Transcripción 03/2012
10 de enero de 2012
Pregunta (P): Sobre la presentación de esta queja en esta Comisión, es la primera que se presenta, ¿no?
Doctor Luis González Placencia (LGP): En realidad no es la primera, pero es la primera que recibimos, digamos, ya haciendo uso pleno de esta nueva facultad que nos otorgó la Constitución. Se trata de una queja que presentan diversos sindicatos por anomalías frente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
P: Señor, hablando en cuestiones laborales, pues también ustedes tienen trabajadores, ¿aquí se les permite la libre asociación, hay sindicato, se les permite…?
LGP: No hay sindicato. No ha sido hasta ahora una demanda de los trabajadores de la Comisión. Ese es un tema muy interesante porque las prestaciones laborales que tiene la gente de la Comisión digamos que no han generado esa necesidad, pero por supuesto que hay libertad plena para hacerlo.
P: ¿O sea, tienen todos sus derechos garantizados?
LGP: Tienen todos sus derechos garantizados. Estamos ahora mismo en un proceso de revisión porque queremos tener también la casa limpia. Nos importa muchísimo resolver los temas que están relacionados con los trabajadores de honorarios, por ejemplo, que es un asunto que atraviesa a todas las instituciones. Y estamos en una revisión constante de estos derechos.
P: ¿Usted no se opondría a la creación de un sindicato?
LGP: Yo no, absolutamente.
P: Oiga, Doctor, es la primera vez que la Comisión va a hacer una investigación que tiene que ver con la cuestión del derecho de libre asociación entre trabajadores, el derecho a la huelga, que es lo que realmente están estas personas pues quejándose, que se les está coartando ese derecho. ¿La Comisión esta preparada para hacer ya ese tipo de investigaciones si tenemos menos de un año que se hizo la reforma constitucional?
LGP: La reforma, como ustedes saben, se aprobó en el verano del año pasado. Desde ese momento, en nuestra opinión, las Comisiones adquirieron la competencia. Se propuso un periodo de vacatio legis de un año precisamente para ir preparando la infraestructura. Nosotros no impedimos que llegara ninguna queja en este periodo, lo que sí hemos hecho es que de momento las hemos derivado a la Tercera Visitaduría en donde está la gente que conoce de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) para que el abordaje sea con esa perspectiva. Tenemos afortunadamente compañeras y compañeros que han colaborado en la OIT, que tienen bastante experiencia en el tema y con ellos vamos a iniciar el equipo. Ya está definido el equipo de trabajo, lo que falta simplemente es que el Consejo de la Comisión autorice la creación de la Visitaduría. Es un tema que ya hemos platicado, que ya está claro que lo tenemos que hacer, pero que hace falta cumplir con la formalidad e iniciaremos el 1ro. de febrero ya con un Visitador especializado.
P: ¿Quién va a ser ese Visitador?
LGP: Va a ser Luis Jiménez Bueno, el actual Tercer Visitador.
P: ¿Cuántos recursos requirió o requiere la Comisión de Derechos Humanos para poner esta Visitaduría?
LGP: El planteamiento que hicimos a la Asamblea fue de 18 millones de pesos para poder asumir con plenitud el número de quejas que esperamos recibir, que es entre 700 y mil en al año. Eso equivale a una Visitaduría del tamaño de las otras tres primeras. Sin embargo, ya en la autorización del presupuesto se nos otorgaron 5 millones aproximadamente, que vamos a aplicar a esta Visitaduría. Naturalmente eso implica que no vamos a poder contratar el número de Visitadores que esperábamos, pero sí tenemos certeza de que haciendo los movimientos internos que sean necesarios vamos a poder cubrir la necesidad.
P: ¿Van a ser suficientes esos 5 millones?
LGP: Tienen que ser suficientes. Nosotros no podemos argumentar de ninguna manera ni nos iríamos por el lado de argumentar que la falta de presupuesto tendría que implicar una baja calidad de nuestro servicio. Entonces tienen que ser suficientes. Por fortuna las y los Visitadores tienen muy claro cuál es el rol que juegan y la verdad es que creo que podemos contar con ellos plenamente.
P: ¿Aproximadamente cuántas quejas en el sentido laboral se han presentado ya?
LGP: Identifico ya con esta nueva orientación dos. Esta que se presenta hoy que es colectiva y otra que tiene que ver con este Sindicato de Telefonistas (Atento), que ustedes recordarán que se generó un problema incluso que implicó violencia, que estuvimos desde ese momento ahí ya y tenemos la queja.
P: Por otra parte, ¿es generalizada la violación a los derechos laborales en el Distrito Federal?
