Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 86/2011
1 de noviembre de 2011
Pregunta (P): …comentarios que hizo sobre Fernando Martí y la señora Wallace…
Luis González Placencia (LGP): Sí, bueno, creo que es importante entender esos comentarios en un contexto mucho más amplio, que es el de la necesidad de armonizar las agendas de todos quienes estamos luchando en contra de la impunidad y por las víctimas. A mí me parece que, por los discursos que se enderezan tratando de clasificar qué víctimas sí son válidas y qué víctimas no lo son, especialmente cuando éstas son víctimas del sistema, y del sistema penal en particular, no ayudan, al contrario, generan desconfianza, generan descrédito, y me parece que el país no está para eso. Yo he hecho un llamado, incluso hablé personalmente con la señora Isabel Miranda, he buscado al señor, porque me parece que tenemos que platicar, tenemos que sentarnos, para darnos cuenta de que estamos del mismo lado, de que debemos estar del mismo lado y de que la lucha por las víctimas es una lucha por todas las víctimas, por aquellas que han tenido el infortunio de serlo a manos de la delincuencia, pero también por aquellas otras que son víctimas inocentes del sistema de justicia penal.
P: Pero, al parecer ya hay una queja en contra de usted en la Comisión Nacional, ¿qué va a pasar?
LGP: Bueno, ella ha anunciado eso; naturalmente está en su derecho de hacerlo. A nosotros nos parece que no procede esta queja ni tampoco otras medidas que ha anunciado, pues porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo; es decir, no podríamos renunciar de ninguna manera a la defensa de personas que, aunque hayan sido sentenciadas por la comisión de un delito, siguen teniendo derechos, y eso nos toca a nosotros, porque si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie.
P: Porque pide su cabeza, también…
LGP: Sí, e insisto: tiene derecho de hacerlo. Yo creo que por eso es importante que platiquemos, para que ella pueda tener una certeza y mayor claridad de cuáles son las facultades que tiene una Comisión de Derechos Humanos, por qué en nuestro caso, el primer ámbito de intervención tiene que ver con las malas acciones del Estado, del gobierno, de sus instituciones. Y para proteger a las víctimas del delito, pues está de manera primaria el Ministerio Público. Eso no significa que nosotros no hagamos también ese tipo de trabajo: protegemos a las víctimas del delito cuando además son víctimas del sistema, en aquellos casos en los que el Ministerio Público, por ejemplo, no les admite sus pruebas, no les lleva adelante sus casos, o cuando hay violaciones a su debido proceso.
P: ¿Y sí tiene picaporte en Los Pinos, ellos dos?
LGP: Yo creo que ha sido una circunstancia que en los últimos dos años se ha presentado como una característica del movimiento de víctimas; ustedes recordarán que desde el año 2000 para acá, surgieron desafortunadamente estos casos que llegaron a la luz pública. El tema aquí es que todas las víctimas tienen los mismos derechos, hay, desafortunadamente una cantidad importante de víctimas que siguen en el anonimato, de las que no se sabe. Ayer, en mi viaje al estado de Veracruz tuve la oportunidad de hablar con muchas madres que no saben en dónde están sus hijos, que no se atreven a denunciarlo, porque tienen miedo. Y me parece, por eso, que es importante que lo que se haga por las víctimas se haga pensando en todas las víctimas. No puede haber en este país víctimas de primera, de segunda o de tercera; eso me parece a mí que no ayuda, al contrario, todas tienen el mismo derecho.
P: ¿Estaría usted dispuesto a renunciar?
LGP: Bueno, naturalmente no; yo creo que estoy haciendo mi trabajo. Si, en un momento dado, la instancia que me nombró, decidiera revocar mi mandato, pues tendría que expresar las razones por las que lo piensa así y como cualquier servidor público estoy sujeto a ello. Es decir, si me lo pidiera la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) o, en su caso, la Cámara de Diputados, que es la que puede hacer un juicio político, pues yo lo acataría, desde luego. Pero no es mi intención renunciar, al contrario: creo que esta Comisión se ha caracterizado precisamente por ser el último reducto de defensa de una gran cantidad de personas y creo que eso hay que seguirlo manteniendo.
