Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 51/2012
6 de febrero de 2012
- 134 casos registrados en total el año pasado, amenazas las agresiones más recurrentes
Asesinatos, privación de la libertad, agresiones físicas, allanamientos, robos y amenazas, son parte de las 134 agresiones contra periodistas, profesionales de la comunicación y ciudadanos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) registró durante 2011, por el hecho de ejercer su derecho a la libre expresión.
La Relatoría para la Libertad de Expresión documentó 11 homicidios y 4 casos de privación de la libertad, sin que hasta el momento se conozca el paradero de las víctimas.
Las amenazas son el tipo de agresión más recurrente al registrarse 34 casos del total, seguido de agresiones físicas con 16, y 15 registros relacionados con la obstrucción al ejercicio periodístico. De igual forma se contabilizaron 11 robos y siete ataques a instalaciones de medios de comunicación y otros tantos de impedimento para la circulación de publicaciones.
Cabe destacar que se contabilizaron 75 casos en los que las víctimas fueron hombres, 24 ocasiones mujeres, 23 correspondieron a ataques a instalaciones de medios de comunicación, y 11 casos en los que la sociedad en su conjunto resultó agraviada.
El registro de la Relatoría para la Libertad de Expresión es elaborado a través de comunicados de organizaciones, medios de comunicación, entrevistas directas con las víctimas o los directivos de los medios de comunicación en los que éstas colaboran.
En cuanto a agentes probablemente responsables se tienen registrados a 43 servidores públicos del ámbito local, 42 que no se lograron identificar, 23 funcionarios o servidores públicos del ámbito federal, 15 particulares y 11 de grupos delictivos.
En relación a la incidencia de casos en los estados, el registro arroja que el Distrito Federal tiene el mayor número de agresiones a personas que ejercieron la libertad de expresión con 22 registros, entre ellos destacan los asesinatos de las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, la primera de ellas colaboradora de la revista Contralínea. En ambos casos la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó, en el mes de octubre, que el móvil no tenía relación con el ejercicio periodístico.
Otro caso fue el allanamiento y robo a las oficinas de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) en el mes de mayo, hecho por el cual se abrió una investigación en la PGJDF de la que no se tienen aún resultados. Así también, esta Comisión se encuentra integrando una queja por presuntas violaciones a derechos humanos.
Entre otras agresiones registradas en la ciudad destacan los actos de amenazas, agresiones físicas, obstrucción al ejercicio periodístico, robo, impedimento para la circulación de publicaciones, tentativa de homicidio, detención, intervención de comunicaciones, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, entre otras.
En segundo lugar de casos de agresiones se ubica el estado de Veracruz, con 15 registros, dentro de los cuales resaltan los cuatro asesinatos de comunicadores, tres de ellos colaboradores del principal medio escrito de comunicación en la entidad, Notiver.
También resalta el caso de un colaborador periodístico que fue privado de su libertad y cuyo paradero se desconoce hasta el momento, así como la detención y sujeción a proceso de dos personas quienes a través de la red social Twitterdifundieron una información que no resultó veraz; sumado al incendio provocado en las instalaciones del periódico El Buen Tono.
En tercer lugar en el registro de agresiones se encuentra el estado de Chihuahua con 13 registros, seguida de Sinaloa con 9, Chiapas con 7, y Puebla, Oaxaca y Coahuila, con 5 cada una.
Estas cifras coinciden con lo señalado por las Relatorías de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos (OEA), quienes sustentan que México es uno de los países más riesgosos para ejercer la profesión periodística. Lo anterior ilustra las condiciones de vulnerabilidad en las que los y las periodistas ejercen su profesión, considerando que las cifras de periodistas asesinados entre los años 2000 al 2011 suman 77 casos y de periodistas desaparecidos ascienden a 16.
Cabe destacar que a estas condiciones de vulnerabilidad se le suman las nuevas amenazas al ejercicio de la libertad de expresión a través de las redes sociales, proferidas desde esferas gubernamentales pero también desde las empresas que manejan estas redes.
Asimismo se registró un aumento en agresiones graves -que significan un daño irreparable como los homicidios y privación ilegal de la libertad de personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión en el país- que da cuenta de la falta de condiciones y mecanismos para garantizar adecuadamente este derecho.
Por tanto, la CDHDF hace un llamado a las autoridades locales y federales a fin de redoblar esfuerzos para lograr que acciones, como el mecanismo federal de protección, mejoren el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México.
