Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 74/2012
26 de febrero de 2012
- Enfatiza que en México el ejercicio del derecho penal y de la facultad punitiva no caminan por los cauces de la democracia y del debido proceso legal.
El Consultor General Jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Fernando Coronado Franco, aseveró que en México “es muy fácil propiciar impunidad” y prueba de ello es que la tortura es una práctica diaria sin que a la fecha haya servidores públicos sancionados.
“Lamentablemente en el país el sistema de justicia penal no se apega a los criterios de protección de los derechos fundamentales”, sentenció.
Al encabezar la “Mesa 5. Alfonso Martín del Campo: Actos de tortura en los procesos de averiguación previa” dentro del Foro Violaciones a los derechos del debido proceso en la investigación ministerial. Casos, causas y consecuencias, enfatizó que el ejercicio del derecho penal y de la facultad punitiva no caminan por los cauces de la democracia y del debido proceso legal, lo que origina que no haya juicios justos como criterio general.
“Podrá haber juicios justos como excepción, pero en una democracia eso no se vale. Se vale que pueda haber juicios injustos como excepción y no juicios injustos como regla”, subrayó.
Coronado Franco se pronunció porque el reconocimiento de inocencia sea visto por los impartidores de justicia como una institución al servicio de los derechos humanos.
“Es un instrumento que debe ser reconocido por los juristas y por los juzgadores del país como un instrumento para reparar violaciones a derechos ciudadanos o para detener una violación en curso a los derechos”, finalizó.
Por su parte, el Consultor de Enlace del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Zamir Fajardo Morales, afirmó que en México existe un grave problema del uso de la tortura como mecanismo de investigación en el ámbito de la procuración de justicia.
Y como ejemplo citó los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la tortura y el Subcomité para la prevención de la tortura, ambos de las Naciones Unidas, en los que concluyen que en el país existe se utiliza la tortura como herramienta de investigación en el ámbito penal.
“Lo que le plantean como recomendación al Estado es que pongan sus focos rojos y particular atención a este que es un problema grave”, dijo.
Hizo hincapié en que ninguna confesión obtenida bajo tortura puede garantizar un juicio justo.
En tanto, el Coordinador General del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Javier Enríquez, aseguró que el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd es un referente de violación a derechos humanos de carácter relevante y emblemático, porque evidencia un patrón sistemático de confesiones arrancas bajo tortura que se agrava cuando los jueces le dan valor pleno.
“Casos como el de Alfonso Martín del Campo siguen sucediendo a la fecha sin que todavía exista justicia en el reconocimiento de los casos que denuncian tortura en el país”, dijo.
Detalló que es un patrón generalizado no dar inicio a la investigación por tortura por parte de los Ministerio Públicos y jueces, así como evitar que se lleva a cabo el Protocolo de Estambul en el momento oportuno.
A su vez, el abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Sergio Méndez Silva, señaló que el caso de Alfonso Martín del Campo es una brutal injusticia, porque no hay ningún elemento que apunte a que es responsable de cometer el delito por el que se le condenó.