P: ¿Está confiado, entonces?
LGP: Totalmente.
P: ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos?
LGP: Quedamos de vernos el viernes pasado con la señora Wallace; ella no podía venir, la voy a volver a buscar, queremos otra cita. El señor Martí está fuera del país, con él seguiré insistiendo. Cabe decir que con el caso Martí hay una importante cantidad de coincidencias, ellos han empujado, igual que nosotros, la Reforma Penal Constitucional. Entonces, hay espacios en que coincidimos plenamente. Yo creo que hay un error de apreciación en el caso, particularmente en el caso de la señora Wallace, que no se lo atribuyo a ella, sino más bien a una mala consejería de parte de sus abogados, que siendo abogados deberían saber cuál es nuestro mandato. Y justo por eso es importante que platiquemos.
P: Doctor, el caso Martín del Campo Dodd está dentro del mismo Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, se presenta como un caso de la mala aplicación de la justicia, de sacar una confesión a través de la tortura, ¿no es una incongruencia que el mismo Gobierno lo esté señalando como un caso paradigmático y sin embargo ahora no se pronuncie?
LGP: Claro, es importante lo que tú dices, porque efectivamente, durante la elaboración del Diagnóstico se trató de identificar aquellos casos que, a pesar de que para la justicia ya están concluidos, han dejado una cola de impunidad. En este caso esa impunidad se debe a una mala acción de las instituciones del sistema penal del Distrito Federal y lo que queda abierto y por eso es que se consideró en el Diagnóstico y luego en el Programa, es la Recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es decir, estamos hablando aquí de dos resoluciones: una, de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y otra, del Sistema Interamericano, en la que se está pidiendo a las autoridades locales que revisen esta condena, que otorguen el reconocimiento de inocencia, y que investiguen los hechos que hasta hoy, haciéndole caso a estas dos resoluciones siguen impunes.
P: ¿El Gobierno del Distrito Federal está muy molesto con ustedes? Se lo pregunto porque ha habido muchos atrasos para atender la Recomendaciones, no las están acatando como ustedes se las envían, ¿qué está pasando, doctor?, ¿cómo un distanciamiento?
LGP: Bueno, por una parte hemos tenido un acercamiento con algunas instancias del Gobierno de la ciudad; tengo que decir que, por ejemplo, no es el caso de todos: con la Procuraduría de Justicia tenemos una buena relación, con la Secretaría de Salud también, con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Más bien, el tema se ha dado en el tema penitenciario, que ahí tenemos una discusión que data de 18 años, no es nueva, desafortunadamente es una discusión que hemos tenido con el sistema penitenciario desde que se fundó la Comisión y que seguiremos teniendo, mientras no se revise de fondo lo que está pasando en los penales. Ciertamente hay una actitud también que ha venido creciendo, en el sentido de aceptar parcialmente las Recomendaciones. Ya nos dimos cuenta de que eso que en su momento fue una posibilidad que estaba orientada a satisfacer los derechos de las víctimas, especialmente, ahora se ha convertido en un pretexto para que la autoridad regatée las Recomendaciones. Ya lo platicamos con la Asamblea, en el contexto de la revisión que hay que hacer a la Ley de Derechos Humanos, ahora que se presentó la reforma constitucional, la intención es resolver estas problemáticas y sentar las bases para que de manera institucional la comunicación entre el Gobierno de la ciudad y la Comisión de Derechos Humanos satisfaga de manera efectiva a las víctimas.
P: Doctor, yo quisiera preguntarle, que me aclarara para evitar malos entendidos, ¿cuál fue la reflexión, la crítica que hicieron las organizaciones de la señora Wallace y Martí?
