sábado , 4 febrero 2023

Sesión de preguntas y respuestas de la Conferencia de Prensa del Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, Visitadores y Visitadoras de la Comisión

Transcripción 04/2012
11 de enero de 2012

Pregunta (P): Sobre la Recomendación que emitió la Comisión, que va dirigida; entre otras dependencias, a la Procuraduría del Distrito Federal. Entiendo que fue emitida el 30 de diciembre del año pasado. ¿Por qué esperar tantos días para hacerla pública? Luego del que el Procurador dejó el cargo, tomando en cuenta que según las últimas encuestas es uno de los principales aspirantes a la candidatura. Ayer la defensa que hacía de su persona, de alguna manera en cuanto a su actuación en la Procuraduría a pesar de ser la que más quejas y Recomendaciones ha recibido. ¿Tiene usted algo que ver con este proceso electoral?, ¿por qué esperó tanto tiempo usted para dar esta Recomendación, hacerla pública?

Luis González Placencia (LGP): Bueno, como ustedes saben, estábamos en periodo vacacional, para mí era muy importante que la Recomendación saliera antes de que concluyera el año, habíamos hablado de 15 Recomendaciones, al final dos se nos quedaron por ahí, saldrán este año, pero sí era para mí importante que saliera antes de que finalizara el año. Nosotros planteamos un periodo de suspensión de plazos, con motivo de las vacaciones, y hasta el día lunes pasado fue cuando reanudamos labores de manera formal, entonces, por eso es que se da a conocer hasta ese día, pero estuvo en la página, si no me equivoco, desde finales de diciembre, también para que la notificación surtiera efecto, había que esperar a que la gente en el Gobierno estuviera ya trabajando, pero forma parte de las Recomendaciones que se realizaron, se terminaron y se emitieron durante el año 2011. Ahora, respecto a lo que comentaba yo ayer, sí me interesa dejar claro que, en primeo fue a pregunta expresa, si me hubieran preguntado de otros candidatos habría dado también mi punto de vista, y yo creo que es coincidente porque lo cierto es que hemos tenido una buena relación con ellos como personas, como titulares, sí tengo que decir que el rol que jugó el Procurador en las relaciones con el gobierno de la ciudad fue importante. Por eso hacía yo la distinción de él como titular y la Procuraduría, con la Procuraduría tenemos una agenda abierta desde hace mucho tiempo, que tiene una cantidad de temas que ustedes saben han sido temas ríspidos. En el momento que ha sido necesario hemos puesto énfasis en que, por ejemplo en el caso de arraigo, sí era importante que se tomara una decisión. No nos gustó la decisión que se tomó, pero finalmente, y lo reclamamos en su momento. Hemos tenido una posición muy crítica con la Policía Judicial, y con la atención a víctimas del delito, pero por otro lado, en la relación institucional con el Procurador, la verdad es que facilitó mucho las cosas, no ocurrió como ocurre con muchas dependencias en donde la tendencia es tratar de bloquear el trabajo de la Comisión, o descalificarlo, en este caso no pasó. Digamos cuándo hubo acuerdo, fuimos juntos en algunos temas,  cuando no lo hubo, cada quien sabía que estaba haciendo su chamba, nunca hubo una actitud de obstaculización, al contrario hubo bastante cooperación, no solamente en lo que le tocaba a él como Procurador, sino en general en la articulación con otras agendas del gobierno de la ciudad.

P: Con la Procuraduría quedaron muchas cosas pendientes, entre otras lo de la presentación de presuntos responsables de algún delito ante los medios de comunicación. La última vez que hablé con el ex procurador Mancera, me decía que ya había un Protocolo muy avanzado para hacer estas presentaciones. ¿Ya se concluyó?, ¿la salida del Procurador  no va a afectar el Protocolo? Ya para finalizar, ¿qué pasa también con la Recomendación precisamente por esta exhibición de medios de personas  que acusaban de delitos, y que finalmente resultaron ser inocentes?

LGP: Sí, le voy a dar la palabra al Primer Visitador, que es quién puede darnos cuenta de lo que pasó.

Mario Ernesto Patrón Sánchez (MEPS): Gracias Alejandro. Buenos días. Estamos ya prácticamente en la parte de últimos agregados y correcciones a nuestro pronunciamiento de Recomendación. Dilatamos un poco el proceso, porque anexamos en últimas semanas todavía otros dos casos asociados con personas que habían sido exhibidas ante los medios de comunicación como parte de bandas delincuenciales, y con posterioridad fueron declaradas inocentes, entonces, fue justo el mecanismo de documentación de estos dos últimos casos lo que nos retrasó un poco el proceso de construcción del pronunciamiento. La posición de la Comisión sobre el tema estructural es la que ustedes ya conocen, nosotros consideramos que hay un derecho de presunción de inocencia que es violado frente a la exhibición ante los medios de comunicación, porque se les exhibe como delincuentes, a pesar de que un Tribunal aún no ha declarado su culpabilidad. También consideramos que los derechos de las víctimas del delito se pueden tutelar de otra manera, y no necesariamente a partir de la exhibición de las personas ante los medios, por que hay otros mecanismos como la cámara de Gesell, las diligencias de confrontación, a partir de las cuales, las víctimas podrían reconocer  a los probables responsables del delito. Nuestra posición es la misma. En efecto el procurador Mancera y la Subprocuradora de Atención a Víctimas nos comentaron que estaban ya en la elaboración de un Protocolo, sin embargo, entendemos que todavía no está terminado, nosotros no conocemos el Protocolo, y además, la existencia del Protocolo no supedita la emisión de la Recomendación. Tenemos ya violaciones consumadas, cuando yo te decía  que retrasamos un poco el proceso de investigación, es porque parte de los derechos que estamos investigando es honra y dignidad, es decir, los efectos que tienen la exhibición en medios en la vida privada de las personas, entonces, justo esas son las partes que estamos documentando, y ya hay de alguna manera violaciones consumadas, sobre las cuales nosotros nos vamos a pronunciar, independientemente del Protocolo o no que exista. Y comentar nada más de la agenda de trabajo que tenemos con  la Procuraduría, desde luego que está el tema de la exhibición en medios, el tema de la tortura. Ustedes saben que las recomendaciones 10, 11 y 12 se refieren a víctimas de tortura, y nos preocupó mucho, porque fuimos encontrando un patrón de tortura en el proceso de investigación y de persecución de los delitos, por eso las tres van dirigidas a la Procuraduría. Ahí lo que estaríamos esperando es que, al vencimiento del plazo que es el 25 de este mes, haya una aceptación total e integral de las Recomendaciones por parte de la Procuraduría. Otro tema pendiente de agenda son las detenciones arbitrarias, ustedes saben que por mucho, las principales quejas que recibimos en la Comisión en términos de números es la detención arbitraria y por eso es que hemos nosotros solicitado, a raíz también de la concatenación del tema de la tortura, que se revisen muy bien las causas formales y materiales de la detención, y sobre todo se controle este plazo entre la detención y la puesta a disposición, que es dónde hemos encontrado una gran vulnerabilidad. Otro tema indispensable con la Procuraduría es lo que llamamos nosotros los cambios de calidades jurídicas, o sea, personas que se presentan como testigos ante la Procuraduría, y de pronto las retienen un tiempo y les cambian la calidad jurídica y ya son probables responsables, con la salvedad de que ya declararon como testigos, es decir, sin abogado, y sin las garantías que implica tener la calidad de probable responsable. Y el otro tema estructural que tenemos, tanto en el caso de las víctimas, como de los probables responsables, es lo que llamamos el deber de debida diligencia, tenemos una investigación estructural en donde hemos ido documentando casos, en donde la Procuraduría deja escapar tiempos y se extingue la oportunidad de recabar pruebas, y eso afecta tanto a víctimas, en su derecho a acceder a la justicia, como también hemos visto que afecta a probables responsables. Esos son nuestros temas de agenda principal, incluso es importante comentarles que tenemos una reunión ya ahora con el nuevo Procurador para retomar la agenda, con el nuevo encargado del despacho de la Procuraduría que está en funciones de Procurador. Entendemos que el ex Procurador Mancera hizo declaraciones expresas de tener la intención institucional de aceptar las Recomendaciones 10, 11, 12 y 13, entonces esperamos retomar el mismo día de hoy esa agenda interinstitucional con la Procuraduría.

