Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 99/2011
30 de noviembre de 2011
Pregunta (P): Sobre estas amenazas que recibe Greenpeace y otras ONG´s, ¿qué podríamos interpretar?, ¿qué se significarían en este México que está marcado por la violencia?
Luis González Placencia (LGP): Desafortunadamente estos eventos no pueden ser interpretados fuera del contexto de violencia que estamos viviendo, me parece que lo que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, desafortunadamente genera una condición para tener que interpretar estos hechos como parte del propio contexto de violencia que se está generando. Es preocupante desde el punto de vista de la Comisión, que las autoridades no estén teniendo una capacidad de respuesta efectiva, que tengamos cada vez más denuncias de amenazas, tengamos cada vez más necesidad de solicitar protección. Naturalmente las instituciones están colocando recursos para el tema de la protección, pero el número de quejas que tenemos, el número de casos que conocemos, no sólo en la Comisión, también la propia Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, pues lo que indica es que, estamos en una situación en la que estos eventos son sistemáticos. De ahí la necesidad de que la autoridad responda eficientemente, a través de las investigaciones, de los mecanismos de protección, y también de que envíe mensajes de seguridad.
P: ¿Se encuentran vulnerables actualmente las ONG´s?
LGP: Desafortunadamente sí, los casos que vemos, los que ha documentado el Alto Comisionado, los que hemos documentado nosotros, lo que nos dejan ver es que, hoy por hoy tanto defensores, defensoras, como quienes trabajan en los medios de comunicación, están en una situación de alta vulnerabilidad.
P: Me gustaría que me diera su opinión sobre estas denuncias que están interponiendo los activistas al presidente Felipe Calderón, y la reacción que este tuvo ante los activistas, que les dice que va a proceder legalmente.
LGP: Me parece a mí que, se ha perdido de vista que en todo caso, ante quién tendría que responder es ante la Corte Penal. Las y los ciudadanos están ejerciendo un derecho, que es el derecho de utilizar las instancias que están a su alcance para hacer valer sus derechos. Me parece que hay razones suficientes como para que se haya generado una percepción de preocupación por el número de personas que han muerto en el país, por el número de desplazados. Digamos que la situación explica perfectamente bien, que grupos de ciudadanos no estén contentos con la situación y estén buscando respuestas en órganos internacionales, dado que no las encuentran en el país.
P: ¿Se excedió?
LGP: Me parece que por lo menos equivocó la respuesta, es decir, como dije hace un momento, el Estado no debe confrontar a su ciudadanía, al contrario debe generar las condiciones para que ellos puedan ejercer sus derechos. La respuesta esperable, era que facilitaran las cosas para que la denuncia fuese atendida en la Corte Penal y prepararan su respuesta, por que como han dicho algunos abogados, tienen razón en el sentido de que en este caso el Estado se vuelve parte, pero el tema es que esa defensa tiene que hacerse ante la Corte.
P: ¿Esta advertencia pone en riesgo la seguridad de los firmantes de esta solicitud a la Corte?
LGP: Esperaríamos que no, esperaríamos que por el contrario el Gobierno federal rectifique, y se diera cuenta de que el mensaje, pues más allá de generar certeza, que es lo que necesitamos hoy, genera mayor incertidumbre, e intimida, eso es muy desafortunado.
P: Personas como el Secretario de Trabajo, y el aspirante a la candidatura presidencial Ernesto Cordero, incluso también se empeñan en respaldarlo.
LGP: Son cosas distintas, una cosa es que se considere o no que hay elementos para que la denuncia prospere, todos y todas podemos opinar al respecto, quien tiene la última palabra es la Corte Penal. Eso es una cosa, y eso me parece que también hay que garantizar la libertad de expresión de quienes opinan en ese sentido. Una cosa diferente es la reacción de intimidación, esa es la que a mí me parece que es absolutamente desafortunada y que más que abonar, aclara las circunstancias, coloca una nueva variable de incertidumbre, que genera, por ejemplo, preocupación entre los y las ciudadanos que firmaron.
P: Incluso algunos mencionan que tiene tintes de dictador este afán de amedrentar a la ciudadanía.
