Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 407/2011
30 de octubre de 2011
Durante la Conferencia Justicia y Paz, los problemas de la justicia transicional en un contexto de guerra de la catedrática colombiana María Victoria Uribe, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló el peso que tiene la justicia en Colombia y el poco peso que tiene en México, como la gran diferencia en el contexto de violencia generada por el crimen organizado.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dijo que la decisión del gobierno de usar a las fuerzas armadas ha sido debido a la debilidad de los sistemas judiciales, a diferencia de lo que sucede en Colombia, donde la centralidad de Fiscales, Jueces y Magistrados en el proceso de enjuiciamiento de quienes han participado en las actividades criminales es visible.
Para el caso mexicano, agregó, todo el Sistema de Justicia tiene una historia de corrupción no sólo en términos del potencial de compra de justicia, sino que implica un modelo viciado que le da al Ministerio Público un poder para disponer de la ley, que es el poder que debería de tener el Juez.
“Hay un proceso de fragmentación de la justicia que ha sido proclive a que esa corrupción estructural del modelo de justicia sirva a los fines de la corrupción criminal a cargo de los grupos que actúan en diversas zonas del país”, agregó.
Hizo énfasis en que el uso del sistema de justicia no es confiable para nadie, “y al mismo tiempo ha sido el principal argumento para que el Gobierno federal haya decidido una estrategia que ha dejado al lado al sistema de justicia penal, existe un evidente reforzamiento de las fuerzas policiales, pero es desequilibrado visto en función del reforzamiento que se necesita frente al Ministerio Público o en el caso de los Jueces”.
González Placencia mencionó que hay un déficit de análisis académico sobre la situación de violencia que vivimos ahora en México, aunque hay intentos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pero estimó conveniente articular estos esfuerzos con miras a comprender el proceso que vivimos y los mecanismos de salida que se pueden tejer, a partir del concepto de justicia transicional.
“En el contexto de la justicia transicional el reto consiste en diseñar espacios institucionales como son las Comisiones de la Verdad, la apertura de los gobiernos autoritarios, para la reconstrucción o recuperación de aquellas narrativas que podríamos hacer confluir en una versión de la historia compatible con el carácter plural y abierto del espacio público democrático”.
Expuso que el movimiento de víctimas que se forjó a partir del año 2000 fue de miembros del sector empresarial afectados por el secuestro, y la reacción del Estado fue generar leyes más duras; “en los últimos dos años el movimiento de víctimas son personas que lo han sido tanto de la criminalidad organizada como de la intervención misma de las fuerzas armadas, cuyas demandas han sido menos en términos de justicia punitiva y más en términos de justicia restaurativa”.
La catedrática de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, María Victoria Uribe, explicó que la justicia transicional tiene un efecto importante sobre las Organizaciones de víctimas, porque las empodera, “puede que no sea tan efectivo en lo judicial y eso sería muy importante para México donde el movimiento de personas afectadas por la violencia está muy dividido”.
Indicó que en Colombia llevan seis años de un proceso de justicia transicional por medio del cual se están juzgando los crímenes del paramilitarismo.
La antropóloga dijo que pese a las profundas desigualdades sociales en Colombia, a la debilidad histórica del Estado colombiano y a la participación de militares en graves violaciones de los derechos humanos, el Estado colombiano está lejos de ser un estado colapsado pues cuenta con instituciones fuertes y comprometidas con la construcción de la verdad, la justicia y la memoria.
Destacó que gran parte de la verdad acerca de las atrocidades de la guerra comienzan a conocerse gracias a instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de su país, la cual ha investigado la relación entre narcotráfico, paramilitarismo y corrupción y ha llevado a la cárcel a congresistas, representantes, alcaldes y gobernadores por sus nexos con la delincuencia; este es el resultado de un proceso judicial que ha tenido lugar en medio de una guerra que continúa.
Señaló que en su fase actual, la guerra del estado Colombiano contra la insurgencia se caracteriza por la recuperación parcial del monopolio de la fuerza por parte de los militares y el repliegue táctico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a territorios selváticos colindantes con Venezuela y con Brasil.
Apuntó que las FARC son una guerrilla demasiado inmersa en prácticas delincuenciales, “el 75% de los secuestros que se hacen en Colombia los hacen las FARC, muchos son secuestros políticos porque ellos hacen intercambio de presos, pero también hay mucho secuestro extorsivo”.
Señaló que el proceso de justicia y paz, a semejanza de otros procesos judiciales, articula la justicia retributiva, expresada en un mecanismo de alternatividad penal, “que no debe confundirse con la amnistía ni con el olvido ni con el indulto”, y la restaurativa, que tiene que ver con medidas de reparación individuales y colectivas, planteadas como resarcimiento del daño producido y del sufrimiento causado por el actuar violento de los grupos paramilitares.
La investigadora hizo énfasis en que este proceso es el resultado de unas negociaciones políticas como del control que sobre el proceso han ejercido legisladores y magistrados.
Justicia y Paz es un proceso de justicia transicional que de manera simultánea imputa delitos y aplica castigos individuales a los perpetradores mientras que implementa mecanismos para subsanar material y simbólicamente los daños causados a las víctimas por el accionar violento de los perpetradores.