P: Una duda, ¿este Protocolo para la presentación de probables responsables, sí lo están viendo juntos la Comisión y la Procuraduría? Porque me pareció que me decía que no.

MEPS: Hemos tenido ya varias mesas de trabajo, te puedo decir que más de tres mesas de trabajo, en donde hemos estado discutiendo contenidos de derechos. Para nosotros es irreconciliable que la exposición ante los medios de comunicación viola el debido proceso. La Procuraduría hizo un compromiso de construir un Protocolo, en donde pudiera, ustedes saben que la exposición en medios hoy se hace en función de un acuerdo que emitió el Procurador desde el año 2005, pero que en realidad es obsoleto, porque no existían como existen hoy los medios electrónicos de comunicación y por muchas causas que ya hemos platicado en otras ocasiones con ustedes. Entonces sí hemos estado platicando el tema, sin embargo, no hemos recibido todavía la propuesta del Protocolo, pero además sí queremos dejar en claro que la propuesta del Protocolo en nada supedita la emisión de nuestro pronunciamiento. Reitero, nos vamos pronunciar sobre violaciones consumadas y violaciones que se tiene que reparar y además, a partir de la Recomendación con el Protocolo o sin el Protocolo, se tiene que tomar medidas de no repetición.

P: Buenos días Doctor, hablaba sobre esta situación de las elecciones. ¿Qué medidas tomaría la Comisión en estos comicios? Y además ¿qué llamados le haría a los candidatos que aspiran a un cargo público, sobre todo en la defensa de los Derechos Humanos? Una pregunta un poco ajena, pero ¿Cómo ve la Comisión el caso de este empresario que humilla, golpea a un trabajador? ¿Qué podría hacer la Comisión en este caso?

LGP: Déjame empezar por este última, porque ya hemos actuado. Emitimos unas medidas precautorias a la Procuraduría General de Justicia, porque como se sabe, la persona interpuso una demanda penal contra el señor. Aunque él tiene un amparo, hay que aclarar que ese es su derecho, pero eso no cancela el procedimiento que está siguiéndose. Entonces las Medidas Precautorias lo que buscan es que, la Procuraduría investigue y consigne conforme a derecho. Sí creemos que es muy importante enviar un mensaje de que este tipo de actitudes no se pueden tolerar. Además hay un tema en el que vamos a insistirle a la Procuraduría, porque, a través de los medios, se ha conocido que además de la golpiza ha habido insultos que han constituido discriminación. Como ustedes saben, en el Distrito Federal la discriminación es un delito, entonces a las lesiones probables que se pudieran estar investigando, hay que añadir el tema de la discriminación. Entonces eso estamos haciendo desde la Comisión del lado de la víctima. Y sobre el otro tema les comento que,  a finales del año pasado firmamos un acuerdo con todas las fuerzas políticas de la ciudad de México, este fue un convenio en el que establecimos con las fuerzas políticas varios temas, uno de ellos tiene que ver con la capacitación en materia de Derechos Humanos para las plataformas electorales, otro tiene que ver con el compromiso para que en las campañas de todas estas fuerzas políticas se respeten plenamente los Derechos Humanos. Ustedes recordarán que en el pasado, algunos partidos políticos recurrieron, concretamente el Partido Verde al tema de la pena de muerte, nos parece que, aunque puede haber mucha gente en el país y  en la ciudad que esté de acuerdo con la pena de muerte, hoy por hoy la pena de muerte es absolutamente contraria a los derechos humanos, y pensamos por tanto que cualquier campaña política debe evitar recurrir a esos temas por más rédito político que les den. Y por otro lado, en el verano del año pasado, cómo ustedes saben, se aprobó la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, entonces, ahora el tema pasa de una solicitud que pueda hacer una Comisión como ésta a los partidos políticos, a una obligación que tienen ellos, los candidatos, los partidos, y las plataformas de los partidos de adecuarse al marco constitucional de Derechos. Entonces, la petición que nosotros hacemos desde acá, y que tiene que ver con este convenio que firmamos, es que se tenga en cuenta que la ciudad de México ha sido uno de los espacios en donde más conquistas ha habido en términos de Derechos Humanos, y se tenga en cuenta también que hay una serie de pendientes importantes en el tema que hay que cubrir. Eso implicaría, entonces, que el compromiso fundamental de quienes aspiren a gobernar la ciudad, tiene que ser un compromiso decididamente a favor de los Derechos Humanos.

P: Yo quisiera abordar un poco el tema de Reclusorios, porque si bien es cierto las Recomendaciones de esta Comisión van dirigidas a una dependencia específica, pero hay que comprender que en el tema de Reclusorios hay varias dependencias involucradas, los casos recientes de twitteros en prisión, los operativos, incluso el tema de la salud, ¿qué pasa con este tema de derechos humanos en Reclusorios y el vínculo con otras dependencias?

LGP: Quiero hacer hincapié en lo que dice, porque efectivamente el espacio penitenciario es en donde se recrudece la crisis que empieza desde la detención de las personas, y yo diría más allá todavía, con las reformas penales que han agravado delitos motivando que se genere sobrepoblación, es un problema integral, es un problema que tiene que ver con muchos de los que comentaba el Primer Visitador,  que se configuran una cadena de violaciones, empiezan en la Policía con detenciones arbitrarias, siguen con tortura, con estos cambios de situación jurídica, y terminan con la gente en la cárcel, generando sobrepoblación y una serie de problemáticas con grupos de poder al interior de las instituciones penitenciarias, entonces, lo que hemos buscado, naturalmente es que, resolviendo los problemas o tratando de resolver los problemas dentro de la prisión, no dejar de insistir en que si no se replantea la política criminal en la ciudad va a ser imposible tener espacios penitenciarios gobernables. Le doy la palabra a la Segunda Visitadora:

