Boletín 12/2012
11 de enero de 2012
- La víctima está en su derecho de otorgar el perdón al agresor; la CDHDF está en la obligación de pronunciarse por este tipo de hechos
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que los insultos, agresiones y expresiones de discriminación, a partir de una condición de superioridad económica, no caben en una sociedad democrática y exhortó a que tanto la sociedad como quienes encabezan sus instituciones se pronuncien también en contra.
“Uno no puede insultar a una persona de esa manera, golpearla de esa manera, vejarla y después tratar de arreglarlo por la vía de una negociación, me parece inmoral; ese tipo de cosas no pueden estar sometidas a negociación”, dijo sobre las agresiones al trabajador de un estacionamiento por parte de un empresario textil, las cuales fueron difundidas a través de un vídeo en las redes sociales.
El Ombudsman capitalino respondió a pregunta expresa sobre el caso, que aun cuando el agraviado “generosamente o por la razón que sea decidiera no seguir adelante, es importante que quienes tengamos la oportunidad de pronunciarnos lo hagamos, para que la persona que realizó este acto se sienta avergonzada y no crea que su posición económica le permite pasar por encima de la dignidad de otra persona”.
González Placencia dijo que la CDHDF emitió ya medidas precautorias sobre el caso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y envió una carta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), a través del respectivo Juzgado de Paz Penal, para garantizar la seguridad y la integridad del agraviado, así como las garantías al debido proceso y la debida diligencia.
Agregó que además de darle seguimiento al caso, se buscará acompañar a la víctima para que denuncie los agravios, que podrían configurarse como discriminación, ya que es un delito que se persigue por querella:
“Es importante subrayar que este tipo de acciones no se pueden permitir, los insultos a la víctima pueden constituir el delito de discriminación, que en el Distrito Federal debe ser castigado”, insistió.
En cuanto a las denuncias del usuario de la cuenta de Twitter internoReno, así como sobre el derecho de las personas privadas de su libertad a denunciar delitos al interior de los penales capitalinos, advirtió sobre la oportunidad de analizar el ejercicio del derecho de las y los internos a utilizar las redes sociales, reguladas por las autoridades, como ya se hace en algunos países.
Al respecto, la Segunda Visitadora, Rosalinda Salinas Durán, se refirió a la intervención de la CDHDF para evitar los enfrentamientos entre internos ubicados como “twitteros” y “los cabañeros”, ante las denuncias de colusión y corrupción con las autoridades de los penales.
Recordó que ya en 2002, la CDHDF recomendó erradicar este tipo de espacios conocidos como “las cabañas”, que representan un contrapeso a la gobernabilidad en los centros Oriente, Norte y Sur, por el negocio que beneficia a algunos internos: “Sin duda, es un problema grave que debe resolver la Subsecretaría del Sistema Penitenciario”.
En tanto, sobre las últimas Recomendaciones emitidas por tortura, la Cuarta Visitadora, Guadalupe Cabrera Ramírez, señaló que una vez que entró en vigor laEstrategia para la Atención de los Casos en los que se Denuncia Tortura ante laCDHDF, este Organismo Defensor actúa como denunciante en 11 casos de que conoció en 2011.
Dijo que la Procuraduría capitalina aún está en tiempo de aceptar o no las Recomendaciones 10/2011, 11/2011 y 12/2011, que coinciden también en la necesidad de que la autoridad solicite disculpas públicas a las personas agraviadas.
En su intervención, el Primer Visitador, Mario Patrón Sánchez, habló sobre la violación al derecho de presunción de inocencia de las personas inculpadas que son exhibidas ante los medios de comunicación, sin que un juez haya determinado su responsabilidad en algún delito y que posteriormente son declaradas como inocentes.
Confirmó que se emitirá una Recomendación ante las violaciones consumadas, la afectación a la honra y dignidad, así como a la vida privada de las personas agraviadas, al margen del Protocolo de presentación ante medios que dé a conocer la PGJDF.
Respecto de las víctimas de tortura, señaló su preocupación por el patrón de violaciones a través de estas prácticas en el proceso de investigación y de persecución de delitos, es decir, en el tramo de tiempo entre una detención y la puesta a disposición de las personas ante el Ministerio Público.
Mencionó también que entre los temas estructurales que permiten las violaciones a derechos humanos por parte de prácticas en la operación de la PGJDF está el cambio de la situación jurídica de quienes declaran como testigos y luego son presentados como inculpados, además del tema del arraigo, que no coincide con las consideraciones que la CDHDF le dio a conocer para no practicar esta figura en el Distrito Federal.
Sobre el problema de la basura, el Presidente de la CDHDF señaló que la respectiva investigación contempla los mecanismos de recolección y la falta de conciencia ecológica por parte de las y los ciudadanos, la estrategia por parte del Gobierno capitalino ante el cierre del Bordo de Xochiaca y para no llevarla a enterrar a otro lado; así como el cascajo por las obras públicas y privadas que se acumulan en basureros clandestinos al Oriente de la ciudad, sobre los mantos freáticos.