Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 80/2012
1 de marzo de 2012
· Participa Ombudsman capitalino en el 1er Seminario Internacional en Diversidad e Inclusión
La exclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad redunda en el ejercicio de otros de sus derechos, además de limitar sus oportunidades económicas y de vida de acuerdo a sus necesidades y preferencias, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
La autonomía para las personas con discapacidad, explicó, significa que puedan vivir libres de obstáculos físicos y simbólicos que cancelan su acceso a la dinámica social: “Significa observarlas como seres capaces de tomar decisiones por ellas mismas, necesitadas de ciertos apoyos para expresar esa libertad, como las adecuaciones a los lenguajes de señas para personas sordas o el Sistema Braille”.
Al participar en el 1er Seminario Internacional en Diversidad e Inclusión, explicó que: “Cuando a una persona sorda, por ejemplo, se le priva de los apoyos para acceder a los planes y programas de estudio, no sólo se la excluye del aula, sino también de oportunidades económicas, resultado de una formación que le permita elegir entre distintas opciones laborales más adecuadas a sus necesidades y preferencias”.
En el mismo sentido, agregó González Placencia, cuando una persona con depresión menor o algún tipo de discapacidad psicosocial mayor, incluidas las adicciones, es expulsada de su trabajo sin ofrecerle alternativas para su reinstalación o un apoyo terapéutico, por ejemplo, se afianza en ella el estigma que convierte a sus afecciones mentales en motivo de vergüenza y miedo.
Durante su participación en el Panel 2: “Eliminando la discriminación hacia las personas con discapacidad”, subrayó que, desde su trinchera, las organizaciones de la sociedad civil han pugnado por la promoción de la autonomía y el fortalecimiento de las libertades ciudadanas que permitan a todas las personas con discapacidad vivir sin interferencias arbitrarias de instancias públicas o privadas.
La inclusión plena de las personas con discapacidad, renunciando al asistencialismo o a la creación de ghettos o compartimentos de tratamiento diferenciado, urgió, es una tarea de primer orden que debe involucrar voluntad política y recursos materiales suficientes.
En este sentido, explicó, no importa el número de personas que viven con discapacidad para colocar como tema de interés prioritario el combate de la discriminación que experimentan: “Una sola violación a sus derechos o cualquier afectación mínima a su calidad de vida son motivo suficiente para alertarnos de que algo en el conjunto del sistema democrático nacional no está funcionando adecuadamente”.
De otra manera, advirtió, estaríamos incumpliendo un mandato constitucional y abonando al crecimiento de las deudas de justicia histórica hacia los grupos tradicionalmente discriminados, en este caso, los derechos de las personas con discapacidad, entre los que es fundamental su derecho a la movilidad física y a la adecuación arquitectónica de los espacios públicos y privados, que se traducen también en otros tipo de exclusión simbólica y metafórica a combatir.
“Esto incluye a los que se ejercen en los subsistemas sociales de importancia superlativa, como el laboral, el sanitario, el educativo o el de justicia; pero también a aquellos espacios menos obvios, pero no por ello menos relevantes, como la recreación, el acceso a la tecnología, el ejercicio de una vida afectiva y sexual sana y responsable, así como el disfrute de bienes culturales”, señaló.
Y subrayó que la discriminación de las personas con discapacidad tiene que ver con el enfoque asistencialista y de paternalismo de Estado que entienden a la discapacidad como minusvalía, como la obligada dependencia de quienes la padecen e incluso como la reducción de las personas a una condición de salud, a un estadio de infancia perpetua.
La lucha por los derechos de las personas con discapacidad, agregó, exige hoy un enfoque de garantía de derechos, bajo los principios pro persona y deintegralidad e interdependencia, pues “Las personas con discapacidad necesitan ver garantizados aquellos derechos que redundan en el bienestar físico y material; pero también de la posibilidad de ejercer el conjunto de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, e incluso sexuales y reproductivos, que hacen de una vida auténticamente digna de vivirse”.
El Presidente de la CDHDF compartió el Panel con el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica; y con la Coordinadora de Investigación de Mercado del Grupo Dow México, Laura García.
El Seminario fue convocado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por el Departamento Jurídico de Johnson & Johnson.