Rosalinda Salinas Durán (RSD): Buenos días, menciono tres temas twitteros, salud y operativos. En el caso de los twitteros tenemos la investigación iniciada de oficio, con la intención de verificar lo que deja muy claro este hecho, y es que siguen entrando aparatos, entre otras cosas ilegales, utilizando mecanismos legales, es decir, a través de un mecanismo de ingreso de la visita a través de un mecanismo de ingreso del personal, está habiendo dentro de los centros objetos que no deberían estar ahí, y uno de ellos son los celulares. Ya habíamos establecido también una conciliación con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a fin de que funcionaran los bloqueadores para celulares en todos los centros, y esto deja nuevamente ver que no está funcionando de manera adecuada. Nuestra intención más allá de identificar quiénes son los twitteros porque no se trata de identificarlos para luego iniciar una cacería de brujas, sino hacer especial énfasis en que siguen sin funcionar los controles de seguridad para el acceso a los centros de reclusión y que siguen existiendo aparatos de telefonía celular dentro de los centros y eso implica cotos de poder, situaciones de extorsión para poderlos incluso ingresar. Del tema de salud, a finales del año pasado emitimos el Informe Especial sobre la salud de las personas en reclusión, en el que ofrecemos un panorama de cuál es la situación de atención o desatención de las personas privadas de libertad. Nuestra principal preocupación son los mecanismos de accesibilidad, porque a pesar de que en 8 de los 10 reclusorios hay una unidad médica dentro de los centros, el proceso de accesibilidad no es el más adecuado y eso implica que haya dormitorios a los que se les abre la puerta más temprano que a otros y eso hace que tengan mejor posibilidad para acceder a los servicios de salud o que haya un número limitado de atenciones por día y que entonces las personas, que no tienen su derecho a la salud restringido con motivo de la imposición de una sanción penal, deban esperar dos o tres semanas para poder tener acceso a una consulta, y está además el tema de la accesibilidad de atención médica de especialidades, porque las unidades médicas dentro de los centros de reclusión, son unidades de primer nivel, dan una atención inmediata, primaria, pero no así la especializada y en ese caso es necesario hacer los traslados oportunos a los hospitales generales donde se puedan atender especialidades, y estos traslados en ocasiones no son oportunos y eso compromete la salud de las personas privadas de libertad. Ayer tuvimos una reunión con personal de la Secretaría de Salud y estamos buscando las vías para la implementación del Informe, junto con las Recomendaciones que están en seguimiento sobre salud en Reclusorios y las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos, para poder hacer un seguimiento conjunto de estas tres vías. Sobre los operativos, quisiera decir que el año pasado se emitió una Recomendación sobre un caso de internos golpeados en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se inició una queja por un disturbio que hubo en el CERESOVA y en ambos casos se ha ido investigando como hipótesis principal la actuación del Grupo Tiburón, que es el grupo de reacción de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ya lo hemos documentado además en otras Recomendaciones, su ingreso implica un abuso, un uso excesivo de la fuerza, y es la hipótesis central de las investigaciones, nos preocupa mucho que haya, en esta especial sujeción en la que se encuentran las personas privadas de libertad, respecto de la administración penitenciaria, que pueda haber estos usos excesivos de la fuerza.

P: En el tema de los twitteros y la situación de Internet, platicaba con un especialista en torno a la posibilidad o no de regular ciertos tiempos y estrategias para que los internos pudieran tener acceso a Internet, tomando en cuenta que pueda ser considerado un derecho humano. Sé que es complicado, hay casos de internos en Los Ángeles que extorsionaban en Facebook. ¿Podría empezar un debate para que los internos accedan este derecho con algunas cuentas reguladas o institucionalizadas?

RSD: El punto principal es que es para todos, pero no pueden ser privilegios para unos.

LGP: Yo creo que sí valdría la pena hacer el debate, primero porque el derecho que se debe tutelar es el derecho a la libre expresión y el derecho que tienen las y los internos de denunciar lo que pasa adentro de las instituciones. Nosotros hemos señalado que, aunque podemos entrar a estas instituciones cuando así lo requiramos y podemos permanecer todo el tiempo que necesitemos ahí dentro, en algún momento nos vamos, entonces, la realidad penitenciara de ser una realidad clausurada, deja la posibilidad de que haya una serie de problemáticas que sólo conocen quienes viven ahí, entonces, el uso de las redes sociales permite abrir una especie de ventana simbólica, que permite ver a través de la experiencia cotidiana de las y los internos, qué pasa en tiempo real adentro de la institución, naturalmente eso no le gusta a las autoridades, pero es un tema que hay que debatir, porque, efectivamente, aquí lo que se ha hecho es castigar los aparatos, como a través de los aparatos se comenten extorsiones, no se pone el énfasis en la conducta, sino en los aparatos, entonces, te quito el aparato, sin embargo, atendiendo a lo que decía Rosalinda, se puede generar una condición de igualdad si es la propia autoridad penitenciaria quien pone una sala con computadoras, ahorita puede parecer estrafalario, pero en algún momento se dio con los teléfonos, la institución penitenciaria colocaba teléfonos de acceso público, teléfonos públicos, dentro, para que se pudiera atender el derecho que tienen las personas de comunicarse con sus familiares, por ejemplo, a nadie se le ocurrió erradicar todos los teléfonos porque a través de ellos se cometieran delitos. El debate tiene que ver con que la institución podría o debería tener equipos de acceso público, que además estén controlados por la propia institución penitenciaria, de manera tal que, como sucede en el ámbito laboral, se pueda monitorear si la gente está usando bien o mal estos aparatos, y entonces se castigue la conducta y no castigar el aparato.

P: … para hacer eso, para que todos los internos tengan acceso a eso, y segunda, está el asunto de que por lo menos una vez a la semana nos presentan un caso de  presuntos delincuentes en el que está involucrado un interno de algún reclusorio ¿eso no es un riesgo doctor para que se dispare aún más el índice delictivo al interior de los reclusorios?

LGP: Qué bueno que tocas el punto porque en las condiciones de sobrepoblación que tenemos hoy en las prisiones, todo es un riesgo, entonces la permanencia, la presencia de estructuras de poder al interior de los centros penitenciarios hacen posible cualquier conducta ilegal, entonces, por eso nosotros hemos insistido mucho en racionalizar el problema, porque no podemos prescindir de la cárcel de la noche a la mañana, pero tampoco podemos hacer de la cárcel la única solución, porque nos está ocasionando más problemas, entonces, la vía para ir planteando soluciones racionales es dejar de meter gente a la cárcel, encontrar vías alternas, que permitan particularmente en delitos no graves, soluciones que no tengan que ver con la privación de la libertad y en cárceles ordenadas, en cárceles no sobrepobladas, existe la posibilidad de tener mucho mayor control sin afectar la dignidad de las personas, el problema de fondo tiene que ver con la sobrepoblación y con las estructuras de poder que ahí se generan, el tema presupuestal, tiene toda la razón, seguramente costará mucho dinero y tampoco vamos nosotros a insistir en que este año tengan computadoras los presos, pero sí creo que es importante abrir el debate, porque debe haber ocurrido en algún momento, que se dio lo mismo con los teléfonos, también debió haber implicado una inversión haberles puesto teléfonos ahí dentro, y hoy por hoy sabemos que las computadoras forman parte de los instrumentos que la gente utiliza para comunicarse, entonces plantearía el problema no en los equipos, sino más bien en la sobrepoblación penitenciaria.

RSD: El tema de la seguridad no puede ser el pretexto o la base para restringir derechos que no están coartados o restringidos por la propia pena, porque por la seguridad entonces se aísla a las personas por tres meses, por seguridad se les priva de la visita familiar de manera indefinida, por razones de seguridad, y entonces, se van coartando derechos que no tendrían que coartarse, porque no está dispuesto así por un juez, entendido está que hay medidas que se deben de adoptar al interior de los centros de reclusión, para llevar una disciplina apegada a los reglamentos de los centros, pero por motivos de seguridad es importante que no sea la base para coartar ni restringir derechos.

