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En 2011, CDHDF tramitó 110 quejas sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia

Boletín 88/2012
7 de marzo de 2012

  • En tanto no se trabaje en evitar la impunidad se generará un escenario de tolerancia a violaciones de los derechos de las mujeres: Guadalupe Cabrera.

En el marco del Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional (8 de marzo), la Cuarta Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Guadalupe Cabrera Ramírez, informó que durante 2011 esta institución tramitó 110 quejas sobre el tema de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

Detalló que de estas 110 quejas, en 97 casos (88.18%) estuvieron vinculadas mujeres y que las autoridades más denunciadas fueron la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina.

Explicó también que la CDHDF gestionó 193 quejas por violaciones al derecho a la honra y a la dignidad, de las cuales en el 58.5% de los casos se referían a mujeres en calidad de víctimas.

“De esas 193 quejas, 113 (58.8%) menciones eran precisamente para las mujeres. Tal vez ese es uno de los mayores derechos vulnerados”, subrayó.

Apuntó que las autoridades más mencionadas en este rubro fueron la Secretaría de Salud, la SSP-DF, la PGJDF, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y la Secretaría de Gobierno capitalina.

Bajo este contexto, Cabrera Ramírez consideró que en tanto no se trabaje en evitar la impunidad se generará un escenario de tolerancia a este tipo de violaciones a derechos de las mujeres, que más tarde se traducirá en repetición de actos.

Cabe señalar que durante 2011 fue emitida la Recomendación 9/2011 por violencia contra mujeres trabajadoras en diferentes instituciones y dependencias del Distrito Federal, la cual fue aceptada en sus términos por las autoridades del GDF, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero y parcialmente por la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, y que ya en la Recomendación 3/2010, emitida por el caso de hostigamiento o acoso sexual laboral en agravio de las mujeres trabajadoras en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, esta Comisión había dado cuenta del problema de violencia contra las mujeres en los ámbitos laboral e institucional.

Igualmente en 2011, se emitió la Recomendación 7/2011, originada en las omisiones de las autoridades para dar atención eficaz y oportuna a una interna en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, quien perdió la vida al igual que el producto de la gestación. Fueron violados, en agravio de esta interna, el derecho a la vida y a la salud, entre otros. Lamentablemente, la Secretaría de Salud no aceptó la Recomendación.

Pese a esta situación, Cabrera Ramírez aseveró que a partir del 2008 han existido avances importantes en el reconocimiento de los derechos del sector femenino.

“En 2008 se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y no significa que no haya instrumentos nacionales o internacionales que reconozcan sus derechos, pero en el caso de la ciudad de México significa un reconocimiento a nivel local y con la posibilidad, la pauta y el deber de distintas autoridades de materializar esos derechos; es decir, permitir una garantía en su goce y disfrute“, dijo.

Reiteró que existen avances en la normativa y en el impulso de distintas instituciones públicas para hacer efectivo los derechos de las mujeres, aunque reconoció que también hay pendientes.

“Por ejemplo, la Procuraduría y el Tribunal son los que inician todo el trabajo relacionado con crear los mecanismos al interior para garantizar el acceso efectivo a la procuración e impartición de justicia, en términos de evitar o suspender alguna de las violencias que viven las mujeres”.

“En términos generales yo diría que hemos tenido avances en el reconocimiento a nivel local de los derechos de las mujeres, pero sin duda todavía existen grandes retos por solventar”, apuntó.

Entre los pendientes se encuentra la falta de cumplimiento de diversas Recomendaciones motivadas por violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, después de seis años de emitida la recomendación 8/2005, dirigida a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Salud del Distrito Federal por la muerte de una interna en el Centro Femenil de Prevención y Readaptación Social Santa Martha Acatitla, debido a la falta de atención médica oportuna, aún no se ha logrado que se garantice a las internas de dicho centro atención ginecológica y pediátrica permanente. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Salud todavía no ha concluido el trámite para conseguir la certificación sanitaria de la unidad médica ubicada en ese centro ante la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, lo que repercute directamente en el abasto de medicamento controlado.

