumidos como núcleo de la democracia, como eje de la política pública y como razón de ser del Estado constitucional al que aspiramos”.

A pesar de lo que esta ciudad ha avanzado, hay aún mucho más por avanzar, advirtió el Ombudsman capitalino: “No tengo duda en afirmar que la CDHDF tiene un rol protagónico en todo este proceso”, y llamó a las y los integrantes de la ALDF a sumarse para que el resto de los órganos de Gobierno del Distrito Federal se comprometan con la Reforma y con las y los habitantes y transeúntes, aliados en la contención de abusos de autoridad.

Desde la actividad legislativa, tal como lo ha hecho frente a la tortura, se espera que la ALDF haga lo propio frente a la figura del arraigo, declinando la tentación de hacer de la ley un instrumento del autoritarismo y, desde su Soberanía y Representación Popular, llamando a cuentas a quienes violan los derechos de sus representados.

INFORME ANUAL 2011

En su Informe Anual 2011, la CDHDF refiere un clima de resistencia a la aceptación de las Recomendaciones y llama a todas las autoridades, servidoras y servidores públicos del Distrito Federal, a asumir un serio compromiso con los derechos humanos, a través de la admisión de los puntos recomendatorios y de asegurar su debido cumplimiento en un plazo razonable.

Y es que, de las 13 Recomendaciones emitidas en 2011, las últimas 7 no fueron aceptadas totalmente, situación que compromete a la CDHDF y al Gobierno capitalino en la búsqueda de soluciones, en aras de la construcción de una ciudad de plena vigencia de los derechos y libertades y de no prolongar la impunidad y la afectación de las víctimas sobre sus vidas, derechos y libertades.

Durante 2011, la CDHDF atendió a unas 150 mil personas; otorgó más de 50 mil servicios; inició la investigación de más de 7 mil 500 quejas; concluyó más de 8 mil expedientes y emitió más de 5 mil medidas precautorias, además de 13 Recomendaciones.

Presentó también tres Amicus Curiae, dos acciones de inconstitucionalidad, cuatro Informes ante mecanismos del Sistema Universal de protección de derechos humanos y cuatro a las Relatorías del Sistema Interamericano.

Este Organismo realizó también 755 acciones educativas -seminarios, talleres y cursos- para 35 mil personas; cinco eventos en promedio por día, para más de 45 mil personas; atendió 725 solicitudes de información pública; emitió 462 boletines de prensa y logró 17 impactos diarios, en promedio, en medios de comunicación.

El ejercicio pacífico de peticiones a una autoridad sobre diversos temas aún es objeto de resistencias por parte de las y los servidores públicos. En 2011, los expedientes referentes al núcleo Democracia y derechos humanos, alcanzó 42.27% del total por la presunta afectación a ese derecho.

En el Distrito Federal persisten factores que condicionan el respeto a la honra y dignidad de las personas, así como el pleno reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación, tal es el caso de las injerencias arbitrarias en contra la dignidad, el honor y la intimidad de las personas de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI); de jóvenes, de integrantes de las poblaciones callejeras, de personas indígenas y de las y los adultos mayores, por citar algunos.

Las poblaciones callejeras siguen siendo víctimas de acciones de limpieza social, mediante actos dirigidos por autoridades e incluso de particulares, con la aquiescencia de aquéllas. A ello responde la Recomendación 13/2011, por el caso de un establecimiento de asistencia y rehabilitación para adicciones “Los Elegidos de Dios”.

De los 10 mil 240 expedientes de queja iniciados por la CDHDF durante 2011, 7.46% correspondió al núcleo Democracia y derechos humanos.

En esos 764 expedientes de queja, los derechos vulnerados fueron los de petición y pronta respuesta (42.2%), a la honra y dignidad (25.2%), a la igualdad ante la ley y no discriminación (12.1%) y a la información (11.5%).

Las autoridades mencionadas como presuntamente responsables de esas violaciones fueron la Secretaría de Gobierno (SGDF), con 32%; la SSP con 15%; y la PGJDF, con 8%.

Durante 2011, los expedientes de queja registrados en el marco del Sistema de justicia constituyeron 70.56% del total; de esos 7 mil 133 expedientes de quejas, 29% fueron por presuntos agravios a los derechos de las personas privadas de la libertad y 27% correspondieron al derecho a la seguridad jurídica; el derecho a la integridad personal alcanzó 14.28%, el derecho de la víctima o persona ofendida, 10.85%; y 9.4% de los expedientes con el derecho al debido proceso y garantías judiciales.

La SGDF acumuló 3 mil 865 menciones como autoridad probable responsable, de las cuales, 72% se suscitó en el marco de presuntas afectaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad, se atribuyó a dicha autoridad la probable responsabilidad de mil 149 acciones relacionadas con una eventual abstención u omisión de brindar una adecuada protección a la integridad física o psicológica de la persona privada de la libertad.

Del total de menciones que recibió la PGJDF como presunta responsable (2 mil 544), 45.8% se relacionan con probables violaciones a los derechos de las víctimas o personas ofendidas, vinculadas con la negativa para investigar diligentemente.