P: Habían comentado que estaban sobre un análisis en el tema de la basura, ¿qué tanto ha avanzado esta situación? Ayer el Jefe de Gobierno reconoció que falta un acuerdo metropolitano para saber qué hacer con las toneladas que se producen aquí en el Distrito Federal. Al parecer no hay nada definido y la basura sigue en las calles, aquí mismo a unas cuadras está amontonándose la basura. ¿Qué es lo que ha pasado desde la Comisión?

LGP: Bueno, lo primero que le comento es que recibimos una queja de un vecino precisamente por la falta de recolección de basura, y a partir de esa queja se abrió ya una investigación que está en la Tercera Visitaduría que tiene tres líneas por el momento. Una está relacionada con la responsabilidad probable de las delegaciones políticas en los procedimientos de recolección de basura. Como ustedes saben ese servicio les toca a las delegaciones y la última semana se generó una problemática con ese servicio. Entonces eso implicó que la gente depositara la basura en estos llamados “basureros clandestinos”, que han existido desde hace ya mucho tiempo desafortunadamente. Entonces a través de las imágenes que se difundieron se hizo claro que el problema de estos “basureros clandestinos” tiene que ver también con que hay poca conciencia ecológica sobre el tema de la basura en las personas, y esos basureros se han convertido en un recurso fácil para quien ya no quiere tener la basura en su casa y como no se la vienen a recoger la coloca en estos sitios. Ahí la línea de investigación está en el sentido de poder establecer si las rutinas de recolección y los mecanismos de recolección son los adecuados. No solamente se usan los camiones de basura, sino también las personas que se dedican a barrer las calles hacen recolección casa por casa a través de cuotas. Entonces queremos saber si eso está regulado en los procedimientos de las delegaciones y por otro lado también qué se hace o qué está previsto para levantar estos “basureros clandestinos”. El problema como lo estamos viendo es que se genera una especie de costumbre. Entonces aunque la delegación retire los desechos en algún momento, la gente ya se habituó a que ahí los puede depositar y vuelve a ellos. Estaríamos dispuestos ahí a trabajar también en mecanismos de sanción que no sean violatorios de los derechos. Ustedes recordarán que el año pasado tuvimos un debate ahí con el Delegado de Coyoacán porque se expusieron las fotos de quienes tiraban basura. Entonces sin llegar al extremo de violentar los derechos de las personas, sí creemos que es importante que haya un mecanismo de sanción para quién tire la basura en donde no debe. Otra línea está relacionad con el cierre del Bordo de Xochiaca, porque puede tratarse de dos situaciones que coincidieron en este diciembre; es decir, la estrategia del cierre del Bordo y esta problemática de recolección, pero seguramente hay un nexo porque la recolección que se hace en las delegaciones pues tiene que tener un destino final en algún lado. La información que tenemos hasta ahora es que la razón por la cual se cierra el Bordo tiene que ver con un cambio de estrategia en el manejo de la basura en la ciudad, que implica que en lugar de enterrar la basura es necesario buscarle destino de reciclaje. Entonces tenemos una cantidad, que si no me equivoco, es de alrededor de las 12 mil toneladas de basura diaria en la ciudad de México; de esa se recicla solamente el 13%; una parte importante, como el 30%, es basura orgánica que pudiera tener, por ejemplo, como destino la formación de composta; y la otra parte, la basura inorgánica, podría también tener destinos de reciclaje porque estamos hablando de basura electrónica, de plásticos, de papel y cartón que podría ser reutilizados. Entonces la estrategia en principio no parece desatinada. Lo que estamos viendo es que el cierre del Bordo no implique llevar a enterrar la basura a otros lados, como parece ser va a ocurrir o está ocurriendo en estos momentos y se está planteando a través de estos acuerdos. Entonces ahí hay una dimensión metropolitana del problema, vamos a abordar lo que nos toca a nosotros, pero seguramente vamos a tratar de que la Comisión local de Derechos Humanos en el Estado de México también le entre al tema, porque nos parece que es importante tener una visión metropolitana. Pero, bueno, ahí la línea está dirigida a saber si ya estaba claro que el Bordo se iba a cerrar en este año, qué se tenía pensado para resolver el problema de la basura que ya no iba a ser depositada ahí; si las estrategias de reciclaje están ya implementadas o no; si se tienen convenios con las industrias que podrían eventualmente realizar este reciclaje. Y una tercera línea de investigación tiene que ver con los desechos de las obras tanto públicas como privadas de la ciudad. Como ustedes saben iniciamos el año con una importante cantidad de obras públicas, pero, bueno, la ciudad ha estado metida en un proceso de obras, tanto públicas como privadas, a lo largo de este último año por lo menos, y hemos detectado, eso lo hicimos junto con la PAOT en su momento, una serie de problemas asociadas con el cascajo, porque el cascajo es llevado también a basureros clandestinos que están ubicados en el oriente de la ciudad y que están ubicados además sobre mantos freáticos. Entonces ahí el problema es todavía más grave porque estaríamos enterrando desechos de construcciones en estos lugares que sirven para la recarga de los mantos acuíferos de la ciudad. Entonces se estaría produciendo contaminación no solamente de la convencional por enterrar este tipo de basura, sino porque se estaría obstaculizando la alimentación de agua para la ciudad. Además de la contaminación que producen los camiones que llevan estos materiales a esos lugares. Entonces pensamos que el problema es un problema bastante serio. La estrategia de la queja es que lo que nos importa primero es que los servicios se restablezcan lo antes posible, que la gente puede efectivamente llevar su basura al camión y que el camión se la lleve. Eso creemos que puede ser más o menos rápido y generar una solución inmediata para los problemas de las personas. Y las otras dos líneas de investigación nos van a llevar un poco más de tiempo, probablemente unos seis meses. Estamos pensando en que probablemente se emita una Recomendación sobre el tema y seguramente un Informe Especial también.

P: Volviendo al tema de los centros penitenciarios, hace tres días en la cuenta @internoRENO todavía se advertía de que temían represalias y hablaban de una persona en específico, ¿qué garantías les han dado las autoridades sobre la seguridad de estos internos twitteros? Y por otra parte, con relación al asunto del valet parking, él hoy en una entrevista decía que se sentía muy en riesgo, que temía por su vida. ¿Ya establecieron contacto con él?

Segunda Visitadora, Rosalinda Salinas Durán: La primera acción que realizamos con la investigación iniciada de oficio fue la solicitud de medidas precautorias en tres sentidos: primero, en caso de que se fuera a hacer alguna revisión o algún cateo en las instancias del Reclusorio Norte que se cuidara para no hacer uso excesivo de la fuerza; segundo, que se tomaran las medidas adecuadas para evitar riesgos a la población, es decir, como se habló incluso de las cabañas que había dentro del reclusorio que no fuera a haber una contraposición de intereses y entonces los internos cabañeros fueran a tratar de agredir a los internos twitteros. Entonces se pidió que se tomaran estas medidas de control y aseguramiento para evitar riñas dentro del centro. La Comisión dio un plazo de 24 horas para que nos dieran respuesta, nos contestaron a las 22 horas diciéndonos las medidas que se habían tomado y después de eso acudimos al reclusorio y tuvimos una interlocución directa con el personal de seguridad y custodia para reforzar esta solicitud de medidas precautorias para evitar que fuera a haber algún riesgo o alguna afectación directa.

