Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 10/2012
9 de febrero de 2012
Pregunta (P): Inaudible
Luis González Placencia (LGP): Ha sido una preocupación para nosotros que sistemáticamente las autoridades delegacionales han hecho caso omiso de las observaciones que hemos hecho de diversa manera. Tanto de las Recomendaciones que no han sido aceptadas, como de los distintos pronunciamientos en los que hemos llamado, hemos querido llamar la atención de la Delegación (Cuauhtémoc) para que ajuste sus estándares a las políticas que sean congruentes a los Derechos Humanos. Tenemos cómo ustedes saben, el tema de poblaciones callejeras, tenemos el tema de las personas que ejercen la prostitución, tenemos el tema de la venta ambulante, en esos tres casos desafortunadamente, aunque la Delegación ha implementado algunas políticas, estas políticas no son congruentes con lo que ha planteado la Comisión. Y nos ha parecido necesario hacer del conocimiento público, que hay esta sistemática serie de acciones por parte de la Delegación de desconocer lo que la Comisión plantea.
P: ¿Qué les dice la Delegación ya cuando ustedes buscan una reunión, una plática, un informe?
LGP: Yo he tenido un par de reuniones con el Delegado, lo que tengo que decir es que ha mostrado disposición en esas reuniones, la relación en lo personal es una relación buena, sin embargo ya a la hora de operar, es donde encontramos dilación a la hora de la respuesta, o definitivamente una actitud de ignorancia de las disposiciones de la Comisión.
P: ¿Hay otras autoridades que también sigan esta misma posición que la Delegación Cuauhtémoc?
LGP: No, con la Delegación Cuauhtémoc es con quienes hemos tenido más dificultad. En otros momentos si ha habido con otras instancias, pero la verdad es que ha mejorado muchísimo la relación y la disposición, pero con Delegación Cuauhtémoc esto ha sido sistemático.
P: Doctor, ¿Estas nuevas reformas que se contemplan, podrían beneficiar a los internos?
LGP: Hay un principio que implica la posibilidad de aplicación retroactiva, de aquellas medidas que sean en beneficio de las personas libradas de la libertad, eso tendrá que promoverse a través de los jueces de ejecución. Ya existe ese mecanismo, a través del cual los defensores de los internos o los internos mismos tendrán que solicitar esta posibilidad, el juez de ejecución valorará, y si se considera pertinente se beneficiarán de ello.
P: ¿En estas reuniones que tuvo con la diputada Barrales, hablaron de este problema que hay con estos jueces de ejecución?
LGP: No hemos platicado de eso, esa es parte de la agenda. Ahora lo que nos preocupaba atender de inmediato es el tema del sistema penitenciario, que pensamos que es donde se refleja con mayor claridad la crisis que hay en el sistema penal, y también dentro del paquete de asuntos que tenemos que ver con la Asamblea, está la asignación presupuestal.
P: Doctor, aparte de la despresurización de los reclusorios, ¿cuáles son otras necesidades que tienen los penales capitalinos? Nosotros nos hemos dado cuenta también que algunos funcionarios, los directores, no cuentan con la capacitación, ni con el perfil. Incluso alguna vez tuvieron un veterinario que estaba dirigiendo el Reclusorio Sur.
LGP: Hay muchísimos pendientes desafortunadamente, desde las instalaciones mismas, los servicios que se dan al interior. Como ustedes saben el tema de salud por ejemplo es uno de los más graves dentro de la institución penitenciaria, entonces efectivamente, junto a estas medidas, hay que implementar otra serie de medidas contingentes, que vayan mejorando la vida en reclusión.
P: ¿Qué acciones debe implementar la Comisión para que esta iniciativa no sea solamente buenas intenciones? Por que hemos visto que en esta Legislatura y en anteriores, urgen los diputados para reformar el sistema penitenciario y siempre es lo mismo.
LGP: Aquí es importante tener en consideración que hay un nuevo marco constitucional que obliga al Gobierno de la ciudad de México, por supuesto a todo el país, a implementar las reformas recientes, tanto la penal como la de derechos humanos, entonces eso tendría que ejercer una presión importante, y vamos a buscar acompañamiento también tanto de la academia como de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para empujar que esta iniciativa salga.
P: ¿Ya hablaron ustedes con autoridades penitenciarias para ver en qué condiciones se podrían dar esta reforma?
LGP: No, todavía no, para nosotros era importante primero presentar la iniciativa, como anunció la Diputada (Alejandra Barrales), a partir de este momento, empezaremos a tener mesas de trabajo, tanto con Gobierno como con otros diputados de la Asamblea.
P: ¿Beneficia también esta iniciativa a las personas que están encarceladas?
LGP: Sí, comentaba que hay un principio penal en el propio programa, que implica que cuando hay una reforma que beneficia a las personas que ya están penadas, esta reforma se les pueda aplicar, esto tendría que ocurrir a través de los jueces de ejecución.
P: ¿Qué opinión le merece que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha negado a brindarle protección a la activista Norma Andrade, incluso investigar este atentado del que fue víctima, tomando en cuenta su historial como defensora de los derechos humanos?
LGP: No conozco la disposición de la PGR, pero en todo caso no hay que olvidar que es una obligación del Estado, tanto del estado de Chihuahua, como de la Federación, brindar esta protección.
P: ¿Usted ha mantenido contacto con ella después de que salió del hospital?
LGP: Indirectamente, por razones de seguridad, hay gente que está encargada de ese tema dentro de la Comisión: sí hemos mantenido contacto.
P: ¿Haría un llamado al Gobierno federal, a la PGR, a que se haga cargo de esa responsabilidad?
LGP: Sí, desde luego, no solamente la PGR, insito que el gobierno de Chihuahua, también tiene la responsabilidad.
P: ¿La actuación del Estado mexicano en este sentido?
LGP: Es una muestra de que no se cumplió con la obligación que tenía y que pudo haberle costado la vida a una persona.
P: ¿Este atentado se debe investigar como una agresión cualquiera, como un tipo de delito del fuero común?
LGP: No, tiene una connotación especial, yo creo que la obligación del Ministerio Público en este caso, sería de descartar que se trató de un delito que se cometió en razón de su condición de defensora, sólo en ese caso podría tratarse como un delito común.
P: ¿Están verificando que la Procuraduría en realidad esté dando la protección que ofreció?
LGP: Sí, así es. La Comisión ha estado en contacto tanto como con la Procuraduría como con Secretaría de Seguridad Pública, para garantizar la seguridad de la señora.
P: ¿Cuál sería su opinión si ella sale del país por su propia protección?
LGP: Es una decisión que le toca a ella tomar, es lamentable que tenga que suceder así, pero es un recurso, de ser necesario, por su propia seguridad pues ojalá que se haga y que se faciliten las necesidades, pero me parece que el mensaje no es bueno, el mensaje, es que tendríamos que poder vivir aquí y ejercer nuestras profesiones aquí en condiciones de plena seguridad.
