Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 83/2011
8 de octubre de 2011
Pregunta (P): ¿Cómo encuentra al Gobierno capitalino, en materia de transparencia?
Luis González Placencia (LGP): Bueno, tenemos, en contraste con el resto de la República, un marco normativo bastante avanzado, tenemos una serie de prácticas que, efectivamente, han logrado que los sujetos obligados ya se acostumbren a transparentar la mayor parte de las cosas que antes eran opacas. Yo creo que ahorita el reto se presenta justamente en materia de procuración e impartición de justicia. Ahí tenemos un debate, como se sabe, con la Procuraduría y con el Tribunal Superior de Justicia, justamente por la necesidad que se ha presentado, de poner ante los medios las personas que son detenidas. Ahí hay un conflicto y creemos que es importante que Seminarios como éste nos ayuda a dirimirlo, porque finalmente los datos personales forman parte de un derecho y eso implica una obligación para la autoridad.
P: En cuestión de protección de datos personales, ¿realmente hemos avanzado?
LGP: Es un tema muy nuevo, es un tema reciente, que hasta hace muy poco realmente parecía que podría ser una práctica común dar a conocer la identidad de las personas. Sin embargo, hemos tenido casos, en la Comisión hemos tenido varias quejas en este sentido, porque se tienen que ir acostumbrando los entes obligados a que la imagen, el rostro de las personas, su nombre, formen parte de estos datos que ahora están constitucionalmente protegidos.
P: El Procurador señaló que más bien hay que preguntarle a la gente que viene al Distrito Federal para saber que la ciudad de México es una ciudad segura. ¿Qué piensa al respecto?, en realidad, ¿de dónde sacan las cifras de que la ciudad sigue siendo una ciudad segura? ¿Qué piensa de esto?
LGP: Bueno, también ahí tenemos un debate. La medición que se hace es a partir de las denuncias. Si vemos las denuncias, efectivamente hay un decremento en las denuncias. Lo que tendríamos que atender, más bien, son las encuestas de victimización. Y, en ese sentido, el INEGI ha sido un contrapunto interesante: lo que muestra es que el delito no necesariamente está bajando en la ciudad.
P: ¿Se ha acercado la Comisión a la Procuraduría para expresarle esto?
LGP: Sí, naturalmente, estamos en diálogo permanente, a partir de casos específicos, en poco tiempo vamos a emitir una Recomendación sobre la exposición de presuntos responsables ante medios. Y hemos estado platicando con el procurador continuamente para que, de esa experiencia, podamos obtener estándares que permitan armonizar esta necesidad de la gente de conocer cuándo se van capturando a presuntos delincuentes y, por otra parte, la necesidad de proteger sus datos.
P: ¿Qué se va a solicitar en esta Recomendación?
LGP: Estamos trabajando conjuntamente en un Protocolo, esa es la parte más importante; es decir, como ustedes saben, nosotros hemos pedido a la Procuraduría que evite la presentación en medios. Sabemos que hay presiones que provienen de las víctimas, a veces de los propios medios de comunicación y entendemos que eso genera una tensión. Sin embargo, sí hemos visto que esa práctica ya no se da en todos los casos, se ha dado solamente en casos excepcionales. Y la intención es que con la Recomendación podamos tener un lineamiento que permita, por ejemplo, tener claridad sobre en qué momento se puede notificar públicamente la detención de una persona. Porque el problema es que si se presenta ante los medios a estas personas como presuntos responsables y después resulta que son inocentes, como se han dado casos, pues la afectación a la vida privada de estas personas ya es irreversible.
P: Y, ¿si pasa lo contrario: que efectivamente más víctimas los identifican?
LGP: Bueno, hay que tener en cuenta de que están ya bajo la custodia de la autoridad, es decir, estamos hablando, en todos los casos, de situaciones en las que la autoridad tiene la custodia. En nuestra opinión, es posible digamos, generar un boletín, por ejemplo, en el que se da a conocer a la ciudadanía que hay personas detenidas por determinados delitos. Y la ciudadanía interesada podría hacer una identificación personal. Es decir, no es necesario que se presenten ante todos los medios de comunicación. Hay mecanismos a los que se puede recurrir para que, por ejemplo, las víctimas, cuando lo han sido de las mismas personas que fueron capturadas por otros delitos, puedan ir y hacer las denuncias. Hay momentos procesales específicos en los que esto es posible hacerlo ya de manera masiva.