LGP: Se emitieron dentro de las medidas precautorias que se fueron a la Procuraduría también algunas que tienen que ver con la seguridad de la persona. Nosotros no hemos entrado en contacto directo con este joven, lo estamos buscando porque además queremos insistir, dado que el delito de discriminación se persigue por querella, queremos insistir en que él interponga una denuncia por ese delito también. Y naturalmente vamos a estar muy atentos a la integridad de esta persona.

P: Doctor, preguntarle sobre el tema de la basura, ya han denunciado especialistas e incluso la Secretaria de Medio Ambiente y el de Obras, que aunque pretenden que se regularice pronto la recolección de basura en realidad el problema va para largo. Estiman que va a ser como todo un año. ¿A ustedes les alerta que va a ser mucho tiempo en que se va a poder solucionar esto? ¿Podrían emitir medidas cautelares o hacer algo para que se apresure? Y también, ¿cómo proteger a la ciudad de esta violación a su derecho a un medio ambiente sano, si es la ciudadanía la que de raíz está generando los residuos, no los está separando y es en gran medida la responsable de esta situación?

LGP: Bueno, aunque tienes toda la razón en cuanto hay un componente en la cultura ciudadana, lo cierto es que es una obligación del Gobierno de la ciudad proveer estos servicios. No hay que perder de vista que el origen de esos basureros clandestinos tiene que ver con un déficit en el servicio. Si el servicio fuera regular entonces las personas podrían recurrir a él sin mayor complicación. Incluso si se formaran de cualquier manera esos basureros clandestinos, una política eficiente de las delegaciones podría ayudar a reducirlos o a eliminarlos. Entonces aunque hay un componente ciudadano, y nosotros insistiremos mucho en que apoyaremos las medidas que sean necesarias para generar una cultura en ese sentido, de respeto a los derechos no solo al medio ambiente, sino también a la salud porque esto se convierte en focos de fauna nociva y de contaminación para el entorno. Vamos a insistir en eso, pero vamos a seguir por supuesto con lo que nos toca a nosotros que es la responsabilidad de las autoridades. Y efectivamente creemos que puede ser un problema de largo, no es un tema sencillo. Estamos hablando de una ciudad que produce una cantidad de basura cotidianamente y aunque uno pensaría que eso está previsto en la política pública, pues lo que estamos viendo ahora es que probablemente estamos enfrentando un problema que no se resolvió en su momento, hace seguramente décadas y ahora está siendo crisis. Entonces sí pensamos que es importante que el Gobierno de la ciudad esté dando respuesta a lo principal en este momento que es evitar que la basura se acumule en la ciudad, y buscar la manera de que se eficienten las estrategias de destino final de los desechos. Yo no puedo avanzar mucho en este momento sobre el tema porque no tenemos la información del Gobierno de la ciudad, pero sería importante saber por ejemplo si hay convenios ya o si no los hay que se busquen con la industria del reciclaje; si se está pensando en que estos convenios metropolitanos que se están planteando con otros estados de la República efectivamente van a resolver el problema o solamente lo van a paliar. En fin, todo este tipo de cosas creo que hay que estar muy atentos. Para mí es muy importante que quede claro que este es un tema de derechos humanos también. No es solamente un tema de servicios dentro de la ciudad, sino que es una cuestión que compromete derechos humanos y por eso es que estaremos nosotros insistiendo mucho sobre el tema.

P: Quería preguntarle que me detallara un poco más sobre este caso del empresario, no entiendo muy bien eso de las medidas cautelares, si se solicitaron a la Procuraduría porque a mi entender el expediente ya fue consignado, entonces en este caso tendrían que haber sido al Tribunal o si a ellos no los mencionaron…

LGP: Sí, también enviamos una carta al Tribunal, al Juzgado de Paz Penal que tiene el caso también lo enviamos ahí, pero lo enviamos a la Procuraduría igualmente y comentaba yo hace un momento por el tema del debido proceso y la debida diligencia. Y comentaba yo hace un momento que en el Distrito Federal la discriminación es un delito, entonces estamos buscando a la persona para buscar la manera de que interponga también una denuncia por ese delito.

P: ¿Entonces ustedes solicitaron a la Procuraduría que vuelva a hacer la averiguación previa, que la vuelva a integrar…?

LGP: No, se emitieron en su momento a la Procuraduría para que se cubriera el asunto con toda la debida diligencia. Lo que eso supone es que no pueden dejar de hacer cosas sin hacer dentro del debido proceso. Se envió la carta también al Juzgado de Paz, que es el que tiene el asunto en este momento, y lo que estaremos haciendo es vigilar el debido proceso; también por el asunto de la integridad del joven que tenía temor de ser agredido.

P: ¿Y eso es la Procuraduría…?

Encargado del Despacho de la Dirección General de Quejas y Orientación, Alfonso García Castillo: La cuestión en cuanto a las precautorias de la Procuraduría es precisamente por la seguridad, en cuanto a que pudiera tener alguna consecuencia a su integridad porque esto saliera a la luz pública; y en términos de colaboración al Tribunal. O sea, de las declaraciones de esta persona manifiesta no una inconformidad con el accionar de las autoridades hasta el momento; sin embargo, de todos modos atendiendo lo que se vio en cuanto a las manifestaciones de esta persona, creo que tenemos que exigir de todos modos lo que se mencionaba hace un rato: la debida diligencia en todo el accionar de las autoridades.

Cuarta Visitadora, Guadalupe Cabrera Ramírez: Nada más para complementar que  aunque el asunto ya esté consignado, al tratarse de una persona víctima del delito la Procuraduría capitalina sigue teniendo ámbito de actuación porque cuenta precisamente con una Subprocuraduría de Atención a Víctimas, una Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, quienes tienen del deber de dar el acompañamiento victimal no sólo en términos del debido proceso, sino también aquellas circunstancias que requirieran apoyos adicionales como puede ser precisamente la garantía a que ya no sufra alguna agresión.

P: Y otro tema, ayer decía o comentaba que para la Quinta Visitaduría solicitaron 18 millones de pesos, sólo les autorizaron cinco, y por lo regular, y con el ejemplo de otras dependencias, comúnmente dicen que no van a poder y que estas áreas se van a colapsar, como es clásico en el Tribunal que siempre pide dinero porque no es suficiente. ¿Qué pasa con la Comisión entonces, tampoco va a poder atender esta situación con un déficit que es realmente grande?

