lunes , 23 septiembre 2024

Lamenta la CDHDF la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de aborto.

Boletín 364/2011
28 de septiembre de 2011

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta que no se hayan logrado los 8 votos necesarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para garantizar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.

Con la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009 la SCJN perdió una oportunidad histórica de proteger de forma integral y definitiva los derechos humanos de las mujeres en nuestro país.

La falta de un voto para declarar la inconstitucionalidad de aquellas disposiciones locales que estipulan el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y reconocerlos como personas nacidas, representa un grave retroceso para el Estado laico y democrático de derecho. Con esta decisión se violentará el ejercicio de los derechos humanos de más de la mitad de la población de este país.

A esta Comisión le preocupa la traducción de visiones morales y religiosas particulares en criterios para la actuación de los poderes públicos, y que sean estas visiones las que limiten el goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en México. Históricamente, a las mujeres se les ha negado el derecho a decidir sobre su propio cuerpo de forma libre y autónoma, y se les ha condenado a un ejercicio limitado de sus derechos en función de estigmas y estereotipos.

La CDHDF lamenta que a través de esta decisión de la Suprema Corte se agudice el grave problema de salud pública que representan los abortos clandestinos y en condiciones insalubres. Asimismo es sumamente grave que en un supuesto Estado constitucional y democrático de derecho como México se creen regímenes diferenciados de protección de derechos humanos para las mujeres tomando como base la entidad federativa en la que se encuentren. Conforme al Artículo 1º Constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad.

Es paradójico que esta resolución judicial haya ocurrido en el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.