Transcripción 15/2012
27 de febrero de 2012
Pregunta (P): Quisiera saber si usted podría decirnos cuál sería el número de internos que deberían ocupar las cárceles capitalinas o el número de penales que debía haber en la ciudad para saber qué es lo ideal. Por otro lado, si nos puede recordar cuántos reos de orden federal están en las cárceles capitalinas.
Luis González Placencia (LGP): Las cárceles están previstas para un aproximado de mil presos, hay que recordar que esa capacidad ya es una capacidad reformada, porque esos Reclusorios originalmente fueron pensados para 8 mil personas, ahora albergan 40 mil, es decir que en el espacio que debería ocupar una persona están dos, ese es el tamaño de la sobrepoblación, y el número de reos federales son alrededor de 5 mil, que están compurgando en prisiones del Distrito Federal.
P: (inaudible)… con relación a este plan, si la actitud del Secretario es decir que ustedes no tienen competencia.
LGP: La tenemos en la medida en la que esa circunstancia ha motivado la restricción de derechos al interior de las instituciones penitenciarias, cuando hablamos de que a través del uso de teléfonos celulares se cometen delitos, estamos claros que la competencia para investigarlos es de la Procuraduría del Distrito Federal, pero cuando esa circunstancia se convierte en una restricción para evitar por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, desde dentro de la institución, entonces se convierte en un tema de derechos humanos. Nosotros hemos expresado en distintos momentos que es importante entablar ese debate y ver si esa estrategia de castigar los aparatos telefónicos, como ocurre hoy, es la estrategia adecuada, porque además eso se ha convertido, con motivo de caso que todas y todos conocimos de los twitteros a principios del año, se convirtió en un pretexto para realizar una búsqueda al interior de la institución que, nos preocupaba, podría causar castigos injustificados, entonces, en esa medida, se convierte en un tema que es de interés para nosotros, y naturalmente también en términos de la necesidad de garantizarle a la ciudadanía certeza de que desde la prisión no se van a cometer delitos. Por otra parte también, les hago de su conocimiento que firmamos una Conciliación con el Sistema Penitenciario para que se instalaran y funcionaran esos bloqueadores, de manera tal que tenemos una competencia natural también para supervisarlos.
P: (inaudible)…y también precisamente por el traslado que ha habido de los internos para recibir atención médica en hospitales, si nos puede decir también cuántas fugas se detectaron por esta situación.
LGP: La semana pasada se registraron 9 muertes, tres de ellas son por presuntos homicidios, otras tres son por una presunta falta de atención médica adecuada, y los otros tres fallecieron por muerte natural. Tenemos registrados en el año 2011, 124 personas que perdieron la vida, 13 de esas 124 fueron por homicidios y 19 son casos de suicidio, que estamos actualmente investigando. Sobre el tema de traslados, hace semana y media se inauguró como se sabe la Torre Médica en Tepepan, que cuenta con una serie de adelantos importantes y pensamos que va a ayudar a reducir la problemática de los traslados, sin embargo nos preocupa que sea insuficiente, todavía será necesario hacer una valoración para ver si efectivamente ya estos traslados se reducen de manera notable. Como se sabe, en los traslados ocurren circunstancias en las que se han presentado fugas de internos, no tengo el dato claro de cuántas fugas son las que se han presentado en las últimas semanas, pero la condición de traslado, naturalmente sí plantea un riesgo para ello.
P: Se supone que la conferencia es para advertir sobre posibles situaciones que puedan parecerse a los penales de Apodaca y Honduras, quisiera que me pudiera explicar más a detalle, por qué comparar los penales capitalinos con estas cárceles, por qué decir que puede suceder lo mismo, en caso de un incendio, por ejemplo, la infraestructura de los penales capitalinos no tiene la suficiente herramienta para poder combatir un incendio de este tipo. Por otra parte, sobre los grupos de poder, por una parte el Sistema Penitenciario no los reconoce. Lo que usted decía es que sí han documentado los grupos de poder, entonces, preguntarles cuántos grupos de poder existen dentro de las cárceles, si ya están documentados, quien los lidera.