Las personas privadas de la libertad resultaron agraviadas ante la negativa u omisión de otorgar derecho de audiencia, así como para fundamentar y motivar los castigos, sanciones o amonestaciones impuestas a las y los internos; esa afectación ascendió a 16.5%. La abstención u omisión en el deber de custodia alcanzó 14.2% de las menciones.

La principal consecuencia de endurecer las penas e intensificar el uso de la prisión preventiva, aun en casos donde el bien jurídico es sólo patrimonial y de baja cuantía, ha sido el agravamiento de las condiciones de estos establecimientos, al sobrepasar la capacidad penitenciaria de la ciudad con 18 mil personas más.

Esa compromete la función resocializadora del sistema penitenciario y lo convierte en elemento que violenta de forma continua, permanente y sistemática los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Dicha situación urge a una reforma penal garantista e incluyente que considere la prevención social del delito, el acceso efectivo a las garantías judiciales y del debido proceso, y el establecimiento de penas alternativas a la prisión y de medidas racionales y objetivas para la ejecución de las sanciones penales.

Por otra parte, se registraron 2 mil 54 menciones relacionadas con presuntas violaciones al derecho a la seguridad jurídica, en donde la obstaculización u omisión de observar la ley o normatividad aplicable concentró 82.08% de las menciones, seguida de la falta o deficiencia en la fundamentación o motivación, con 14.26%, y la ejecución de cateos y/o actos de molestia al interior de un domicilio sin tener orden judicial para esta acción, en donde se recibió 3.1% de los señalamientos de presuntas afectaciones a este derecho.

Sobre los derechos de las víctimas o personas ofendidas, la negativa de investigar diligentemente representó 24.07% de las menciones; la negativa, restricción u obstaculización de asesoría como víctima de un delito alcanzó 14.79% de los señalamientos; el retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa fue de 12.40%. La autoridad más señalada por presuntas afectaciones a los derechos de las víctimas o personas ofendidas fue la PGJDF, con 95.80% de las menciones.

Respecto al derecho a la integridad personal, de las mil 207 menciones relacionadas con violaciones específicas, 64% se concentra en el uso desproporcionado o indebido de la fuerza (28.9%), amenazas e intimidación (19.4%), así como tratos crueles, inhumanos o degradantes (15.7 %). Los señalamientos por la presunta afectación a esos derechos se dirigen a la SGDF con 41.59%, a la SSPDF y la PGJDF, con 26.42% y 22.12%, respectivamente.

En relación con el derecho a un debido proceso y garantías judiciales, de las 904 menciones, 55% de las mismas se concentra en tres tipos de violación como son la violación u obstaculización de las garantías de debido proceso (24.1%), negativa, restricción u obstaculización de información sobre la situación jurídica (20.2%), y negativa, restricción u obstaculización para que el inculpado pueda ser asistido o asesorado por una o un defensor de oficio (10.7 %). La autoridad que obtuvo más señalamientos fue la PGJDF (65.04%); la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJSL) obtuvo 15.37% de los señalamientos.

En 2011 se emitieron 13 Recomendaciones, en 12 de las cuales se presentaron afectaciones a los derechos relacionados con el núcleo sistema de justicia. En ocho de estos instrumentos se identificó una afectación al derecho al debido proceso legal.

El Informe Anual 2011 apunta que en 5 Recomendaciones se acreditó la existencia de actos de tortura a cargo de personal de seguridad de la PGJDF y/o de la SSPDF, situación que pone en evidencia una serie de problemas estructurales y que obligan a la autoridad a reflexionar en torno a los mismos y a replantear muchos de sus criterios de actuación.

Para esta Comisión, la persistencia de la figura del arraigo en la legislación y su aplicación por parte de las autoridades constituye un elemento de especial atención. Esta situación fue apreciada a la luz de su Recomendación 2/2011, que fue aceptada en sus términos por el TSJDF y aceptada parcialmente por la PGJDF.

De los 2 mil 343 de los 10 mil 240 expedientes de queja recibidos por la CDHDF durante 2011, 22.88%, corresponden al núcleo de Seguridad humana, 55% de ellos por afectaciones al derecho a la salud; 10.41% a los derechos de la niñez; 5.46% al derecho al agua; y 4.69% al derecho a una vida libre de violencia.

Las autoridades mencionadas con mayor frecuencia como presuntamente responsables de violaciones a derechos de este núcleo, son la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con 39% de las menciones contabilizadas, seguida de la Secretaría de Gobierno con 23.7% y la PGJDF, 7.8%.

 En la comparecencia para informar la situación de los derechos humanos en la ciudad de México, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2011, estuvieron presentes las y los integrantes del Consejo, Consejeras Mercedes Barquet, Nashieli Ramírez, Patricia Galeana, Mónica González, Clara Jusidman y Denise Dresser; y los Consejeros Santiago Corcuera, Manuel Fuentes, Ernesto López Portillo, Carlos Ríos y José Woldenberg