viernes , 27 enero 2023

Entrevista al Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, en la presentación de la investigación Defensoras de derechos humanos en México: Diagnósticos 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo.

Transcripción 05/2012
19 de enero de 2012

Pregunta (P): Preguntarle sobre estos rezagos que se tienen en relación a las garantías de las propias defensoras de derechos humanos, ¿cómo se encuentra nuestro país?

Doctor Luis González Placencia (LGP): Desafortunadamente la situación de defensores en general es grave, como se sabe. Internacionalmente se reconoce que México es un país peligroso para la defensa de los derechos humanos. Pero especialmente el tema de las mujeres es relevante porque ahí es en donde se recrudecen, digamos, todos los riesgos y todos los problemas que se enfrentan en la defensa de derechos humanos. Ellas suelen no ser reconocidas, suelen ser vejadas, suelen ser amenazadas, suelen ser violentadas con mucha mayor facilidad que los hombres.

P: ¿Me puede recordar los estados con mayor problemática en que se ve acentuado este problema?

LGP: Claro, en Chihuahua, Coahuila, estamos hablando del Estado de México, estamos hablando de Veracruz también, son los estados en donde hay más problemática con la defensa de derechos humanos hecha por mujeres.

P: ¿También áreas en donde está muy presente los usos y costumbres, no?

LGP: Así es, particularmente en aquellos lugares en donde por la pertenencia de las mujeres a determinados grupos se piensa que no deberían de estar trabajando en este tipo de actividades.

P: ¿En el Distrito Federal cuál es la condición de las mujeres que defienden sus derechos humanos?

LGP: Afortunadamente en el Distrito Federal las circunstancias son distintas. Aquí los movimientos de mujeres han empujado, a nivel nacional inclusive, reformas muy importantes en defensa de los derechos de las mujeres, pero también son parte muy importante de los movimientos generales de defensa de derechos humanos.

P: ¿Cuáles son los principales resultados que arroja este Diagnóstico, Doctor?

LGP: Bueno, fundamentalmente el hecho de que por tratarse de mujeres su condición es de mucho mayor riesgo; la problemática relacionada con el incremento, digamos, o el recrudecimiento, mejor dicho, de las actitudes vejatorias cuando enfrentan al sistema penal; por ejemplo, cuando enfrentan los obstáculos para poder realizar su trabajo. Lo que es importante de esteDiagnóstico es que la condición de ser mujer parece ser un agravante importante cuando se dedican a la defensa de derechos.

P: ¿Es cuestión de género?

LGP: Sí, así es.

P: Señor, en otro tema, ahora con bombo y platillo el Gobierno federal por ejemplo ya anuncia que están ya llegando los apoyos a la Sierra Tarahumara, allá en Chihuahua, ¿pero qué perciben ustedes que todavía falta en materia de derechos humanos de estas comunidades que han sido prácticamente abandonadas y ahora anuncian que ya están llegando los apoyos?

LGP: Nos ha preocupado mucho que haya claridad en el Gobierno federal de que este tipo de situaciones se han repetido año con año; es decir, que no sea nueva la situación es preocupante porque eso significa que hay un problema de política pública que no permite que estas comunidades tengan acceso a sus derechos plenos, y su derecho a la alimentación en concreto. Aunque saludamos y nosotros mismos estamos participando en el acopio de alimentos para que sean enviados a la Sierra, lo que nos parece que hace falta es que haya una política permanente, una política que prevea que este fenómeno es cíclico y que lo evite, porque nos parece que es evitable.

P: ¿Usted tiene información sobre los supuestos suicidios en la Sierra Tarahumara?

LGP: No, nada confirmado, lo que se conoció a través de las redes, pero no tenemos información.

P: Señor, hablando de otras defensoras, ¿cuál es su opinión acerca de la señora Isabel Miranda de Wallace que va por la Jefatura de Gobierno por el PAN?

LGP: Creo que ella ha hecho una gran labor ciudadana. Me parece que está en todo su derecho de contender. Coincido con ella cuando dice que es hora de que haya candidatos ciudadanos. Tengo la certeza, pues, de que será una contienda muy interesante. Yo le deseo muy buena suerte.

P: Señor, preguntarle finalmente de mi parte, parece ser que habrá algún comunicado de parte de ustedes más tarde con relación a un año de la Supervía Poniente, ¿qué nos puede decir a este respecto, qué nos puede adelantar?

LGP: Claro, hoy se cumple un año de que fue emitida la Recomendación, como todas y todos saben, y coincide con el hecho de que, como se sabe, a finales del año anterior el Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió una Resolución en la que confirma lo que nosotros dijimos en la Recomendación. Entonces la intención es que dado que esa Resolución está vigente, aunque está siendo combatida también por el Gobierno del Distrito Federal, se tomen las medidas necesarias para evitar un deterioro medioambiental que sea irreversible. Ese es el sentido de las Medidas Precautorias.

P: ¿Nos recuerda la Recomendación en qué sentido iba?

LGP: Claro, para nosotros lo fundamental es que hubo una omisión en la ley medioambiental que solicitaba una consulta ciudadana, una consulta especial para efecto de valorar si se realizaba o no se realizaba la obra, si ésta tendría un impacto ambiental importante. Esa consulta no se llevó a cabo, lo cual pone en riesgo la validez, desde el punto de vista medioambiental de la propia obra. Después el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló en el mismo sentido, y lo que eso demuestra es que la obra no calculó adecuadamente el daño medioambiental o por lo menos no lo hizo explícito, y eso quiere decir que el riesgo de daño medioambiental existe.

