Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 89/2011
8 de noviembre de 2011
Pregunta (P): Ayer sucedió algo importante en Chihuahua, bueno, desde nuestro punto de vista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano erigir un monumento por las mujeres y una disculpa, un perdón; fue el Subsecretario Zamora, de Gobernación. ¿Fue suficiente esta respuesta? ¿Cuál es su punto de vista?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, tengo que decir que no conozco cuál es la decisión de la Comisión Interamericana, entonces no podría dar una opinión. Perdóneme, pero tendría yo que saber ahí con más detalle qué fue lo que pasó.
P: Bueno, por otra parte, sobre su distanciamiento y diferentes puntos de vista con las organizaciones sociales de la señora Wallace y de Martí. ¿Cómo va el asunto?
LGP: Platiqué con ellos, platiqué con la organización SOS. Nos dimos cuenta de que hay mucho más cosas en común que las que nos distancian. Así es de que estamos en la dinámica de seguir trabajando conjuntamente. En el caso de la señora Wallace está pendiente una plática, ahí estamos buscando que esta semana se desahogue. Yo lo que creo es que es importante que nos podamos sentar, que nosotros le podamos decir con claridad cuáles son las competencias de la Comisión para que no haya dudas, y espero que eso genere una avenencia. Yo creo que hay que estar trabajando del mismo lado como lo he dicho.
P: De acuerdo a cómo se ha manejado esto, cómo se ha entendido mejor dicho estas diferencias, ¿se corre el riesgo de profundizarlas?
LGP: Espero que no, yo creo que ha sido muy desafortunado que se reedite esta idea de que las Comisiones de Derechos Humanos defendemos delincuentes, nada más lejano a la verdad. Me parece que está muy claro cuál es el ámbito de acción nuestro, que tiene que ver con las víctimas del Estado, con las víctimas de derechos humanos, que las violaciones de derechos humanos son cometidas por autoridades, eso me parece que debe quedar muy claro. Y hay otro ámbito de acción especializado para las víctimas del delito que es el del Ministerio Público. Esa es competencia del Ministerio Público. Entonces en la medida que podamos aclarar cuál es la competencia de cada quien, a mí me parece que estaremos en condiciones de ir salvando estas diferencias que no nos ayudan, y al contrario van entorpeciendo el trabajo de las instituciones.
P: ¿Entonces ya se reunió con Martí, Doctor?
LGP: Me reuní con Orlando Camacho, que es quien está al frente de la organización. El señor Martí, según me dijo Orlando Camacho, está ahora ocupado en asuntos familiares, pero tuvimos una larga plática, en la que como comento intercambiamos puntos de vista. Nosotros hemos trabajado con la organización SOS en otros momentos, en foros destinados a discutir la Reforma Penal Constitucional. Entonces creemos que ahí lo que hubo fue un mal entendido respecto de cuál es la intervención de la Comisión, cuáles son las facultades que tenemos para intervenir en casos concretamente como el de Martín del Campo Dodd, y dejamos claro que nuestra actividad ahí es la de ser defensores y que por supuesto cualquier otra organización está también en su derecho de actuar en este caso para evitar que el señor Martín del Campo tenga su libertad. Eso se da en el contexto de un proceso judicial, se dio en el contexto de un proceso judicial, en donde hay dos partes: una que defiende y otra que en este caso interpuso el amparo. Así de simple.
P: ¿Fue satisfactoria esta reunión para ustedes, Doctor, o fue puro trámite?
LGP: Muy satisfactoria, porque insisto mucho, especialmente con Orlando Camacho, yo he tenido una relación a través del tratamiento de todos estos temas, así que fue una reunión muy cordial, sin mayores complicaciones.
P: Sobre la reflexión que hizo hace unos minutos, que ya la delincuencia organizada está ejerciendo la “leva” en contra de la niñez y la juventud. ¿Algunos datos sobre la ciudad de México?
LGP: En la ciudad de México no tenemos esos datos, pero sí sabemos que hay en otras entidades del país, concretamente en el estado de Veracruz, hay una problemática seria. Ahí hay una preocupación importante de la ciudadanía porque este tipo de levantamientos están ocurriendo, y me parece que en otros estados del país también ocurre así. En la ciudad de México no tenemos datos de que sea así, por lo menos no con la magnitud que se da en otros lugares.
P: ¿Cuál sería el problema entonces de la ciudad de México de los niños y la juventud en este contexto?
LGP: Aquí, sin duda, de los tres grandes problemas que la Campaña ataca dos son aquí mucho más acentuados. Uno tiene que ver con la violencia sexual, que desafortunadamente se dijo no tenemos datos certeros, no tenemos datos que nos permitan tener una idea clara. Seguramente que hay una cifra oscura muy alta en materia de agresiones sexuales, pero sí sabemos que el Distrito Federal, como otras entidades del país, son destinos por ejemplo de violencia sexual infantil y eso hay que destacarlo. Y el otro problema se da en términos de la violencia con miras a disciplinar a las niñas y a los niños, que se da tanto en las casas como en las escuelas. Todas y todos conocemos la gravedad el problema del bullying que afecta de manera directa a las niñas y a los niños especialmente en el espacio escolar. Pero desafortunadamente también seguimos sabiendo de casos de maltrato infantil por parte de sus propios padres.
P: Doctor, en otro tema, la Procuraduría capitalina publicó en su portal cifras sobre el delito de tortura, las denuncias que se han presentado; según este informe ninguna ha sido consignada. ¿Qué opina usted del fracaso en el combate a este delito?