LGP: Te respondo de esta manera. Primero, el presupuesto que se aprobó para la Comisión incluye aproximadamente 13 millones de pesos más que el año pasado; de esos 13 millones, cinco se etiquetaron para continuar con el proyecto de lo que en su momento llamamos el tercer edificio de la Comisión, que es proyecto que ha sido planteado desde hace tiempo y que supone el conjunto cultural de la propia Comisión. Entonces esos cinco millones están ya comprometidos, no se pueden tocar. El resto del dinero se incorpora, digamos, al presupuesto general de la Comisión y la Comisión al ser un órgano autónomo tiene la posibilidad de distribuir ese dinero de la manera en la que mejor le convenga. Entonces para nosotros el asunto de la atención de las víctimas es primordial, aunque tenemos otras áreas, la parte destinada a defensa es primordial y entonces la distribución del presupuesto al interior de la Comisión toma como una prioridad esta necesidad. Vamos a echar a andar la Quinta Visitaduría a partir del 1ro. de febrero no cómo estaba inicialmente planteada porque no nos va alcanzar para eso. Estamos esperando recibir entre 700 y mil quejas laborales a lo largo del año y eso equivale al número de quejas que recibe una Visitaduría como cualquiera de las primeras tres que son las más grandes. Vamos a iniciar con un esquema en el que la Quinta Visitaduría tendrá un tamaño similar al que tiene hoy la Cuarta Visitaduría, es decir, va a ser una Visitaduría mucho más reducida, pero creemos que vamos a tener condiciones para poder sacar el trabajo sin complicación. Como ustedes saben el ingreso a la Comisión se da por el Servicio Civil de Carrera, entonces se convocará al concurso para cubrir esas plazas y mientras tanto vamos a cubrirlas con personal interno de la propia Comisión. Y lo que sí les puedo comentar es que ya desde el verano del año pasado se otorgó esta facultad constitucional, la Comisión ha venido trabajando en la capacitación del personal para que puedan atender estas quejas laborales. Entonces vamos a iniciar en febrero formalmente con una Visitaduría reducida, pero también quiero decir que afortunadamente la disposición de las y los trabajadores de la Comisión es tal, que tienen muy claro que el tema de la falta de recursos de ninguna manera puede comprometer la calidad de los servicios.

P: ¿Sólo cuestiones laborales va a atender?

LGP: Sólo cuestiones laborales.

P: Iba a preguntarle sobre este caso de tortura con respecto al caso del operativo en Tepito, ustedes tienen un antecedente, ¿Cómo va esa investigación? porque parece por un lado que la Secretaría dice que no lo pueden identificar, por el uniforme que ya no se usa de hecho, ¿ustedes que avances tienen en esta investigación?

LGP: Claro, en principio, quiero comentar que resulta tan o más grave que la Secretaría no pueda identificar a una persona que está participando en un operativo de la propia Secretaría y utilizando un uniforme que sea vigente o no, es oficial de la propia Secretaría, entonces esta información nos ha causado extrañeza, naturalmente, es una situación de las que nos hemos enterado recientemente, pero bueno la vamos a incorporar como parte de la investigación, en todo caso eso agrava las cosas, no las resuelve, digamos, no facilita el asunto para la Secretaría, lo hace más grave porque habría que explicar ahora cómo es que una persona utilizando un uniforme de la corporación está actuando en un operativo de la propia Secretaría. Por otro lado, eso no exime de la obligación que tiene la autoridad de localizar a la persona tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Procuraduría General de Justicia?

GCR: En relación con cómo vamos en cuanto a la investigación son un par de quejas que están acumuladas y que precisamente vinculan como varias líneas: Uno, el hecho mismo de tortura, el número de participantes y un punto adicional que son todas aquellas violaciones a derechos humanos adicionales que pudieron precisamente haberse suscitado en este propio contexto. Un  punto fundamental para nosotros, en este caso, en este momento es la oportunidad que tiene la Procuraduría capitalina, precisamente de incidir para evitar impunidad en hechos como el narrado. Independientemente de que la documentación del caso sigue su curso y esperemos que en un par de semanas podamos agotar la investigación, estamos dando seguimiento precisamente a la investigación que está llevando a cabo la Procuraduría capitalina, que ustedes han tenido conocimiento hay ya cinco policías procesados en este momento por tortura, pero hay un desglose que continúa en la Fiscalía para servidores públicos y que la investigación para servidores públicos, en donde precisamente estamos al tanto de las diligencias que están realizando para identificar a otros probables responsables y también dando seguimiento precisamente al papel de la Secretaría de Seguridad Pública, no en torno a la propia documentación del caso que estamos haciendo, sino a los aportes o a la información que tiene que proporcionar a la propia Procuraduría capitalina,  precisamente  para avanzar en las propias investigaciones desde el punto de vista penal.

P: Y en este caso ¿cómo ve el caso de los policías que no están procesados, que ningún mando de los que estuvo ese día ha sido procesado, ustedes que piensan de eso? Por lo regular siempre sucede lo mismo, van los policías rasos, pero los mandos, o sea nunca hay ninguna implicación hacia ellos.

GCR: Haces una pregunta que es fundamental y que la Comisión ha estado retomando, incluso en otras Recomendaciones, y que tiene que ver con el nivel de participación de los mandos medios y superiores, no sólo en términos de actuación, sino precisamente de omisión, el Presidente ya hacía alusión, es mucho más grave que en una diligencia de tipo policiaca haya un elemento de policía respecto del que después alegan que resulta que el uniforme ya no se utiliza, entonces dónde están precisamente esos mandos medios y superiores en términos de supervisión y vigilancia de la labor policiaca y este también es uno de los elementos de nuestra propia investigación y por el que también nos pronunciaremos. Tenemos conocimiento de que la Procuraduría capitalina, precisamente en el ámbito de su investigación ministerial ya está considerando y ya ha girado citatorios para que comparezcan servidores públicos que tenían a su cargo funciones de coordinación y de dirección de la labor de los policías que estuvieron en ese lugar.

P: ¿Está notificada la Secretaría de que están involucrados los altos mandos?

GCR: Sí tenemos conocimiento, prácticamente cuando se inició una de las quejas, una de las investigaciones la iniciamos de oficio, desde el primer momento se giraron medidas precautorias tanto a la Procuraduría capitalina, como a la Secretaría de Seguridad Pública, en términos de la investigación, del debido resguardo de las evidencias, y de todo lo que vinculaba los derechos de las víctimas, evitar represalias y garantías del debido proceso para todos los involucrados y como parte de la investigación también estamos dando seguimiento a una investigación que se está dando en los órganos de control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto de los hechos y esto forma también parte de  las evidencias que estamos recabando.

LGP: Yo quiero recordar primeramente que se realizaron reformas al Código Penal recientemente como ustedes recordarán la Comisión estuvo insistiendo mucho en que se reformara el tipo penal de tortura, precisamente para que sea posible hacer un seguimiento a la línea de mando porque aunque evidentemente todos estos miembros de la corporación son responsables porque aunque hayan recibido una orden ellos están obligados a no acatar una orden que implica la comisión  de un delito, en este caso fue el de tortura, hay una responsabilidad en ellos, también hay responsabilidad en quienes tenían la obligación de vigilar que el operativo se llevara acabo de manera legal. Entonces, la investigación que estamos haciendo con la Procuraduría tiene que ver en este caso con la debida diligencia, es decir con que la Procuraduría no se quede a medias sino que persiga el delito con todas las posibilidades que tiene.

P: Preguntarle, sobre el caso de personas que no tienen registro de nacimiento en la ciudad de México, hay una problemática al respecto saber en qué situación jurídica quedan estas personas, ¿existe discriminación al negarles servicios?, al no tener un acta de nacimiento no tienen ninguna otra identificación, ni electoral ni mucho menos, se les niegan servicios, se les cierran puertas, ¿en qué situación quedan estas personas, qué hace al respecto la Comisión?, y saber si han tenido denuncias al respecto.