LGP: Bueno, se dio en el contexto de una conferencia de hora y media. Es decir, lo que yo hice fue hacer un recuento de lo que ha pasado con el movimiento de víctimas del año 2000 para acá. En síntesis lo que les diría es que pasamos de un momento en el siglo pasado en el que las víctimas fueron las eternas olvidadas del sistema, a un momento en el que se ha colocado a las víctimas en el centro; con un detalle que no es menor y que hay que hacer notar, y es que pareciera que el Gobierno encontró en esta posibilidad de darle un espacio a las víctimas también una manera de pedirles que ayuden a resolver los problemas que fueron los que ocasionaron su victimización. Eso es lo que en mi opinión no debe de ocurrir. A mí me parece que por supuesto tienen derecho a participar como cualquier miembro de la sociedad civil en la discusión de los temas públicos. Lo que es preocupante es que se privilegien ciertas medidas cuando esas medidas no toman en cuenta análisis mucho más de fondo de lo que está significando, de lo que ha significado en los últimos años la acción del sistema penal. Ese fue el contexto de mis declaraciones.
P: ¿Las autoridades dan prioridad a estas investigaciones, a las de estas organizaciones?
LGP: Me parece que hay una tendencia, y esa la vemos claramente particularmente en el Gobierno federal, pero también en muchos gobiernos locales, a ponderar una visión punitiva, y esto se ha entendido de manera errada. Cuando yo digo que no es necesariamente lo ideal ponderar una acción punitiva, me estoy refiriendo a que hay una parte muy importante de la problemática de la criminalidad que no se está problematizando, que no se está analizando con detalle: la que tiene que ver con la pobreza, la que tiene que ver con la ausencia de las instituciones de Estado en muchos lugares de la República, la que tiene que ver con el abandono en términos de derechos sociales de grupos muy importantes de la sociedad. Y eso no se resuelve con la cárcel, ni se resuelve con el Ejército, ni se resuelve con medidas más severas. Lo que me parece a mí es que hay que hacer una discusión de fondo sobre los resultados que han tenido estas estrategias, sobre la pertinencia de la Ley de Seguridad Nacional. No es ningún secreto que nosotros nos hemos pronunciado muchas veces en contra de esa Ley; contra las reformas que fueron propuestas desde el Ejecutivo en el Código Procesal Penal también en su momento hicimos una crítica sobre ello, porque pensamos que el endurecimiento del sistema añade violencia, ahora violencia institucional, a la violencia que busca combatir.
P: Doctor, regresando al tema del sistema penitenciario, hace pocos días una persona que tenía que ser liberada por un error no lo fue, se mantuvo más tiempo en prisión en el Reclusorio Oriente. ¿Quisiera saber si la Comisión está investigando y en su opinión qué es lo que está pasando en la Subsecretaría porque ya se dio la evasión de dos reos y la muerte de un chico en el tutelar de menores?
LGP: Abrimos una investigación, la abrimos de oficio, estamos investigando qué pasó. Lo que puedo decir es que uno de los principales problemas del sistema penitenciario, como lo hemos repetido muchas veces, es la sobrepoblación penitenciaria. Eso genera inmediatamente desorganización al interior del sistema y hace posible que errores como este sucedan. Desafortunadamente también en eso está la base de lo que hemos visto recientemente en el fenómeno de la trata de internas que denunciamos el año pasado; todos los fenómenos de violencia que han terminado con la muerte de personas; suicidios que ocurren al interior de las prisiones y naturalmente este último acontecimiento en el que un joven perdió la vida en un tutelar. En nuestra opinión hay que revisar seriamente cómo está la institución penitenciaria. Vamos a seguir insistiendo en eso, porque lejos de resolver los problemas nos está ocasionando más.
P: Doctor, la Procuraduría General de la República ayer informó que por instrucciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no van a presentar a los presuntos, ¿en el Distrito Federal cuál es la situación?