P: ¿Sin reconocimiento facial?
LGP: Cuando hay una orden judicial, por ejemplo, ya cuando hay una decisión judicial de sujeción a proceso, ya se podría pensar en una divulgación masiva de la identidad. Pero, bueno, estamos ya trabajando sobre estos casos y…
P: ¿Ya tienen listo el Protocolo, doctor?
LGP: Sí, está afinándose ya. Entonces, ya el Procurador tiene conocimiento claro de que estos casos van a dar lugar a la Recomendación. Y lo que nos importa aquí es que el producto sea un producto que sea útil.
P: ¿Aplicaría en algún delito específicamente o en qué casos?
LGP: No, aplica para todos los delitos.
P: ¿Cuál sería el procedimiento: mandarlo a la Procuraduría y que él lo mandara a la Asamblea Legislativa o ustedes lo presentarían a la Asamblea?
LGP: No, nosotros se lo vamos a presentar al Procurador, como parte de la Recomendación, y, en nuestra opinión, bastaría con un acuerdo del Procurador para que se ejecute.
P: ¿Se violan los derechos humanos de una persona cuando se niega a presentarse ante los medios y aun así la presentan?
LGP: Sí, naturalmente.
P: ¿Aun cuando sea delincuente?
LGP: Es que, el problema es que en ese momento todavía no sabemos, todavía no se ha probado su participación, es una persona presuntamente acusada. Y hago referencia aquí a casos que todas y todos conocen, en los que por errores de la Policía o del Ministerio Público se ha inculpado a personas, en algunos casos a personas muy jóvenes, a mujeres que están estudiando todavía, y que se presentan ante los medios de comunicación como delincuentes. Entonces, el problema que se genera ahí es que si a la postre resulta que no tienen ninguna responsabilidad, se afecta a la esfera de la vida privada de una manera irreversible, ya no hay manera de evitar que sean señalados, que reciban ciertos tipos de consecuencia, por haber sido expuestos como presuntos delincuentes.
P: ¿El acuerdo es suficiente, no se requiere modificaciones a ninguna ley?
LGP: No, en principio no, la ley es clara en este sentido, protege los datos personales. El acuerdo tendría que ir mucho más en el sentido de armonizar esta necesidad de presentación pública de las personas con esos derechos.
P: Doctor, el Jefe de Gobierno señaló que debe haber sanciones más severas para los jóvenes, sobre todo haciendo referencia al caso de los estudiantes que lanzaron petardos en el Metro Iztacalco, ¿qué opina usted de esta declaración?
LGP: Bueno, yo creo que es afortunado que el Jefe de Gobierno tome conocimiento de cómo está el sistema, porque el problema no tiene que ver con las sanciones más severas o menos severas, es un problema de procedimiento, es un problema de que la ciudad de México en materia de justicia para adolescentes existen dos tipos de sistemas que son contradictorios y que generan incertidumbre jurídica. Entonces, me parece que es importante tomar conciencia de que hay una necesidad imperiosa de reformar el sistema.
P: ¿Se refiere al sistema de justicia para adolescentes?
LGP: Al sistema de justicia para adolescentes, así es.
P: Cumplió hace unos días tres años, de que el Gobierno del Distrito Federal tomó ya la batuta en este tema, ¿cómo considera, haciendo un balance, en qué situación está este sistema?
LGP: Bueno, el problema principal tiene que ver con que persisten estos dos modos de abordar la justicia de jóvenes, que son incompatibles: uno inquisitorial y uno adversarial. Entendemos que el modelo adversarial ha funcionado bien. El inquisitorial sigue generando problemáticas, por ejemplo, sabemos del fallecimiento de un adolescente recientemente que estaba internado en uno de estos centros de internamiento. Entonces, nos parece que es importante hacer una revisión crítica de los resultados que ha ofrecido el sistema y que el sistema general dé certeza a la ciudadanía.
