Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 73/2011
7 de septiembre de 2011
Pregunta (P): Sobre la propuesta que sacó el Magistrado Presidente del Tribunal sobre el aumento de penas a los menores infractores, ¿qué opina usted al respecto?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, tratando de entender un poco las razones por las cuales él ha planteado esta idea, la verdad es que me parece que tenemos que platicar. Desde el punto de vista de la Comisión no se justifica de ninguna manera un aumento de penas. Yo creo que aquí se está pasando por alto que la mayoría de los especialistas, si no es que la totalidad de los especialistas, han dejado muy claro que encerrar a los jóvenes no es ninguna solución a los problemas que originaron sus actos delincuenciales. El espíritu de la Reforma del año 2005, y el que debe animar por lo tanto a la justicia juvenil en el Distrito Federal, es totalmente contraria a encerrar a los jóvenes. Escuché su declaración, escuché que él decía que era importante hacer más largas la estancia en prisión para garantizar la resocialización. Me parece que es todo lo contrario. Lo que tenemos claro es que estamos sacando de la sociedad a los jóvenes en la parte más importante de su vida. Entonces de ninguna manera es una opción. Yo quiero platicarlo con él. Vamos a vernos pronto. Estoy seguro de que es un tema en el que él tiene que reflexionar más, pero definitivamente desde nuestro punto de vista sería una medida regresiva.
P: ¿Ni aún tomando en cuenta los casos particulares que él decía con jóvenes que estuvieran involucrados en secuestros y multihomicidios?
LGP: Claro, ni aún en esos casos. Al contrario, lo que hay que ver es, primero, las condiciones que llevaron a estos jóvenes a cometer los delitos. No se trata de eximirlos de responsabilidades, eso es muy importante que quede claro que no es esa la cuestión. El asunto es saber si efectivamente privándolos de la libertad se obtienen resultados favorables, y como he dicho todos los estudios que se han hecho al respecto indican lo contario. Entonces aún en esos casos que son de alto impacto, ahí es necesario preguntarse por la corresponsabilidad del Estado para que estos jóvenes hayan cometido este tipo de delitos a tan temprana edad.
P: ¿Dentro de esta plática que tendría con el Magistrado también se podrían ver una especie de penas alternativas para los jóvenes para que no fueran internados…?
LGP: Claro, estamos desarrollando aquí mismo un foro sobre la Reforma Penal. El lunes estuvo por acá la Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, la Diputada Alejandra Barrales, y ahí mismo hizo un compromiso para revisar el ordenamiento penal del Distrito Federal y con especial referencia al asunto de las penas alternativas. Si en el caso de los adultos es deseable que podamos tener un esquema alternativo a la privación de libertad, en el caso de los adolescentes se convierte en una exigencia.
P: ¿Y estas penas alternativas en qué podrían consistir?
LGP: Bueno, hay un catálogo importante, no se trata de inventar nada, ya Naciones Unidas ha planteado un catálogo importante. Lo importante de esa visión es que estas penas están relacionadas de manera directa con el tipo de delitos que se cometen. Entonces hablamos por supuesto de trabajo a favor de la comunidad; hablamos de procesos en lo que los jóvenes tienen que comprender la naturaleza de los daños que realizan; a partir de sesiones en las que están obligados a trabajar por ejemplo para grupos de víctimas; cosas de esta naturaleza que implican no privarlos de la libertad y por otro lado sí confrontarlos con la responsabilidad por el delito que cometieron.
P: En otro tema, Doctor, con respecto al caso del reo que apareció muerto. La Segunda Visitadora comentaba que su celular no aparecía, teléfono por el cual él hacía comunicaciones. ¿Cómo va esto? ¿Ya apareció, les han dado algún reporte a ustedes? Me parece que el día que fue localizado sin vida no los dejaron entrar a los Visitadores que acudieron al penal para revisar la celda, no les dieron la información. ¿Cómo va todo esto?
LGP: Bueno, seguimos integrando la investigación. Todavía no tenemos nada definitivo. En cuanto lo tengamos ya les informaremos. Por lo pronto la situación no ha cambiado respecto de lo que dijo la Segunda Visitadora.
P: ¿El celular aún no ha aparecido?
LGP: Yo no tengo noticia de que así haya sido, será cuestión de actualizarlo, pero entiendo que las cosas siguen en el mismo sentido.
P: Oiga, Doctor, recordando un poco, cuando ustedes sacaron la Recomendación por una red de prostitución también incluyeron la muerte de un reo, que también apareció que presuntamente se había suicidado pero en condiciones muy extrañas. ¿Este tipo de situaciones de encontrar a reos que no tienen motivos para suicidarse ya es muy común en este reclusorio?