LGP: La razón la acabas de repetir tú. Qué tienen de semejante el caso de Honduras y el caso de Apodaca con la ciudad de México; el primer caso, que los niveles de sobre población que tenemos en las prisiones de la ciudad no nos permiten saber con certeza si existe la posibilidad de generar una operación que salve la vida o que prevenga que personas pierdan la vida en el caso de una contingencia, y esa contingencia puede deberse a cualquier cosa, es decir, nuestro llamado de atención tiene que ver con eso, porque eso puede ser provocado por ejemplo por un sismo, puede ocurrir en cualquier momento, ser provocado por alguna circunstancia que genere un incendio, de hecho tenemos datos hay casos documentados en el que internos han intentado prenderle fuego a cosas dentro de la institución, queremos saber si las instituciones penitenciarias están o no preparadas para enfrentar una contingencia de esa naturaleza. Hay un problema que es menos visible, que es el de la posibilidad de una epidemia o de una pandemia que incluso tenga su epicentro en el propio Reclusorio, es decir, los problemas que se dan por el número tan elevado de personas que están conviviendo en estos lugares, tienen también una repercusión en términos de salud, y hay enfermedades, según lo hemos podido documentar nosotros que se originan dentro de la institución y que salen cuando los internos ya son liberados, estas enfermedades salen con ellas y se diseminan afuera. Entonces, el tema de la sobrepoblación es un asunto que es importantísimo abatir, porque se convierte en un riesgo. Ahora, con el penal de Apodaca, tenemos que tomar la lección de que dentro de las instituciones penitenciarias hay grupos que comandan, en diversas áreas, en el caso de la ciudad de México, nosotros hemos podido documentar circunstancias como esas, que es precisamente en el control de ciertos mercados; y hemos sido muy enfáticos, por ejemplo, al señalar cómo estos grupos funcionan alrededor del tema de la prostitución al interior de la institución penitenciaria. Seguramente ello opera también para el caso de todas aquellas mercancías ilegales que se consiguen dentro de la prisión, que todas y todos ustedes saben circulan ahí de manera ilegal. Alrededor de eso se conforman otros mercados también paralegales, que hacen que hoy por hoy la prisión sea un negocio muy importante. Entonces sí nos preocupa. Están identificados los casos, los hemos dado a conocer a través de las Recomendaciones. La última de ellas tiene que ver con la trata de internas, pero a lo largo de 18 años esas circunstancias se han documentado; y bueno, las autoridades penitenciarias, lo que a nosotros nos parece es que más que negar la existencia de estos grupos lo que tiene que hacer es investigarlos, y demostrar por la vía de esas investigaciones que efectivamente estos no existen.
P: Con respecto a la primera respuesta decía que tal vez la situación es que las autoridades penitenciarias no han informado realmente si están preparadas para una contingencia de este tipo, como un incendio. Pero entonces es una gran diferencia de que se desconoce hasta el momento si el sistema penitenciario es capaz de controlar así, a decir que va a ocurrir lo mismo, ¿no?
LGP: Lo que decimos es que en esas circunstancias por supuesto que estamos en riesgo de que ocurra una tragedia. Hay que recordar que el año pasado cuatro internos murieron calcinados por efecto de una mala instalación eléctrica. Recordaran ustedes el dato. Afortunadamente quedó en eso. Pero ya desde entonces hicimos el llamado para que se atendieran, desde una perspectiva de protección civil, todas las medidas necesarias primero para prevenir que estas cosas ocurran y segundo para garantizar un mecanismo que permita actuar en caso de que ocurrieran.
P: Con respecto a la segunda pregunta no me contestó cuántos grupos de poder han documentado ustedes y por quiénes son liderados.
LGP: La información sobre por quiénes son liderados no la tenemos nosotros clara. Los grupos funcionan como redes, eso es importante comentarlo, porque no estamos hablando de grupos piramidales, sino de redes de poder que están dentro de las instituciones. Y de esas redes la que tenemos muy bien documentada y dimos a conocer fue la de trata de internas, en donde se ve con toda claridad cómo actúan servidores públicos tanto de reclusorios como del Tribunal Superior, e incluso internos e internas, para garantizar el acceso a los internas en los túneles masculinos. También documentamos en su momento lo que tiene que ver con la administración de las cabañas al interior de los reclusorios que también está funcionando en redes. Entonces nos parece que un asunto pendiente que tiene la administración penitenciaria es poder estudiar esos fenómenos e intervenir en ellos de manera eficiente. Es decir, no se trata simplemente de localizar alguno que pueda ser considerado como el líder de un grupo y apartarlo, porque dado que funcionan como redes eso no garantiza nada, la red seguirá funcionando. Hay que poder identificar las redes e intervenir en ellas.