P: Cada vez más servidores públicos se suman a estas declaraciones de elevar las penas a adolescentes, se han hecho foros, incluso ustedes han participado, la Comisión ha participado, pero no ha habido avances; entonces, ¿qué?, ¿son de adorno estos foros?
LGP: Bueno, el tema es que aquí, como en otros casos, el problema de la inseguridad, hace políticamente incorrecta una decisión que tendría que ser, digamos desde el punto de vista técnico-jurídico, la decisión adecuada. Entonces, yo lo que creo es que hay en muchas autoridades esta tentación a pensar que si aumentamos las penas, eso los hace electoralmente más atractivos y creemos que eso no es así. Se ha demostrado en todos esos seminarios, que para lo que han sido útiles es para demostrar justamente cómo penas más largas implican problemas a futuro. Al contrario, lo que hay que encontrar aquí son mecanismos para evitar que nuestros jóvenes vayan a prisión, que estén siendo encerrados. La mayor parte de las personas que están privadas de la libertad en el sistema de adultos, son menores de 29 años. Entonces, yo creo que más bien lo que hay que hacer es una reflexión mucho más amplia, más seria, sobre cuáles son los objetivos reales del sistema penal, en general, y sobre los resultados que ha dado.
P: ¿Y la Comisión lo ha puesto sobre la mesa?
LGP: Sí, naturalmente.
P: ¿Este mecanismo?
LGP: Ayer mismo tuvimos un seminario, en el que hablamos del tema.
P: Doctor, y ¿sobre la investigación de este caso, de la muerte de este chico, ¿qué tienen ustedes?
LGP: Abrimos la investigación, está en curso, sabemos que ya se abrió una averiguación previa por homicidio, así que, bueno, iremos documentando el caso.
P: ¿Qué derechos se vulnerarían?
LGP: Lo que pasa es que aquí, la autoridad tiene la custodia de la vida de la persona. Entonces, en principio, lo que está vulnerándose aquí, es el derecho a la vida de la persona.
P: Doctor, el Director de esta Comunidad enfatizaba mucho que los padres nunca asistieron a las terapias; tal parece que se les está echando la culpa,la bolita, la responsabilidad a la familia, ¿ahí no será una forma de deslindarse de la responsabilidad?
LGP: Bueno, pues está muy claro que la responsabilidad es de la institución: el joven, como todos los que están ahí, están en manos de las autoridades, y a la autoridad le toca, es su obligación custodiar la integridad y la vida de las personas que tiene bajo el ámbito de su cargo.
P: ¿Ustedes ya solicitaron informes sobre lo que pasó?
LGP: Ya.
P: ¿Ya los tienen?
LGP: No, no, todavía no, está en proceso de que nos los envíen, pero ya se abrió la investigación.
P: Sobre la evasión que se dio hace aproximadamente dos semanas, ¿qué han investigado ustedes?
LGP: Bueno, sigue abierta la investigación del caso, esa aparente confusión ya está aclarada, sí había una persona muerta, pero en el Reclusorio Sur. La otra situación es la de la persona que se fugó. Y seguimos integrando ambas investigaciones.
P: Doctor, hace dos semanas que se da esta evasión y todavía no hay una persona que haya sido consignada, por lo menos arraigada, como lo han señalado algunos funcionarios de la Procuraduría, ¿considera que hubo cierta dilación para confirmar la evasión?
LGP: Esa es una de las líneas que estamos investigando, porque el dato que tenemos es que, efectivamente, el sistema penitenciario se tardó, y eso pues naturalmente no abona a una procuración eficiente de justicia. Estamos, de todas maneras, como parte de la investigación, haciendo una observación sobre las actuaciones de la propia Procuraduría.
P: ¿Al integrar la averiguación previa?
LGP: Sí, por si se diera alguna situación, no tenemos ninguna que nos haga presumir en este momento que hay responsabilidad desde la Procuraduría, pero tenemos abierta la investigación. Gracias.