P: ¿Se puede mantener vigente esta Recomendación, dado que el Gobierno del Distrito Federal ha dicho que no va a parar las obras en tanto que no haya una Resolución negativa?

LGP: Cómo saben la Recomendación en ese punto no se aceptó; sin embargo, lo que la refuerza es la Resolución del Tribunal, que esa sí es vigente, esa es obligatoria, y aunque está siendo todavía analizada en una segunda instancia por el momento es vigente.

P: ¿Y qué llamado entonces se le hace entonces al Gobierno del Distrito Federal?

LGP: Justamente a que tome en cuenta esa Resolución del Tribunal, a que la respete ya que por lo pronto mientras no se resuelva en segunda instancia ya definitivamente el asunto detenga la obra.

P: ¿Podría incurrir en desacato?

LGP: En este momento no, porque está todavía sub judice el tema, entonces, hasta que hay una resolución final.

P: Oiga, Doctor, y en este sentido, ¿no es de preocupar las vacantes que todavía siguen en el Tribunal de lo Contencioso y el hecho de que se haya designado a un colaborador cercano del Jefe de Gobierno como Magistrado de la Sala Superior? ¿Y qué opinión le merece esta información que se da a conocer de que en 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó la Ley de lo Contencioso y Administrativo, pero diferente a la que se había aprobado en la Asamblea?

LGP: En principio  comento que tenemos confianza en que la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal elegirá pronto y con plena transparencia a quienes deberán ocupar estos cargos de Magistrados. Sabemos que ya hubo una primera ronda en la que algunos de ellos no fueron aprobados como tales, entonces eso nos da confianza. Sobre el tema de la Ley, también quiero comentar que desde la propia Comisión estamos analizando los recursos legales que nosotros podríamos tener,  pero confiamos en que sea la propia Asamblea la que pueda pronunciarse e iniciar las acciones legales, porque efectivamente estamos hablando ahí de un tema grave, de una decisión que en algún lugar se tomó para mutilar la Ley.

P: ¿Estas acciones de la Comisión qué serían, Doctor, o qué implicarían estas acciones?

LGP: Las estamos analizando, estamos viendo si podemos, por ejemplo, iniciar una Acción de Inconstitucionalidad, que probablemente sea el camino. Pero, bueno, siempre nosotros actuaremos dentro de nuestras facultades.

P: En el caso de la Supervía, Doctor, también se solicitó a la Asamblea que llamara a comparecer al Jefe de Gobierno y a otros servidores públicos, esto se dijo que iba a ser el año pasado, no se hizo el año pasado; se dijo que podría ser a principios de enero de este año, no ha pasado. ¿Esto es una irresponsabilidad de la Asamblea Legislativa?, ¿es una representación que un partido en el poder tiene en el aparato legislativo del Distrito Federal o qué está pasando con eso?

LGP: Bueno, lo que nosotros tenemos sabido es que no ha habido los acuerdos necesarios para que el pleno de la Asamblea sea el que llame a los servidores públicos. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea ya diseñó el procedimiento y ahora lo que toca es simplemente mandarlos llamar. Esperamos que esto se haga lo antes posible.

P: ¿Qué llamado haría entonces a la Asamblea?

LGP: Ese, pues creo que es un pendiente importante. Avanzamos mucho el año pasado implementando el Mecanismo, entonces ahora sería incongruente que no se llevara a cabo.

P: ¿La falta de detención de la obra y el no llamar a comparecer a los funcionarios del Gobierno capitalino no promueve esta sensación de indefensión que tiene la ciudadanía?

LGP: Pues, por lo pronto representa, digamos, una actitud que nosotros esperaríamos se subsanara muy pronto porque efectivamente hace un año que se emitió la Recomendación, hubo esta resolución del Tribunal, no hay un llamado a comparecer, pues creemos que eso es un mal mansaje para la ciudadanía.

P: Por otra parte, los actos de tortura que se registraron en las instalaciones del Ministerio Público, o los actos de corrupción, ¿no son una mancha en la administración del contendiente por la candidatura a la Jefatura de Gobierno, Miguel Ángel Mancera?

LGP: Desafortunadamente el tema relacionado con la tortura no se da solamente en la Procuraduría, es un tema que está también en la Secretaría de Seguridad Pública y en el Sistema de Reclusorios; es decir, es un tema transversal en el Gobierno de la ciudad de México y especialmente en el sistema penal; y sí pensamos que es un tema gravísimo, por eso emitimos el año pasado cuatro Recomendaciones al respecto. Ha habido buena respuesta, tengo que decir que ha habido buena respuesta; sin embargo, es sintomático de cómo esta práctica sigue siendo una práctica sistemática en la ciudad de México.

P: ¿De estas cuatro Recomendaciones que existieron en la administración de Mancera por tortura se sancionó a algún servidor público o cuál fue la respuesta?

LGP: A la Procuraduría fueron tres Recomendaciones, sí ha habido ya averiguaciones previas abiertas contra los servidores públicos involucrados. Muchas gracias.