LGP: Bueno, creo que tiene que ver en mucho con que el tipo penal de tortura no ha permitido que la lucha contra la tortura sea eficiente. De ahí que nosotros la semana pasada acompañáramos en la Asamblea Legislativa una propuesta de iniciativa que presentó la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea con participación de esta Comisión para que se modifique el tipo penal. Esperaríamos que esta semana se apruebe esa modificación y que entonces haya muchas más posibilidades de generar condenas por tortura.
P: ¿Qué modificaciones serían?
LGP: Tienen que ver con la línea de mando y tienen que ver con la identificación de los momentos en los que con mayor frecuencia sucede la tortura. O sea, se trata de elevar la responsabilidad especialmente de los agentes de la policía, pero naturalmente también del Ministerio Público cuando no se pone especial cuidado en, por ejemplo, los traslados de las personas en los momentos en los que están esperando ser declarados, y naturalmente eso implica tanto la tortura física como la tortura sicológica.
P: ¿Entonces sería elevar las penas para este delito?
LGP: Y las hipótesis, más bien, las hipótesis es para poder hacer las averiguaciones previas correspondientes.
P: ¿La Procuraduría capitalina cuenta con un Protocolo adecuado para investigar este ilícito, Doctor, porque han publicado varios acuerdos e incluso así lo señalan en el informe que publican…?
LGP: Claro, lo que esperaríamos es que a partir ya de un nuevo tipo penal los protocolos que se tengan sean modificados. Yo no conozco con detalle cuáles son esos protocolos, pero tendrían que ser armonizados con la reforma.
P: En algún momento, hace como dos años más o menos, el Subcomité para la Prevención de la Tortura señalaba que había cierto aval de los reclusorios, ya que cuando los probables responsables llegan golpeados ellos no lo certifican. ¿Persiste esta problemática?
LGP: Desafortunadamente son dos los escenarios en donde se da la tortura: uno es el Ministerio Público y otro es en las instituciones penitenciarias. Ahí el problema es de otra naturaleza, pero ciertamente es grave también. En este año hemos emitido por lo menos una Recomendación que tiene que ver con el tema de tortura, y lo que vemos ahí es que está asociada con los castigos a los internos, especialmente cuando hay involucradas problemáticas que deberían de ser resueltas con otras formas de disciplina.
P: El informe lo que señala es que cuando un detenido es golpeado se va así hasta reclusorio y ahí ni siquiera certifica un médico las lesiones. ¿Ustedes todavía tienen ese tipo de quejas? O sea, ¿las autoridades de la Procuraduría no se percatan de la tortura y las de los reclusorios la solapan?
LGP: Bueno, eso no debería de ocurrir. Formalmente hablando, la persona que llega a un centro de reclusión tendría que ser revisada por un médico y ahí certificada para determinar si fue o no torturada. Desafortunadamente la gente no tiene claridad sobre eso, y digamos que en la situación de shock en la que se encuentra con la detención suele no reparar en estas cuestiones. Cuando nosotros nos enteramos, porque hay alguna queja relacionada con la detención, lo que hacemos es verificar a partir de la aplicación del Protocolo de Estambul si se llevó a cabo o no la tortura, pero desafortunadamente no es un tema en el que, digamos, la visibilidad sea la adecuada todavía.
P: Oiga, y esta propuesta que presentan a la Asamblea Legislativa no se señala la omisión que pudiera haber en funcionarios penitenciarios que no certifican esas lesiones.
LGP: También alcanzará para ellos. Digamos que pone énfasis especial en el tema del Ministerio Público, pero naturalmente hace responsable a cualquier servidor público que inflija tortura.
P: Oiga, Doctor, y en el caso del estudiante que mataron de la Universidad, Carlos Sinuhé, los alumnos habían pedido también medidas precautorias para dos compañeros más de él. ¿Ustedes tienen conocimiento sobre el caso? ¿Ustedes están investigando?
LGP: Sí, tenemos conocimiento de estos casos y tenemos abierta una investigación.
P: ¿Ya se pusieron en contacto con la mamá de Carlos Sinuhé?
LGP: Lo estamos haciendo a través de la organización Cauce Ciudadano, que es la que nos está acercando con ellos. Esa investigación está en la Primera Visitaduría, entonces por lo pronto sigue documentándose.
P: ¿Los dos jóvenes pertenecían a esta organización?
LGP: No estoy seguro de que pertenecían a la organización, pero sí sabemos que son jóvenes universitarios y lo que hace la organización es atender este tipo de casos.
P: ¿Ustedes están en contacto con las autoridades universitarias, como el Rector?
LGP: Hasta el momento no porque no es una autoridad que esté en el ámbito de nuestra competencia. Si requerimos de alguna colaboración por parte de ellos seguramente la pediremos.
P: ¿Tampoco con las autoridades de la Facultad?
LGP: Son autoridades universitarias, entonces no están en nuestra competencia. Lo que nos toca a nosotros aquí es verificar que el Ministerio Público haga bien el trabajo.
P: La mamá había dicho que su hijo había sido amenazado por un colectivo, ¿ustedes tienen conocimiento de que existiera el colectivo?
LGP: No, hasta donde yo lo sé no. Será parte seguramente de la investigación que tenga que hacer la Procuraduría, y si no la incorpora nosotros tendríamos que por supuesto velar porque así lo haga. Gracias.
