domingo , 4 junio 2023

Lamenta CDHDF detención de @mareoflores y pide descartar posible violación a su derecho al debido proceso.

Boletín 433/2011
14 de noviembre de 2011

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta la detención a la que fue sujeto el publicista Mario Flores Vargas, a cargo de elementos de la Policía Federal, y reitera su convicción de que la protección a la libertad de expresión y a los derechos humanos es la única fórmula para hacer prevalecer el Estado de Derecho y las condiciones que dan carácter sustantivo a la democracia en México.

Mario Flores escribió el jueves pasado en su cuenta de Twitter@mareoflores: “No salía tan temprano del trabajo desde que se cayó la avioneta de Mouriño. Anden con cuidado, funcionarios voladores”, lo cual coincidió con el accidente en el que al otro día pereció el Secretario de Gobernación y siete personas más, y emitió otros comentarios sobre lo cansado que era tirar helicópteros.

La CDHDF exhorta a las instancias correspondientes a investigar sobre la posible violación al derecho al debido proceso de Flores Vargas, ya que de acuerdo con la información publicada, fue detenido de forma violenta y sin que se le presentara una orden de presentación o, bien, que ésta se haya elaborado cuando se encontraba detenido.

Aunque fue puesto en libertad horas después, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló en un comunicado de prensa que el usuario deTwitter sólo había sido presentado en calidad de testigo y que “no existe relación entre la publicación del tweet y el accidente aéreo”.

Para la CDHDF, lo ocurrido a Flores Vargas es una pésima señal de cómo el Estado mexicano procura garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las y los ciudadanos, especialmente el de la libertad de expresión, cuyo límite debe considerar mediante estándares internacionales en la materia.

La CDHDF llama a que tanto las autoridades locales como las federales intervengan de manera urgente para garantizar y proteger el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como la integridad y la seguridad jurídica de quiénes lo ejercen.