LGP: Pues podemos presumir que hay un problema grave y extendido en todo el Distrito Federal. Y eso lo podemos presumir a parte de que no obstante que no recibíamos quejas plenamente laborales sí hemos emitido por lo menos tres Recomendaciones sobre temas de laudos. Entonces eso nos deja ver que hay un problema importante que está asociado a estas prácticas, que esperamos no pasen en esta ocasión, de cambios de administración que generan despidos injustificados, y que después implican la desaparición de plazas y el no pago de salarios, etcétera. Una vez que los trabajadores ganan los juicios el gobierno no tiene con que pagarles. Entonces eso ha implicado un rezago muy importante y eso es uno de los grandes pendientes que tiene la ciudad.
P: Lo que están acusando las organizaciones sindicales que presentaron esta queja es muy grave, porque pareciera que estamos en un gobierno que se dice que es de izquierda y de alguna manera está limitando los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es su opinión al respecto, sobre todo tomando en cuenta esta queja…?
LGP: Afortunadamente la reforma del año pasado permite que la política pública, cualquiera que sea el tema, se centre en el eje de los derechos humanos. Entonces eso lo que nos va a permitir es que a la hora de hacer la valoración de los agravios que nos están presentando los sindicatos, vamos a poder dar una respuesta muy clara en términos de qué tanto se desvía la política laboral actual del Distrito Federal respecto a los derechos humanos. No quisiera hacer consideraciones en torno a la ideología, pero lo que sí puedo decir es que está muy claro es que una posición de avanzada, una posición de vanguardia es una posición que está centrada en los derechos humanos.
P: ¿Qué peso real puede tener una Recomendación de la Comisión frente a una autoridad laboral como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que no es capaz ni siquiera de atender resoluciones judiciales?
LGP: Bueno, lo que esperaríamos es que el peso moral de la Comisión tenga su efecto. Eso ha ocurrido en otros momentos, desafortunadamente por la naturaleza del órgano que es esta Comisión las Recomendaciones no son obligatorias, no pueden ser obligatorias; sin embargo, la fuerza que tienen, particularmente cuando trabajamos con Organizaciones de la Sociedad Civil, la fuerza que tienen las Recomendaciones ha llegado incluso a titulares, a Secretarios. Entonces lo que esperamos es que haya una buena coordinación con la Junta, que esta nueva competencia que tenemos nos permita ir componiendo las cosas también ahí en la Junta y que en ese medida vaya teniendo efecto.
P: ¿Qué responsabilidad tiene la Jefatura de Gobierno capitalina ahora que los peticionarios dijeron que tiene que hablar, que tiene que decir algo la Jefatura de Gobierno? ¿Qué responsabilidad tiene esta Jefatura de Gobierno ante esta violación a los derechos laborales?
LGP: Bueno, aquí hay que tener en cuenta que la mayor parte de estos sindicatos lo son de empresas privadas, entonces la responsabilidad que le toca al Gobierno de la ciudad es la de crear los mecanismos tanto a nivel normativo como a nivel de garantías, es decir, los órganos y de vigilar que estos órganos funcionen adecuadamente. Naturalmente entiendo yo esa solicitud como una solicitud más de intervención política, y eso valoraremos si la Comisión debe o no hacerlo.
P: ¿Sólo podrán velar por los derechos de los trabajadores del Estado?
LGP: No, porque como se ve en este caso, por ejemplo dada que hay una obligación del Estado, aun cuando la violación la cometa un particular, sobre lo que nosotros nos vamos es sobre la obligación del Estado.
P: ¿En este caso de la Junta?
LGP: En este caso de la Junta, así es.
P: Cambiando de tema, una Recomendación más por el asunto de “Los Elegidos de Dios”, ¿cuál es el alcance de esta Recomendación, Doctor? Y sobre todo, ¿esto de alguna manera eclipsa la investigación que en su momento hizo la Procuraduría del Distrito Federal por los actos de trata de personas que se cometieron ahí?
LGP: Una de las líneas que nosotros seguimos fue la actuación justamente de la Procuraduría. Como ustedes saben se realizó este rescate y se fincaron responsabilidades pero solamente a particulares, no se fincó ninguna responsabilidad a ninguna autoridad. Entonces la Recomendación lo que señala es la responsabilidad de autoridades de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la SEDECO, porque ellos regulan la actividad de la Central de Abasto. Entonces lo que estamos recomendándole a la Procuraduría es que enderece la investigación hacia estos servidores públicos que aquiescencia permitieron que estos jóvenes fueran levantados y llevados a este albergue.
P: ¿Entonces el asunto es que la Procuraduría investigue a los funcionarios públicos que pudieron haber tenido alguna responsabilidad?
LGP: Así es, nosotros estamos aportando la evidencia que implica a estos servidores públicos. Muchas gracias.