LGP: Igual, nosotros estamos trabajando, vamos a emitir muy pronto una Recomendación, pero ustedes saben que ya hemos estado en pláticas con el Procurador de Justicia de la ciudad. Hay también una mesa de trabajo con el INFODF por lo que se refiere a la protección de datos personales, y nos parece que como aconteció con la Recomendación que hicimos en el caso del arraigo, que si bien no tuvo los efectos que hubiéramos querido en el Distrito Federal, por lo menos sí puso en tema en discusión y generó que en Chiapas se eliminara esta figura. Esa discusión que estamos dando acá en el Distrito Federal sobre la presentación de las personas también tendrá un efecto a nivel federal. Esperamos que efectivamente se cumpla con ésta…
P: ¿Para cuándo saldría?
LGP: En los próximos días saldrá nuestra Recomendación, no conozco cuál fue la resolución de la Comisión Nacional ni qué carácter tenga, pero en todo caso en ese sentido vamos por el mismo camino.
P: Pero el Procurador capitalino indica que son necesarias las presentaciones, que es un derecho a la libertad de expresión y que nosotros los medios somos los que siempre estamos solicitando ese tipo de presentaciones.
LGP: Claro, por eso es importante fijar los límites, por eso también el INFODF está en este tema. Hay una aparente colisión entre el derecho a la información y el derecho que tienen las personas a que se salvaguarden sus datos personales. En este caso estamos hablando de efectos que son irreversibles. Ese es un tema que para nosotros es fundamental. Si una persona es presentada como culpable ante los medios y luego resulta que no lo es el efecto que se causa es irreversible. De ahí que lo que estamos planteando nosotros es que tampoco se trata de una medida absoluta. Es decir, hay momentos procesales específicos en los que las presentaciones se pueden hacer, con eso se satisface el derecho a estar informados, el derecho de los medios a transmitir esta información, y también se salvaguarda la identidad de las personas.
P: ¿Cuál es ese momento, Doctor?
LGP: Bueno, lo estamos analizando justamente con el INFODF. La posición de la Comisión es que ese momento ocurre cuando un juez ha formalizado ya un acto jurídico que priva de la libertad a una persona o que lo sujeta a proceso.
P: Pero como están ahorita ambos Poderes no hay mucha diferenciación, generalmente lo que estamos viendo es que los jueces están avalando todo lo que hace la Procuraduría con todo y errores, por eso se ha dado el caso como el de Mariel y de otras personas.
LGP: Claro, ahí yo te diría que con independencia de que se realice la presentación y formalmente esté jurídicamente cubierta, nosotros vamos a seguir estando en esos casos como lo hicimos en el caso de Mariel y como lo hemos hecho en otros más, para que cuando haya deficiencias se restituyan plenamente los derechos de las personas.
P: Doctor, la señora Wallace ha solicitado que la CNDH aplique el Protocolo de Estambul a Martín del Campo, ¿esto se podría hacer o aportaría algo nuevo?
LGP: Yo creo que se puede hacer. Nosotros aplicamos el Protocolo de Estambul, lo aplicó también, si no me equivoco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo tengo que decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos ha ayudado mucho en la aplicación del Protocolo de Estambul, ese ha sido uno de los ejes en los que ha habido una muy importante cooperación. Entonces no tendría yo ninguna complicación con eso. El asunto no está abierto ahora jurisdiccionalmente hablando, por supuesto el señor Martín del Campo tiene derecho a pedir nuevamente el reconocimiento de inocencia, entiendo que la estrategia de sus defensores será la de interponer un amparo, eso abrirá judicialmente el caso nuevamente y creo que ahí habrá que acreditar simplemente en qué calidad se presentan nuevas pruebas, tanto de quienes defienden al señor Martín del Campo como de quienes buscan que el reconocimiento de inocencia no se le otorgue.
P: ¿Ya se reunión con el Presidente del Tribunal para hablar del tema de los jueces de ejecución?
LGP: El jueves nos reunimos. Muchas gracias.