LGP: Por lo menos están estos dos casos que sí nos alertan. Como bien dices, la otra ocasión se trata de una situación que formó parte de una Recomendación que tenía una temática de otra índole, pero lo que sí estamos viendo es analizar si hay elementos en común podríamos replantear este asunto. Hay que ver si la averiguación previa ha avanzado, qué adelantos tiene la Procuraduría en la investigación de aquél homicidio, pero sería importante buscar algún tipo de relación estructural entre uno y otro. No quiero decir que estén relacionados los suicidios, lo que quiero decir es que podría haber circunstancias que están haciendo aparecer estos suicidios, que son inexplicables.
P: Este tipo de suicidios, por decirlo así, que son en condiciones muy sospechosas, ¿qué visión le puede dar a un reclusorio?
LGP: Lo primero que es importante decir es que los responsables de la vida y la integridad de las personas son las autoridades del reclusorio. Entonces aún, así como lo argumentamos en el caso de la prostitución, en donde dijimos que aun cuando hubiera consentimiento, hay una responsabilidad institucional. Acá también, aun cuando se trate de un suicidio eso implica una omisión en el deber de cuidado que tiene la autoridad penitenciaria. Entones, digamos, desde el punto de vista de nuestra actuación respecto de los reclusorios, tan relevante es que se trate de un homicidio como que se trate de un suicidio. En los dos casos hay responsabilidad de la autoridad penitenciaria.
P: Doctor, ayer encontraron el caso de unas jóvenes que estaban retenidas por un individuo. Una parte de esta historia transcurre dentro de una conserjería de la SEP. Su opinión, ¿qué está pasando ahí? ¿Falta supervisión?
LGP: Me parece que estamos hablando de un caso, digamos, aislado. Estamos hablando de una tragedia terrible. Nosotros estamos siguiendo el tema. Hemos abierto una investigación de oficio porque hay involucrado ahí mucho más que la sola comisión de delitos. Hay una problemática muy complicada respecto a la familia, respecto de los procesos de victimización que llevan a la madre a no intervenir, a no actuar. Es un caso bastante complejo. Nosotros estamos buscando, además de las posibles omisiones que pudiera haber en el caso de la intervención de la autoridad, estamos buscando desde la perspectiva de la atención de víctimas cómo dar algún tipo de acompañamiento, y a partir de lo que vayamos estableciendo en esa relación podremos ir sabiendo si era relevante o no que ocurriera en una instalación federal, en una institución de educación. Ahorita lo que puedo decir es que eso podría haber ocurrido en cualquier lado. Tendríamos que ver si hay elementos para poder vincular la ocurrencia de este hecho en un espacio institucional.
P: ¿Usted cuál cree que son las omisiones de la autoridad?, porque tenemos entendido que no hubo nunca ninguna denuncia y que no había modo que la autoridad supiera qué es lo que estaba pasando al seno de esta familia.
LGP: Ahora la investigación nuestra tendría como objetivo primero verificar que las medidas cautelares que se enviaron sean cumplidas. Tienen que ver, como en todos estos casos, con la necesidad de respetar el debido proceso, con los cuidados que hay que tener para no revictimizar a las personas. Lo que estaríamos haciendo es observar la actuación de la Procuraduría. En este momento preciso no tenemos noticia de que se haya cometido alguna violación por parte de la autoridad, pero nuestra labor es precisamente vigilar que la acción de la autoridad transcurra sin violar derechos.
P: En este sentido usted habla de no revictimizar, y ayer el Procurador decía que la madre también cayó en algunos delitos y que con eso se le podrían fincar algunas responsabilidades.
LGP: Justo por eso es que para nosotros es muy importante tener una aproximación desde la perspectiva de las víctimas, porque, bueno, aunque efectivamente puede haber una responsabilidad de la señora hay que tomar en consideración, eso lo tendrá que hacer su defensa, la circunstancias en las cuales ella actúa como actúa. Es decir, lo que creo que no se puede es simplemente imputar una responsabilidad haciendo abstracción del contexto de violencia en el que ella vivía. Eso no significa quitarle la responsabilidad que seguramente tiene, pero sí significa tener en consideración que hay un contexto en el que muy probablemente ella se vio motivada a no actuar, motivada a guardar silencio sobre lo que estaba ocurriendo dentro de su familia.
P: Oiga, y también preguntarle su opinión acerca de esta situación que está sucediendo con el Jefe de Gobierno y con el quien fuera su Secretario de Desarrollo Social. Él da su punto de vista y es despedido.
LGP: Bueno, ahí sí creo que es un asunto que tiene que explicar el Jefe de Gobierno y desde luego el ex Secretario de Desarrollo Social. Es atribución del Jefe de Gobierno, sin duda, decidir quién participa en su equipo y en qué condiciones. Ahí yo diría que sí es un tema que corresponde absolutamente explicar a ellos dos que son los involucrados. Gracias.
