Boletín 442/2011
17 de noviembre de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra la Adición al Artículo 73 Constitucional, que federaliza los delitos cometidos en contra de periodistas.
No obstante, este Organismo defensor expresa también que para cumplir con el espíritu de la adición, aprobada el pasado día 11 en la Cámara de Diputados, es necesario que las entidades locales instauren protocolos específicos para investigar los delitos en contra del ejercicio de la libertad de expresión.
Al respecto, llama la atención sobre la posibilidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) clasifique si los delitos son del fuero federal o del común, con base en las investigaciones previas de las instancias locales.
La Adición a la Fracción XXI del Artículo 73 Constitucional señala que “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexión con delitos federales o delitos contra los periodistas, en el ejercicio de las libertades de expresión información e imprenta”.
Para la CDHDF, la acción legislativa permite el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos cuando afectan el libre ejercicio a la libertad de expresión, de conformidad con las recomendaciones de las respectivas instancias internacionales.
Sin embargo, advierte que es necesario que tanto la Adición como las reformas que de ella deriven sean interpretadas conforme a su objeto, que es la protección al derecho a la libertad de expresión.
Es pertinente precisar lo anterior, en razón de los comentarios de algunos diputados, quienes de acuerdo con representantes de medios, señalaron que: “Así como estamos protegiendo a los periodistas, también estamos estableciendo nuevos tipos penales: los delitos cibernéticos y los delitos que se realizan a través de los Twitters y todo eso” y “El periodismo a través de Internet es una figura que no existía hace cinco años, entonces, por supuesto que también lo vamos a incluir”.
Expresiones e intenciones como las citadas preocupan a esta Comisión, sobre todo en el marco de los acontecimientos que, en el último semestre de 2011, han criminalizado a usuarios de las redes sociales, derivando más en acciones en perjuicio de la libertad de expresión, más que para su protección.
Con base en esos hechos, para este Organismo Defensor es urgente que también se realicen las reformas locales encaminadas a instaurar líneas de investigación para esclarecer si un delito cometido en contra de las personas que ejercen el periodismo se realizó, o no, en razón del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Para el caso del Distrito Federal, por ejemplo, existe una propuesta de reforma al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señala que “En caso de tratarse de una agresión cometida en contra de un medio o periodista, el Ministerio público tendrá la obligación de iniciar y agotar una línea de investigación por el atentado en el ejercicio de su libertad de expresión”.
Es importante también que, en el contexto de la adición, se superen los obstáculos para el adecuado desempeño de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), señalados por su propio titular, así como por la organización Artículo 19.
Ambos coinciden en señalar que la Fiscalía no tiene competencia para iniciar investigaciones en la mayoría de los casos denunciados, pues está condicionada a que se presuma una conexión con la delincuencia organizada, omitiendo su intervención por presuntos delitos cometidos por otros actores.