LGP: Eso me parece grave también, en términos de que sería terrible que las personas consideraran que eso es parte de los procedimientos de detención, en los que normalmente están sometidas las personas. Ya presentaron denuncias, efectivamente, además, bueno, está el hecho de que, a partir del video, se documentó la queja con mayor certeza. Nosotros teníamos la queja abierta desde el día de los hechos; nos enteramos también, a través del video, de la tortura; entonces, eso se incorpora como evidencia, y desde luego también tiene que ser investigado y sancionado.
P: Usted señalaba que tenía por lo menos 400 quejas de tortura; ¿está observando abrir investigaciones sobre eso? ¿Usted ha dialogado con la Procuraduría sobre eso?
LGP: Sí. Todos esos casos son los que eventualmente pueden derivar en tortura; hay una gama amplia que implica, por ejemplo, uso abusivo de la fuerza. La investigación es la que dirá si efectivamente se trata de tortura o no, pero por lo pronto este año vamos a emitir, en los próximos días, tres Recomendaciones más sobre el tema de tortura, que se suman a las dos anteriores, y la Comisión lo que se ha propuesto es que, a través de una estrategia específica, hacer un combate directo al tema de la tortura, a través de las Recomendaciones y a través también de nuestra posibilidad también de influir en la Asamblea Legislativa para que se modifique la ley y se haga más dura, no solamente digamos más precisos los procedimientos de investigación , que los tipos penales den la oportunidad de hacer mejor las acusaciones, sino que también se sancione a quienes no cometen la tortura directamente, sino a quienes pudieron evitarla o a quienes la ordenaron.
P: ¿La Comisión tiene documentada qué tan sistemática es la tortura?
LGP: Sí, naturalmente; lo que seguimos viendo es que depende un poco de dónde ocurre. Tenemos por lo menos tres espacios en los que se da la tortura: uno, en el Ministerio Público, mientras ocurre la declaración, ahí lo que hemos documentado son desde luego desde golpes y otras agresiones físicas, hasta intimidaciones psicológicas. En el caso de la policía, pues seguimos viendo torturas que tienen que ver con la asfixia, con la inmersión, como vimos recientemente. Y, el tercer espacio donde se dan es en el espacio penitenciario, en donde también prevalecen los golpes, las amenazas y la inclusión de diversos tipos de agresiones que atentan contra la integridad de las personas.
P: Sobre el tema de Greenpeace, pareciera que las autoridades ya tienen bien identificado a estos grupos de anarquistas, que son los que han estado enviando estos sobres, el mismo viernes fueron tres lugares distintos, pero la Procuraduría, en su afán de no darles publicidad, porque dice que es lo que buscan estos grupos, pareciera que está minimizando estas acciones. ¿No cree que estén fallando ahí o qué es lo que tendrían que hacer las autoridades?
LGP: A mí me parece que, en todo caso, a esta decisión debería de acompañarla un dispositivo de seguridad que le permitiera a quienes son víctimas de estos hechos sentirse seguros, porque lo que vemos es que eso no está ocurriendo. Y ante esa inseguridad, la respuesta necesaria es precisamente la publicidad: uno de los elementos que hay que poner en evidencia para garantizar la seguridad es justamente la ocurrencia de los hechos. Aunque puede haber argumentos que avalen lo que dice la Procuraduría, esos tendrían que estar acompañados de una estrategia de protección que asegure la integridad de las personas que están en riesgo.
P: Su opinión sobre que el Gobierno federal acusa también a este activista que fue asesinado, está diciendo también que está vinculado al crimen organizado…
LGP: Igualmente desafortunado. Nosotros hemos insistido mucho en que hay que tener en cuenta que la pérdida de vidas es importante, no importa de quién se trate y que es obligación del Estado salvaguardar las vidas también de los delincuentes, aun cuando fuera el caso. Me parece por lo menos temeraria la declaración, porque aun cuando hubiera datos que evidenciaran antecedentes penales, como se ha dicho, me parece totalmente desafortunado utilizar esa historia de él para descalificar el homicidio de una persona que estaba ejerciendo su derecho a encontrar a su hijo. Entonces, pensamos que es importante que el Gobierno federal evite criminalizar a las personas que están perdiendo la vida en el contexto de esta violencia, y más bien se proponga investigar y aclarar los hechos.
