domingo , 4 junio 2023

La política pública en materia de seguridad ciudadana requiere del enfoque de los Derechos Humanos.

Boletín 500/2011
21 de diciembre de 2011

El Coordinador de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, afirmó que la aplicación de medidas represivas no aporta a la reducción de la delincuencia en nuestro país.

Durante el Foro sobre Seguridad Ciudadana, Cohesión Social y No Discriminación, realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, explicó: “En el contexto actual se hace manifiesta la incapacidad del Estado para garantizar plenamente la seguridad ciudadana en México. La adopción de medidas regresivas (más policías, más penas, más cárceles) nunca ha aportado una reducción significativa y sostenida de la delincuencia”.

Señaló que en la compleja realidad mexicana la inseguridad es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de la pobreza extrema y crecimiento acelerado de las desigualdades económicas y sociales.

En el foro llevado a cabo en la Escuela de Graduados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, subrayó que las políticas públicas, sobre todo las destinadas a reducir la violencia y mejorar la seguridad ciudadana, deben tener como elemento esencial los derechos humanos.

Explicó que los derechos humanos son el fundamento de las políticas públicas para su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, así como para la planeación, programación y presupuestación de los recursos públicos destinados a su cumplimiento.

El Coordinador de Relatorías de la CDHDF destacó que el ámbito local es un escenario privilegiado para la articulación de las y los actores de los diferentes niveles, el fortalecimiento de sus capacidades y vinculación de la ciudadanía en acciones de corresponsabilidad y control social.

Esto se logra, dijo, a través de la formulación y adopción de políticas integrales de convivencia y seguridad ciudadana que reduzcan, prevengan y atiendan los principales factores asociados a la criminalidad y violencia urbana.

Subrayó que urge constituir una política de Estado en materia de derechos humanos. Para la cual, insistió, es indispensable que en cada una de las fases de la política pública (diseño, implementación y evaluación), las y los servidores públicos involucrados conozcan, entiendan, apliquen y respeten los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia.

Además, indicó, deben de ir acompañadas de mecanismos (económicos, legales, humanos, de infraestructura) para garantizarlas y realizar una evaluación objetiva que permita saber si se están cumpliendo los objetivos planeados.

Al dictar la Conferencia Magistral: “Políticas Públicas para Reducir la Violencia Social y Mejorar la Seguridad Ciudadana”, Gerardo Sauri expuso que una política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos.

“Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que estos derechos se concreten en los planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales. Asimismo deben abordar las causas de la criminalidad y la violencia”, abundó.

En un sentido amplio, dijo, la seguridad ciudadana debe incorporar medidas de garantía de los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y al trabajo, entre otros.

Aseveró que desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando se habla de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino en la manera en cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.