domingo , 4 junio 2023

Jornadas de análisis para implementar la Reforma Constitucional del Sistema de Justicia Penal en el D.F.

Boletín 339/2011
11 de septiembre de 2011

En la primera mesa de las Jornadas de Análisis y Discusión para la implementación de la Reforma Constitucional del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, destacó que el punto de partida para que se entienda el sentido de esa Reforma tiene que ver con la ponderación de la libertad.

El Ombudsman capitalino hizo énfasis en que “la Reforma está pensada, no para meter personas a la cárcel; al contrario, está pensada para sacar personas, porque el que haya más personas en la cárcel no implica menos delito afuera y contrariamente, implica más delito desde dentro de las mismas”.

Apuntó que estas reformas le cobran caro a los funcionarios públicos por privar de la libertad a una persona, “lo que hacen es confrontar al Ministerio Público, al Juez, al policía, con la relevancia que tiene mandar a una persona a cualquier forma de detención”.

Expuso tres elementos para entender el alcance de la Reforma: la dignidad de la persona, respaldada por la actitud liberal que está detrás de la Reforma, la cual evita caer en el fundamentalismo penal, “esta visión que ve en el delito una especie de pecado, que atenta contra la autoridad, sólo por el hecho de haber sido cometido, que ve en el delito una actitud que confronta a la autoridad y por lo tanto debe ser castigada”.

Mencionó que un segundo elemento es el dejar de lado la visión punitiva de la justicia para adoptar una visión restaurativa, la cual tiene un marco más amplio de acción de naturaleza social, “lo que pretende esta visión restaurativa es restaurar aquello lazos, aquellas redes que se rompieron con la comisión del delito, en principio entre la persona que cometió el delito y su víctima”, abundó.

Agregó que esta Reforma la da herramientas a los distintos actores para que eviten el dolor, “al Ministerio Público le da el principio de oportunidad, que le permite poner en libertad a la persona si no se justifica que vaya a proceso; el Juez de garantías puede optar por una de las salidas alternativas al proceso penal, sobre la base de compromisos establecidos entre la víctima y el inculpado”.

Destacó que el Juez tiene la posibilidad de optar por penas alternativas a la privación de libertad, pero los Códigos penales tendrían que establecer claramente cuáles son esas penas alternativas a la privación de libertad y en qué casos se deben de utilizar.

Señaló que un tercer elemento de la Reforma es la centralidad de los jueces, “el juez se convierte en una figura que garantiza democracia, en la medida en la que le corresponde efectuar todos los controles necesarios para darle legitimidad al proceso penal y a la propia pena”, dijo.

“Se le quita poder al Juez como garantía para que el sistema funcione, lo cual sucede por la metodología de audiencias, que no implican sólo sentarse a escuchar a una persona, son una metodología que garantiza que la verdad procesal se construye a partir del dicho de las partes, sin intervención alguna del juez, y llega a una convicción a partir de escuchar lo que las partes dicen”.

A su vez, el Secretario General Académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Miguel Ontiveros Alonso, expuso que el sentido de la Reforma es sentar las bases para un juicio penal justo, “que hoy no tenemos merced al pobre sistema, pero también a una escasa preparación de algunos de los operadores jurídicos del Sistema de Justicia Penal en todo el país”.

Advirtió, no basta con la implementación del nuevo Sistema en la Ley, hay que entrar al cambio también en el marco de los operadores, quienes carecen de una concepción de derechos humanos. “Ningún sistema, inquisitivo, mixto o acusatorio puede contra operadores de esa categoría, y ahí es donde las bases constitucionales para un juicio justo enfrentan límites”.

Apuntó que considerar en la Constitución y después en las leyes, las bases sistemáticas para un juicio justo, es sólo parte de la solución, “el resto depende de los operadores: policías, fiscales, peritos, defensores y jueces, de ellos depende que el nuevo sistema tenga éxito o se traduzca en un fracaso”.

Consideró que los legisladores en el Distrito Federal deben tener cuidado con aquellas figuras que derivan de la concepción del enemigo en materia penal: el arraigo, la intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial, el cumplimiento de la pena en un lugar distinto al de la residencia del condenado, y la multitud de hipótesis que se establecen en el texto constitucional, algunas oficiosas, para decretar prisión preventiva.

Propuso a los legisladores leer la Reforma Constitucional de 2008 sometida a la reciente Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, “los legisladores tendrán que tomar en cuenta que el sistema penal, lo que busca no es seguridad, sino creación de libertad mediante el derecho penal, el juicio justo, para que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos libremente”.

Dijo que no deben incurrir en el grave error en el que han incurrido todos los estados que ya tienen operando el nuevo Sistema, “se trabajó en Códigos Procesales de corte acusatorio, se renovaron las Procuradurías y los Tribunales, pero se olvidaron de que el eje rector de esa Reforma es imputar un delito o aclarar si se es inocente respecto al mismo”.

Aseveró que se trabaja con Códigos procesales de vanguardia, “pero cuando vamos a interpretar si hay o no delito trabajamos con nuestros Códigos Penales que tienen casi 70 años y no han sido actualizados, tenemos un proceso moderno con una ley sustantiva absolutamente anclada en el pasado”.