P: ¿Entonces cuántos grupos de poder habría en cada penal por lo menos, dos o tres?
LGP: Todos los que te imagines que puedan controlar los mercados ilegales que hay al interior. No tenemos una noticia, digamos, certera. No te puedo decir son tres o cuatro. Son fenómenos dinámicos, e incluso existe la posibilidad de que algunos funcionen para diversas cosas.
P: Doctor, si nos pudiera detallar exactamente de la sobrepoblación que nos comentaba, saber en dónde está el foco rojo, qué instalaciones han detectado ustedes en algún penal que sean más vulnerables y sobre todo qué está pasando con las mujeres en los penales, si también existe esa sobrepoblación en algún porcentaje.
LGP: Los más sobrepoblados son el Oriente y el Norte. Es ahí en donde pensamos nosotros que puede haber un mayor riesgo. En el Reclusorio Norte la sobrepoblación es de 6 mil 432 personas; en el Reclusorio Oriente es de 6 mil 774 personas. Estamos hablando en los dos casos de reclusorios que superan los 10 mil internos. El primero, en el Norte, están internos 11 mil 862 personas; en el Oriente están 12 mil 378 personas. Esa es la dimensión de gente que está interna en ese espacio, desafortunadamente no tengo el dato de cuál es el espacio vital dentro de la institución penitenciaria. O sea la capacidad es de 5 mil presos, pero lo que sería interesante saber es en términos de espacio de densidad cuál es la sobrepoblación. Ese dato no lo tenemos, haber si lo podemos saber. Pero ya el saber que estamos hablando de más de 10 mil personas presas en un espacio confinado, ya sólo es una circunstancia de riesgo. En el caso de las mujeres tenemos acá que solamente en el caso de Tepepan hay una sobrepoblación de 36 internas. Ahí la situación es mucho menor porque como todos ustedes saben el número de mujeres que están privadas de la libertad es considerablemente menor que en el caso de los hombres. Ahí la problemática es de otra naturaleza. Pero en donde identificamos el riesgo sin duda es principalmente en el Reclusorio Norte y en el Reclusorio Oriente.
P: Nos podría aclarar cuáles serían los otros aspectos que se viven en Tepepan…
LGP: Sí, claro, ahí más bien tiene que ver con que todas las circunstancias de violación de derechos humanos que viven los hombres se viven de manera agravada en el caso de las mujeres. Por supuesto el acceso a la visita íntima ha sido uno de los temas que más nos ha preocupado y que también ha sido documentado en las distintas Recomendaciones; y el tema de la salud, que como dimos a conocer en un informe reciente, son las mujeres las que tienen mayores complicaciones de acceso al servicio médico.
P: Ayer el Sistema de Reclusorios anunció que van a invertir 200 millones de pesos en rehabilitación de los penales, ¿ustedes van a estar al pendiente de que se lleven a cabo y cómo va a estar esta situación?
LGP: Sí, naturalmente. Yo he tenido pláticas con el Secretario de Gobierno en ese sentido. Es verdad que ellos no tienen que rendirnos cuenta de cómo gastan ese dinero, pero sí tienen que rendírselo a toda la ciudadanía. Entonces será importante ver cómo la inversión que se aplique este año en reclusorios hay que ver si tiene o no tiene un impacto directo en la protección de derechos.
P: Doctor, ¿y cuándo se reuniría con el Jefe de Gobierno para darle este paquete de recomendaciones y el diagnóstico que acaba compartir?
LGP: Seguramente vamos a tratar este tema con el Consejo de la Comisión. Ya en el pasado, hace dos años, el Consejo envío un pronunciamiento al Jefe de Gobierno manifestándole la preocupación por las 90 personas que perdieron la vida en el año 2010. Seguramente esta ocasión nos darán la oportunidad de volver a hacer ese llamado desde el Consejo de la Comisión.