Por lo que hace a la Recomendación 12/2008, relativa al caso de desprotección de las niñas y niños que viven con sus madres en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, la CDHDF recomendó a la Secretaría de Gobierno que armonizara el Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal conforme al interés superior de niñas y niños, cuestión que no ha sido atendida.

Por otro lado, se han registrado avances significativos en el cumplimiento de la Recomendación 15/2008, dirigida a la Secretaría de Salud del Distrito Federal por diversos casos de negligencia médica y deficiencias en la atención e información proporcionadas a las usuarias del programa de Interrupción Legal del Embarazo, una de las cuales perdió la vida, sin embargo, aún queda bastante por hacer en el fortalecimiento del mecanismo de supervisión del mismo.

Otro pendiente importante es la elaboración de un diagnóstico que permita identificar con precisión las deficiencias existentes en la red hospitalaria del Distrito Federal para brindar una debida atención a la salud materno infantil. Lo anterior fue recomendado en el instrumento 2/2009; sin embargo, hasta la fecha a esta Comisión no se le ha documentado que dicho diagnóstico se haya realizado, lo que es un paso indispensable para implementar los mecanismos necesarios y suficientes que garanticen la atención integral, pronta y eficaz que las mujeres requieren.

En 2010 la CDHDF emitió la Recomendación 4/2010 por violencia institucionalizada de género: hostigamiento sexual, explotación de la prostitución ajena y trata de internas en el sistema penitenciario del Distrito Federal, haciendo énfasis sobre las condiciones que prevalecen en los centros preventivos varoniles y que propician que este problema continúe. En la actualidad existen avances en cuanto al sistema de registro de ingreso de internas e internos a los túneles para la práctica de diligencias judiciales; sin embargo, no son suficientes los elementos de seguridad y custodia que realizan rondines durante dichas diligencias, el circuito cerrado de televisión en los túneles aún no está operando y la falta de iluminación pone en riesgo la integridad de las mujeres internas que acuden a los juzgados penales ubicados en los centros de reclusión varoniles (Norte, Oriente y Sur) para el desahogo de diligencias judiciales.

En este sentido, Guadalupe Cabrera identificó como uno de los retos el hecho de que en las instituciones públicas de la ciudad de México falta trabajar en permear de una manera completa la perspectiva de derechos ciudadanos y la atención especializada a mujeres.

“Hoy por hoy en el Distrito Federal seguimos encontrando escenarios en donde las características principales de afectación a derechos humanos vinculados con mujeres se dan dentro de instituciones públicas”, afirmó.

Estas afectaciones, dijo, se reflejan en tres rubros: discriminación por su condición de mujer; violencia institucional y acoso sexual, que afectan su derecho a la dignidad como persona.

Consideró fundamental hacer énfasis en estos puntos, porque en la medida en que al interior de las instituciones no se trabaje en acciones concretas para combatirlas, la normatividad a favor de los derechos de las mujeres no será suficiente.

“Tanto el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal como otros instrumentos de mayor jerarquía, como las leyes o la propia Constitución y las convenciones internacionales, dan la parte normativa, pero eso significa traducirlo en una serie de tareas que tengan como objetivo principal esa efectiva garantía”, puntualizó.

Cabrera Ramírez aseguró que para llevar a cabo lo anterior se requiere capacitar y formar a las y los servidores públicos en lo que significa la violencia o una conducta discriminatoria hacia una mujer por su condición de género; así como acompañar a las víctimas para evitar actos de impunidad y trabajar en la educación desde el nivel básico a fin de implementar una cultura de respeto a los derechos de las personas.

“En una sociedad que tiene muy arraigados estereotipos o escenarios de violencia significa una oportunidad de trabajar y permear desde las primeras etapas”, manifestó.

En este sentido, la funcionaria de la CDHDF identificó tres escenarios para trabajar: garantizar que en los ámbitos de trabajado haya ambientes libres de violencia y de discriminación; atención especializada y con sensibilidad para las mujeres y abonar en el ámbito educativo a la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas y de las mujeres.