jueves , 26 enero 2023

Entrevista al Doctor Luis González Placencia, en el Marco del Conversatorio: “La agenda de los derechos humanos en México de cara a las elecciones de 2012”..

Transcripción 103/2011
9 de diciembre de 2011

Pregunta (P): ¿Cuál es su opinión sobre el debate de que se pueda inmiscuir el narcotráfico en las elecciones presidenciales?

Luis González Placencia (LGP): Yo creo,  que lo que hay que tratar,  es de que no se enrarezca el tema electoral. Me parece que si existen datos objetivos de que eso pueda estar ocurriendo hay que denunciarlo ante las instancias correspondientes, y hay que enviar un mensaje de certeza. Se ha hablado mucho de que habría una estrategia para boicotear la elección, a mí me parece que por el contrario, hay que dar un mensaje de certeza a la ciudadanía, necesitamos las elecciones, necesitamos que ocurran en un ambiente de seguridad y si hay conocimiento de que pudiera haber delitos o situaciones en las que el crimen organizado estuviera involucrado hay que denunciarlas ante las instancias correspondientes.

P: ¿Cómo se podría blindar o tomar unas estrategias para evitarlo?

LGP: Yo creo que un tema muy importante va a ser el de las plataformas electorales, ahí los distintos partidos políticos tendrán que plantear un compromiso muy claro en contra de la criminalidad organizada. Yo creo que será muy importante que también esas plataformas aclaren cómo afrontarán la estrategia, si seguirán con la estrategia actual, o si cambiarán e irán en otro sentido. Pero independientemente de las diferencias que pueda haber en la manera de abordar el problema, lo que sí creo es que debe haber un rechazo explícito a cualquier intervención del crimen organizado, no solamente en las elecciones, sino en la vida nacional.

P: Ayer el Presidente dijo que el narco bajó 50 candidatos en Michoacán, ¿no hay preocupación de que bajo este pretexto se siga imponiendo la guerra contra el narcotráfico?

LGP: Creo que habría que analizar la evidencia que han proporcionado diversos expertos sobre el tema, creo que es un momento para poner en la discusión lo que son los datos que han emergido de las investigaciones serias que se han hecho sobre el tema en el país. A juzgar por esos datos, lo que tenemos es ciertamente una disputa territorial, más bien el tema de la intromisión en los asuntos electorales hasta ahora está mucho más en el plano de las percepciones, sin embargo, si hubiera datos objetivos, a mí me parece que hay que ponerlos sobre la mesa, y cómo he dicho, también denunciarlos.

P: En estos últimos días estamos viendo un incremento de la violencia en contra de los defensores de los derechos humanos, a la muerte de Nepomuceno Morales, se suma ahora la de Trinidad de la Cruz, los secuestros de los ecologistas que aún no los encuentran, ¿cuál es su opinión de este incremento?

LGP: Nos parece una circunstancia muy grave, yo honestamente no recuerdo  que en las últimas décadas hubiéramos tenido una situación como esta, además de violencia que se viene incrementando con una frecuencia inusitada, eso creo que da cuenta de la fragilidad de instituciones del Estado para afrontar esta situación, tanto a nivel estatal como municipal, y desde luego da cuenta de una problemática a nivel federal. Nos preocupa muchísimo, por que el mensaje que está enviando, es un mensaje malo en el sentido de que quién se dedica a la defensa de los Derechos Humanos, quién está llevando al escenario público causas que se derivan  también de homicidios, desapariciones, están en riesgo, y la verdad es que el generar temor en esta circunstancia nos parece muy desafortunado. Tanto el Gobierno federal, como los Gobiernos locales tienen que dar un mensaje también de certeza, es decir, de indignación, de certeza, tiene que quedar claro que estas cosas no pueden ocurrir, y también hay que desplegar los mecanismos de protección que sean necesarios. Yo creo que aquí, hace falta urgir al Gobierno federal para que estos mecanismos de protección que desde hace mucho tiempo se están discutiendo, se pongan en práctica, que sean efectivos.

P: ¿Comparte usted la opinión del Movimiento por la Paz, dónde dicen que el Gobierno, los Gobiernos estatales y federales son responsables de estos asesinatos y agresiones por omisión del propio Estado, sobre todo cuando todos estos defensores solicitaron medidas precautorias?

LGP: Claro, la responsabilidad es por acción o por omisión, en este caso, definitivamente sí ha habido, como lo sabemos que lo ha habido, solicitud de protección al Gobierno federal, era obligación del Gobierno federal instrumentarla y garantizar la vida. En ese momento, en el momento en que se visibiliza un caso, se solicita que la autoridad intervenga para proteger, en ese momento la autoridad se hace responsable de la vida de las personas, entonces, efectivamente hay una omisión ahí que ha costado vidas, y que ha costado cómo en el caso de Norma, pues que ahora  se encuentre recuperándose de un atentado que pudo haberle quitado la vida.