LGP: Bueno, te comento que hemos tenido casos, pocos casos, en los que se han acercado a nosotros personas justamente para poder tramitar sus actas de nacimiento, la respuesta que hemos tenido de la Consejería Jurídica ha sido muy buena, en realidad en todos los casos hemos podido gestionar estas actas de nacimiento. En una reunión a finales de año con UNICEF estábamos valorando la posibilidad de conjuntamente en un proyecto amplio en el que nosotros participemos desde la ciudad de México y UNICEF a nivel nacional, y como bien lo comentas de dimensiones nacionales, desde luego que se afectan derecho civiles de las personas, que por supuesto deben de acceder a esta documentación que además es necesaria para acceder a otros documentos de identificación como en el caso de la credencial del IFE. Quisiéramos hacer una estrategia más amplia, yo platiqué con el representante de UNICEF, con la persona que vino a nombre de UNICEF a la reunión que tuvimos, para efectos de lanzar una campaña, porque no está claro a dónde recurrir, lo que hemos podido ver es que cuando vienen aquí las personas, los casos que hemos atendido, son personas que no tienen ni idea de a dónde recurrir, hasta ahora ha sido un poco como dices una labor, como dije de asesoría, no ha derivado en quejas, no ha derivado en recomendaciones, porque la respuesta ha sido buena, nos acercamos al Registro Civil  y por lo menos en la ciudad de México, la experiencia que nosotros tenemos es que es relativamente sencillo acceder a esta documentación.

P: ¿Tienen alguna definición jurídica estas personas? Que sí recurren a la Comisión y que sí han tenido el apoyo y el cause de su caso, pero las personas que no tienen ni para dónde hacerse, hay alguna condición jurídica que los marque que los nombre de alguna forma y saber si en este tránsito de querer sacar su documentación sufren violaciones a sus derechos.

LGP: El tema es que se convierten en  indocumentados, y hay un problema que no se da aquí en la ciudad de México, no se ha dado en la ciudad de México,  aunque sí tenemos noticia de que ocurre en otros lugares con la dificultad de obtener la documentación cuando no está clara la nacionalidad, porque todo esto se empalma con el problema grave de migración que tenemos, sabemos que está por emitirse un Reglamento de la Ley, no sé si es federal o nacional de Migración, y en ese Reglamento se esta plateando la posibilidad de otorgar visas temporales, es una cosa que nos parece muy interesante y atinada, porque ayudaría a que el tema de la nacionalidad no fuese un obstáculo para obtener el acta de nacimiento, esperaríamos que esos procesos empataran de manera tal que las personas puedan acceder a ese derecho de manera plena. Hay que tomar en cuenta que hay otros mecanismos, por ejemplo, los testimonios que ofrecen las personas en las comunidades de que se trata de alguien que nació allí, que vivió allí, etcétera, entonces eso corresponde a las comisiones locales  atenderlo, pero sí nos parece que desde aquí, desde la ciudad de México se podría lanzar una campaña para que la gente sepa a donde recurrir y que desde luego es su derecho obtener este documento.

GCR: Para complementar, en el caso de la ciudad de México, ya lo decía el Presidente, no tenemos muchos casos vinculados con alguna presunta violación por la omisión en el registro, actualmente la Secretaría de Desarrollo Social vía el Instituto de Asistencia e Integración Social brinda un apoyo importante para toda la población en calle que no tiene acta de nacimiento, y en el caso del DIF-DF, cuenta con programas precisamente de apoyo para lograr el registro de las personas, que sin estar en una situación de calle no tienen registro. Por otra parte, a partir de estos programas sociales en el caso de la ciudad de México, sobre todo para personas adultas mayores que de pronto quieren acceder a este beneficio y que también señalan no contar con acta de nacimiento, el Instituto de Atención para las personas Adultas Mayores también les apoya con este trámite y es relativamente sencillo, es un acta que se inicia ante el Ministerio Público en donde sólo se da aviso de la condición, se les requiere justo unos testigos que señales o hablen de la identidad de las personas y en un par de semanas, en un par de días, acceden a este servicio.

P: La atención que dio la Procuraduría a la Recomendación del Sacerdote, en su página le ofrece una disculpa pública, no sé si ustedes ya queden satisfechos con esto. Y se da un informe escueto acerca de los casos de tortura que se han registrado en la ciudad de México.

GCR: En el caso del señor Ulises Larqué hay dos momentos, uno, la primer Recomendación que se emite el año pasado y que está vinculada con violaciones relacionadas con libertad personal es decir, detención arbitraria y violaciones al debido proceso y que derivado de ello, ya en ese momento se maneja el término de disculpa pública, es una Recomendación que fue aceptada parcialmente por la Procuraduría capitalina y que forma parte del seguimiento de esa Recomendación y el segundo momento es la Recomendación 11/2011, que está vinculada con el señor Ulises Larqué, ya solamente con el caso de tortura y en esta Recomendación también pedimos la emisión de una disculpa pública por ese hecho y respecto de esta segunda aún no recibimos la respuesta de la PGJDF ni de la SSP, pero ésta, al igual que las otras dos Recomendaciones que se emitieron a la Procuraduría capitalina por tortura, la 10 y 12/2011, en las que también se pide disculpa pública por los otros casos, estamos en espera de respuesta.

P: Ya vieron el Informe que subió la Procuraduría su página, dando respuesta a uno de los puntos recomendatorios, de la Recomendación 10/2011, donde dice que de 2007 a la fecha son 75 averiguaciones previas abiertas, la pregunta era si estaban satisfechos con esa respuesta.

GCR: Seguramente entrará a la valoración porque en principio esperaríamos la respuesta formal de la PGJDF a las Recomendaciones y esta información que aún no valoramos en el conjunto de los puntos recomendatorios entrará en análisis, en principio tendríamos que saber si la Procuraduría acepta o no la Recomendación, creemos que es una gran oportunidad de realmente incidir en un tema de no sólo evitar la impunidad sino también de una reparación integral a las víctimas, nosotros confiamos en que esta Recomendación, junto con las otras dos, que se emitieron también por tortura, sean aceptadas. Por ejemplo, respecto de las cifras que manejaban por las averiguaciones previas iniciadas por tortura ya lo comentaba yo que estamos trabajando con la Procuraduría capitalina, vía la Fiscalía de Servidores Públicos, porque hay un gran pendiente, hasta el año pasado y exceptuando estos cinco ejercicios de la acción penal por el caso de Tepito, la Comisión sólo tenía conocimiento de dos ejercicios de la acción penal por el delito de tortura que estaban vinculados con las Recomendaciones emitidas por la CDHDF sobre casos de tortura, sólo para que tengan una idea, incluyendo las últimas Recomendaciones por tortura, de 1994 a la fecha la Comisión ha emitido 40 Recomendaciones por tortura y de ellas, 11 justo han sido dirigidas a la Procuraduría capitalina y a la SSP por tratarse de eventos ocurridos en contextos de investigación de delitos, entonces eso da un panorama general de cifras, pero ahí sigue existiendo un gran pendiente en términos de investigación del delito por tortura.

P: La mayoría de estos casos de tortura son cometidos ¿por quién? Por la Policía de la Procuraduría o de Seguridad Pública

GCR: De ambas, estas cifras que les compartimos son 40 Recomendaciones y de ellas, 14, un porcentaje importante, han sido dirigidos a PGJDF y SSP en contextos de investigación de delito, es decir, que hay hechos que se atribuyen a elementos de Procuraduría, pero también a elementos de SSP y no hay que olvidar que en el delito de tortura en muchas ocasiones hay participación incluso de agentes ministeriales por acción o por omisión.

P: ¿Están elaborando algún informe sobre tortura?

