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Entrevista al Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, después de la inauguración de la Reunión Nacional Formación Ciudadana Democrática para la Construcción de una Cultura de la Legalidad

Transcripción 21/2012
15 de marzo de 2012

Pregunta (P): ¿Cuál es la postura que sostiene la CDHDF respecto al caso Florence Cassez?

Luis González Placencia (LGP): Ha sido la misma desde que conocimos el Proyecto del Ministro Zaldívar. Nos parece que es necesario hacer una lectura muy detallada del Proyecto. Identificamos por lo menos tres posturas en esta polémica que se ha generado. Una que desafortunadamente plantea que hay una oposición entre los derechos de las víctimas y los derechos de los procesados. Creemos que esa postura conduce inevitablemente a generar sentimientos de venganza y no es apropiada, desde nuestro punto de vista. Una que diría que el respeto al Debido Proceso puede obviarse en circunstancias en las que se presume la culpabilidad de antemano de una persona, y aunque aquí hay efectivamente sentencias que plantean la culpabilidad de la señora Cassez, es importante leer el Proyecto para darse cuenta de que esas sentencias no tomaron en consideración circunstancias que afectaban el Debido Proceso, y por lo tanto, el Proyecto del Ministro plantea una tercera posición que es la de que el respeto al Debido Proceso como condición, precisamente para poder saber si una persona es culpable  o es inocente, nuestra postura ha sido en ese sentido. No nos pronunciamos por la culpabilidad o por la inocencia de la señora Cassez, no es ese nuestro mandato, pero sí por una argumentación sólida que deja claro que el Sistema Penal, en este caso, no fue capaz de decidir si la señora es culpable o no.

P: Se habla ya de una tercera vía que podría ser la reposición del proceso judicial, ¿sería una buena medida ésta?

LGP: La argumentación que hace el Ministro Zaldívar no lo permitiría, porque pone en duda la participación de la señora Cassez en los hechos; es decir, es materialmente imposible reponer un procedimiento que está basado en una serie de suposiciones, que no fueron verificadas en su momento. Por esa razón creemos que, aunque se ha planteado esta idea, resultaría materialmente imposible.

P: ¿Sería correcto que lo atrajera también el Pleno y que no fuera nada más una de las salas?

LGP: No, también en ese sentido nos hemos pronunciado porque hay que recordar que hay un Acuerdo del Ministro Presidente de la Corte, que envía el Proyecto precisamente a la Primera Sala, por ser ésta la especializada en materia penal, este caso requiere de una discusión técnica, penal, y de ahí la necesidad de que se quede en esta Sala.

P: Respecto a que muchos presos puedan alegar los mismos argumentos que fueron detenidos y puestos en prisión con malos procedimientos, ¿qué opina? Se tendrían que ir a la calle por esos alegatos.

LGP: Dos consideraciones aquí; una primera que lo que se siga en el caso Cassez no hay una línea directa a otros casos, son procesos diferentes, incluso con los coacusados. Hay que tener en consideración que están siendo procesados, todavía no se sentencia, y habría que tener los cuidados entonces ahí para no cometer errores que comprometan el debido proceso en esos casos. Otra consideración que habría que hacer es que en línea general, naturalmente los argumentos que pueden llevar a la libertad a una persona, en este caso argumentos relacionados con el debido proceso, pueden llevar a la libertad a cualquier otra persona que esté en ese mismo supuesto, pero eso no depende de este caso, eso está en la ley, así es y así ha sido. Operará en este caso para la señora Cassez y operará en todos los casos en los que los abogados defensores lo hagan valer.

P: Los funcionarios responsables de estos vicios en el proceso, de este montaje, ¿tendrían que renunciar y ser investigados y en su caso ser castigados?

LGP: Yo creo que corresponde a las víctimas, precisamente ese es un derecho de las víctimas, el hacer las denuncias correspondientes y buscar efectivamente que se procese y se sancione a quienes fueron responsables de estos hechos.

P: ¿Es un mal mensaje mantener en sus cargos a estos funcionarios?

LGP: Digamos que es necesario, primero que haya la denuncia, que se procese que se inicie el proceso, y en este caso, si hubiera un proceso, me parece que una posición ética sí sería la de dejar los cargos.

P: ¿Va a emitir una Recomendación, iniciar una queja al respecto?

LGP: No. En este caso nosotros nos hemos limitado a proveer de un amicus curiae a la Corte. Lo hicimos ya en el pasado, justamente para el proyecto que presentó el Ministro Zaldívar, y ahora lo que hemos hecho es simplemente respaldar este Proyecto, no tendríamos ninguna competencia para emitir una Recomendación.

P: ¿Va a tener Visitadores, personas de la Comisión para las marchas de hoy?

LGP: Sí, vamos a estar atentos a las marchas, desde luego, para evitar que haya abusos, ahí estaremos, en las calles.

P: ¿Algo más que desee agregar?

LGP: Yo creo que es importante que en esta discusión evitemos caer en posiciones maniqueas. Creo que la lectura del Proyecto es necesaria para poder opinar.

P: ¿Por qué cree que tengan opiniones contrarias usted y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?

LGP: No, en el fondo no me parece que tengamos opiniones contrarias. Nos estamos refiriendo a dos momentos procesales distintos. Ambas Comisiones defendemos los derechos, tanto de las personas procesadas como de las víctimas. Lo que no hay que confundir es respecto de quién los defendemos, y está muy claro que nuestra competencia es defenderlos frente al Ministerio Público, la Policía, los Jueces y los defensores públicos.