Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 410/2011
1 de noviembre de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aplaude la decisión unánime de la Cámara de Senadores de avalar la propuesta del Ejecutivo Federal para retirar la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de México a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por México en 2007.
La minuta que el Senado envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, emitida por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Atención a Grupos Vulnerables, representa sin duda un logro significativo para el movimiento internacional de las personas con discapacidad, y en particular, para las y los mexicanos con discapacidad, sus familias y las organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan con y para este grupo de población en nuestro país.
Esta CDHDF hace notar que, al realizarse esta histórica aprobación, se allana el camino para alcanzar los objetivos de la Convención: Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto a su dignidad inherente.[1]
Privilegiar con ello el derecho internacional de los derechos humanos, garantizando el respeto irrestricto de los principios rectores de la Convención, en particular, la autonomía individual incluida, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia, así como el principio de no discriminación.
El retiro de la Declaración Interpretativa cuestiona figuras jurídicas como la interdicción y la tutela, al reconocer el derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones sobre su propia vida y sobre cómo vivirla, por ejemplo, casarse, ejercer la patria potestad de las o los hijos, elegir el lugar de residencia, dónde y con quién vivir; así como el derecho a comparecer ante cualquier autoridad jurisdiccional por su “propio derecho”.
Tras varios años de impulsar la derogación de la Declaración Interpretativa, de la mano de la academia, de organizaciones sociales y civiles y de personas con discapacidad, la CDHDF celebra el Dictamen que impulsará un cambio conceptual paradigmático que parecía en extremo difícil.
El retiro de la Declaración Interpretativa al párrafo segundo del Artículo 12 de la Convención implica que los diferentes niveles de gobierno asuman su obligación de adoptar las medidas que garanticen la eliminación de obstáculos y restricciones al goce y ejercicio plenos de la capacidad jurídica, incluyendo la armonización legislativa necesaria, para que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos.
Supondrá también el reconocimiento de la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de desarrollar y fomentar la creación de modelos sociales capaces de garantizar, en concordancia con el espíritu de la Convención, el ejercicio de derechos y la plena participación de las personas con discapacidad.
[1] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Artículo 1º.
