Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 06/2012
30 de enero de 2012
Pregunta (P): Platíquenos sobre este caso de Casita del Sur, este llamado que hace la Comisión de Derechos Humanos para que el Estado asuma su responsabilidad.
Doctor Luis González Placencia (LGP): Se cumple un año más de la emisión de la Recomendación de la Comisión y aunque hay que decir que ha habido avances muy importantes en términos de las garantías de no repetición, sigue habiendo dos pendientes que son fundamentales: uno tiene que ver con que no hay servidores públicos que hayan sido sancionados y el otro tiene que ver con que todavía hay 10 niños y niñas cuyo paradero no se conoce. Entonces, aunque se puede afirmar sin duda será difícil que una situación así vuelva a ocurrir, pues lo cierto es que el Estado mexicano no ha logrado todavía dar cuenta del paradero de estos jóvenes que es su responsabilidad que estén desaparecidos.
P: ¿Sigue prevaleciendo la impunidad en este caso, Doctor?
LGP: Sí, sin duda, no hay responsables, hay algunas personas privadas de su libertad, pero no se ha dado cuenta de las responsabilidades que puedan tener servidores públicos que pudieron haber estado involucrados en el tema y sobre los cuales se abrieron averiguaciones previas.
P: ¿Este llamado es a qué instancia?
LGP: A ambas Procuradurías, a la Procuraduría General de la República, que es la que tiene a su cargo la localización de las niñas y los niños, y naturalmente a la Procuraduría local también, que es la que tiene que decirnos en qué van las averiguaciones previas que se abrieron.
P: Señor, sobre el tema de la protección de datos personales y demás, ¿cómo ve usted en el Distrito Federal estas políticas y sobre todo en materia de derechos humanos de aquellas personas que están reclusas? ¿Cómo ve esta situación?
LGP: Es un tema reciente que está dando una fuerte polémica, pero que me parece que nos va a permitir avanzar mucho en términos de la posibilidad de proteger la identidad de las personas cuando estas quedan expuestas sin razón alguna. Uno de los casos que a nosotros nos ha preocupado de manera fundamental es la presentación de presuntos responsables ante medios de comunicación, porque aunque entendemos que puede haber un interés público en ciertos casos es importante reguardar la presunción de inocencia. Entonces ahí, digamos, se yuxtaponen por una parte la protección de datos personales y por otra la del debido proceso, y parecería oponerse al derecho a la libertad de información. Como se sabe, lo hemos informado en diversas ocasiones y ya en un par de semanas seguramente ustedes se enterarán, estamos preparando una Recomendación que aborda el tema y que lo que busca es poner algunos criterios que permitan armonizar estos derechos.
P: ¿En materia legislativa cuáles serían los pendientes entonces?
LGP: Una vez que se emita la Recomendación nuestra intención es que se pueda precisar si con la ley como está, tanto la de protección de datos personales como las demás normas que regulan el derecho a la información y el derecho al debido proceso, se puede simplemente avanzar con unos criterios en los que nos pongamos de acuerdo, en este caso con la Procuraduría capitalina, para que no se invada la esfera íntima de las personas que son presentadas y que no se violente su presunción de inocencia. Si de esa consideración resulta la necesidad de hacer alguna reforma, seguramente la estaremos planteando en la propia Recomendación, pero lo que hasta ahora hemos analizado nos permite decir que bastaría con armonizar criterios y que la Procuraduría reconociera los límites de estos derechos para que no se expusiera innecesariamente a las personas.
P: Oiga, Doctor, ¿y cómo va el proceso de solicitud o petición de revisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
LGP: Ya fue realizado, sigue su curso. Nos enteraremos en unos meses seguramente si fueron aceptadas las audiencias.
P: Y a este respecto, el día de hoy el Secretario de Gobierno decía que el Gobierno del Distrito Federal desconocía cuáles eran las peticiones que iba a hacer la Comisión. ¿Qué le responde a eso?
LGP: Hay un problema serio en términos de la función que realizan albergues y otros centros de asistencia pública. Tenemos tres casos que han sido notables: uno es el mismo caso de Casitas del Sur, otro es el de Los Elegidos de Dios y otro más del que recientemente nos enteramos también de trata laboral de personas. La hipótesis que la Comisión está siguiendo es que la ausencia de una política pública con perspectiva de derechos humanos para atender a poblaciones callejeras y a poblaciones en situación de vulnerabilidad, está dejando en manos de estas instituciones privadas temas que deberían ser responsabilidad de la ciudad. Y aunque entendemos que es necesaria esta red de instituciones, para poderles dejar en sus manos, en este caso la satisfacción de derechos, es necesario que haya controles muy estrictos que en este momento no los estamos viendo. Esa es la razón de la solicitud. Muchas gracias.