P: En la cuestión de las elecciones, es más claro a nivel nacional, pero yo quisiera preguntarle a nivel local, del Distrito Federal, ¿cuál es el panorama que está viendo la Comisión en el proceso electoral del D.F?

LGP: Bueno, se van a ir definiendo ya muy pronto las candidaturas, vamos a pasar de un escenario de precandidatos a un escenario de candidatos. No vemos en la ciudad de México una problemática cómo la que se está planteando a nivel nacional, aquí más bien lo que vemos es que la contienda va a ser una contienda cerrada, creemos que todos los partidos tienen posibilidad, la verdad es que tanto quienes ahora gobiernan cómo quienes han hecho oposición, tendrían elementos para posicionar distintos temas y digamos, posicionarse a sí mismo frente a la elección. Hace unos días, firmamos con todos los partidos políticos un Convenio de Colaboración, que tiene como finalidad, por una parte, ofrecerles a los precandidatos y candidatos, capacitación en materia de Derechos Humanos, y por otra parte tiene como finalidad también que las plataformas políticas que van a presentar se centren en el tema de los derechos humanos. Pensamos que es una manera de blindar lo que se ha logrado en la ciudad hasta ahora, para que sea quien sea el partido que gobierne el año que entra, su programa de gobierno esté centrado en el tema de los derechos.

P: ¿Sería conveniente  que este Convenio se replique a nivel nacional?

LGP: Sí, yo creo que tendría que ser necesario, de hecho de cara a la reforma constitucional, cómo comentaba hace un momento, la reforma constitucional plantea un modelo de Estado centrado en los derechos humanos. Eso pone límites jurídicos, ya no sólo hablamos de límites ideológicos, que tendrían que recentrar las posturas de  los partidos, sino que, hablamos de límites jurídicos que suponen obligaciones claras a quienes ejerzan el gobierno en los tres niveles el año que entra. Sería muy sano efectivamente que,  se centraran los partidos políticos a nivel nacional, que firmaran un convenio de esta naturaleza. Eso es muy útil, porque ustedes recordarán que en otros momentos algunos partidos han propuesto, por ejemplo regresar a penas inusitadas, generar políticas públicas que son contrarias a los derechos, entonces es una manera de blindar las plataformas, de modo tal que se centren en los derechos.

P: Con este panorama que usted nos comentaba hace un momento, de narcoviolencia,  Ejército en las calles, la violencia en contra de activistas y periodistas, ¿hay un riesgo de que salga mal la elección?, ¿hay riesgo latente para la elección en general?

LGP: Yo creo que aquí hay que tener muchísima responsabilidad para que no se construya un imaginario que apunte en ese sentido. Me parece que hay que ser muy objetivos, que hay que tomar en consideración que hay datos en la realidad que nos alertan. Esta situación que se está viviendo ahora con los defensores de los derechos humanos es un dato objetivo que debe alertar, pero, me parece que el mensaje que hay que construir de cara al año que entra, es de certeza, es decir, tenemos que tener elecciones, es necesario que la vida democrática no se altere, y más bien, creo que hay que… a dónde hay que presionar mucho es en las instancias que existen para resolver todas estas problemáticas, que las resuelvan efectivamente. Hay un año, le queda todavía un año al Gobierno federal. No creo que haya que tener una visión de que ya se terminó su obligación, al contrario, creo que hay que reforzarla, y hay que utilizar ese año que queda para generar y construir esas certezas.

P: ¿Es un estado de alerta que se puede resolver de manera conveniente para el país?

LGP: Yo creo que hay datos que no podrían de ninguna manera ser interpretados cómo que no pasa nada. Sin embargo, hay que ser muy responsables para no construir un imaginario de temor, que ponga en riesgo la viabilidad de la elección.

P: ¿Qué señales hay para que justamente se vea que se están respetando los derechos humanos en el país y no hay un clima de violaciones?

LGP: Yo creo que en lo inmediato, los gobiernos tienen que generar medidas que produzcan una sensación de certeza, particularmente frente al sector que está siendo más vulnerado, que es el de las y los defensores de los derechos humanos, así como el de los atentados a quiénes se dedican al tema de la libertad de expresión, a quiénes están en los medios de comunicación. Y ese mensaje por una parte tiene que ser, desde luego de condena, pero tiene que ser también un mensaje que suponga un despliegue de actividades para resolver los casos que, desafortunadamente, hoy estamos lamentando, de pérdida de vidas, los atentados que han ocurrido en diversas zonas del país, y también para evitarlos, es decir, hay un llamado de atención, una alerta  que da cuenta del riesgo que viven muchas personas que han solicitado directamente la ayuda del Gobierno federal para ser protegidos: el Gobierno federal tiene que hacer todo lo que esté en sus manos, igual que los Gobiernos locales, para que a estas personas no les pase nada.

P. ¿Sería imperativo encontrar a los responsables de la muerte de quiénes han muerto?

LGP: Así es, y tener mucho cuidado con no omitir acciones de protección, particularmente en los casos de quienes han solicitado explícitamente esas acciones a los Gobiernos federales y locales.