GCR: En el caso de la Comisión nosotros contamos con una Estrategia para la Atención Integral para casos de Tortura, que fue aprobada por el Consejo y derivada de esa estrategia es precisamente no sólo que tenemos información sistematizada, sino que precisamente la actuación de la documentación de los casos y en el pronunciamiento viene de la mano con la utilización no sólo de estándares internacionales, sino de mecanismos que nos apoyan a complementar la información, derivado de esta Estrategia les puedo decir que por ejemplo desde el año pasado la Comisión ya se vuelve oficialmente en denunciante de delitos de tortura, cuando nosotros teníamos conocimiento de hechos recomendamos por ejemplo el inicio de una averiguación previa por el delito de tortura, entonces a partir de año pasado, nosotros formalmente ya somos denunciantes, es decir, no sólo damos vista, formulamos las denuncias, en todos los casos en los que hemos pedido el inicio de estas denuncias han sido por el delito de tortura, les estamos dando seguimiento, y también se emitieron el año pasado estas tres últimas Recomendaciones por tortura que fueron documentadas en distintas Visitadurías y a partir de distintos contextos, en algunas de ellas las víctimas están relacionadas con contextos de investigación, pero hay una que una persona que fue torturada en el contexto de una manifestación esta expresión que se da un 2 de octubre y como parte de esta Estrategia las acciones y las determinaciones institucionales van mucho más focalizadas hacia una visión integral y también como parte de la Estrategia,  precisamente durante este año estaremos trabajando con algunos componentes en términos de incidencia en tortura.

P: ¿Ustedes cuántas denuncias han presentado?

GCR: Nosotros formalmente como denunciantes, del año pasado a la fecha hemos formulado 11 denuncias.

P: Otra de las preguntas que le quiero hacer a la Visitadora Rosalinda, es si nos puede platicar un poco, ¿cómo funcionan estas casuchas que están en renta?, las famosas cabañas, que bien sabemos que es una concesión que da la autoridad a un grupo de internos. Algunos dicen que siguen estando las cabañas ahí en el reclusorio Norte, y no nada más en el Norte, hay en todos. Y ahora las autoridades dicen que las están combatiendo, ¿esto ustedes lo han visto que sea real?

RSD: Las cabañas constituyen dentro de los centros de reclusión los espacios en donde se celebran las visitas íntimas clandestinas o son los espacios en donde la visita y el interno tienen un espacio más privado que las grandes salas destinadas a la visita familiar. Desde 1995 a través de la Recomendación 16/95 el último punto pide la erradicación de la visita íntima clandestina, y para eso hemos emprendido diversas estrategias: una de ellas ha sido proponer la facilitación de los requisitos que deben de cumplirse para poder tener acceso a esta visita íntima, porque son una serie de exámenes que se deben de realizar, clínicos, las personas que desean ingresar y que se deben de estar renovando cada seis meses, eso implica desde luego un costo y hace que la visita no sea precisamente accesible. Entonces, estos espacios, primero se originaron como una forma de subsanar la falta de techos en los patios de los Reclusorios para protegerse de las inclemencias del tiempo, entonces, empezaron unos como  “tendidos”, con las propias sábanas  y cobijas de los internos, que luego, esos tendidos fueron haciéndose pequeños espacios en donde hay una privacidad dentro de los patios. Estas cabañas están ubicadas generalmente contiguas a las paredes de los patios de los reclusorios, y lo que ofrecen es eso, un espacio privado para la realización de la  visita. Cuando la Comisión ha hecho de manifiesto la solicitud de la erradicación de esos espacios, por lo que dentro de ellos puede ocurrir, es entonces que se ha dicho que esos espacios se han vuelto una especie de contrapeso al propio gobierno dentro de las cárceles, y que su erradicación de tajo podría constituir un riesgo para la estabilidad de los propios centros. Entonces, se buscó una opción de cambiar los espacios por lugares para juegos para los niños que van a visitar a los padres, porque normalmente estas cabañas están en los reclusorios grandes varoniles, Norte, Oriente y Sur, sin embargo, al día de hoy las cabañas son parte de los centros de reclusión, es un negocio, o un genere, cómo se dice en el propio argot, que beneficia a internos cabañeros y que también repercute ya en un beneficio sentido y vivido por parte de las familias. Entonces, claro que habrá que caminar hacia su erradicación, me parece que no hay que olvidar el caso del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en donde adentro de una cabaña se cometió un homicidio, por parte de un interno en contra de su visita. Porque además estas cabañas se rentan con televisiones o con grabadoras que permiten que haya una sonorización específica que no permite escuchar lo que está pasando adentro como para seguridad de la propia visita. Me parece que es un problema grande que tiene que resolver la  Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y que uno de los puntos hacia donde hay que caminar es facilitar la visita íntima y hacerles llegar incluso la posibilidad de esta práctica de exámenes dentro del propio centro, facilitarlo, nada más para poder tratar de que tengan mejores condiciones, por que hay edificios de visita íntima, hay habitaciones  especialmente destinadas para ello, que tienen mejores condiciones de dignidad. Habrá que caminar hacia allá.

P: Quiera preguntarle su opinión al Doctor, por que ayer en este video de la golpiza al chavo que trabaja en el Valet Parking, ayer lo entrevistaron  y comentaba él que quieren llegar a un arreglo. Parece ser que su agresor ayer mismo contactó a su abogado para llegar a un arreglo, ¿cuál sería el mensaje de la Comisión para esta persona? ¿Sería el llegar hasta las últimas consecuencias del juicio o  aceptar las condiciones,  aceptar un arreglo?

LGP: Hay una parte que está ya siguiéndose como se ha comentado acá, que ya están en el Juzgado, para nosotros sería importante que el joven pudiera sopesar la pertinencia de interponer una denuncia por el delito de discriminación. Aunque eso, digamos, está en el ámbito de su decisión, porque es por querella ese delito, creemos que es importante que se envíe un mensaje de que ese tipo de cosas no pueden estar sometidas a negociación, es decir, uno no puede insultar a una persona de esa manera, golpearla de esa manera, vejarla y después tratar de arreglarlo por la vía de una negociación. Nos parece, déjeme usar un término que no es a lo mejor el más adecuado, pero inmoral. Aunque por supuesto que está en el ámbito de la decisión de este joven aceptar una negociación, de todas maneras me parece que es importante enviar un mensaje en el sentido de que ese tipo de comportamientos no se pueden tolerar. Nadie debe insultar  a ninguna otra persona, mucho menos golpearla, a partir de una posición de superioridad. No debemos de tolerarlo como sociedad. Y aunque el joven, generosamente o por la razón que sea, decidiera no seguir adelante, creo que es importante que quienes tengamos la posibilidad de pronunciarnos lo hagamos, para que la persona que realizó este acto se sienta avergonzada, se sienta señalada, y no sienta que la posición económica que pueda tener le permite, de ninguna manera, pasar por encima de la dignidad de otra persona.

P: ¿Él está en su derecho de …?

LGP: Él sí, desde luego, y nosotros en la obligación de hacer este pronunciamiento.

P: ¿Cómo ve el tema de las elecciones?

LGP: Muy interesante, vamos a estar atentos al debate de hoy.

P: ¿Tiene favoritos?

LGP: La verdad es que con los llamados favoritos tenemos una muy buena relación, lo que dije ayer del Procurador lo diría también de la diputada Barrales, hemos tenido un gran apoyo por parte de ella, con el Senador Navarrete tenemos una excelente relación también, entonces, no tenemos favoritos. En todo caso, quien mejor respete los derechos.