Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 352/2011
22 de septiembre de 2011
En un contexto donde el Estado Mexicano ha realizado una reforma constitucional en materia de derechos humanos, en el que prevalece el papel jurisdiccional y no sólo referencial para la justicia, incorporando tratados internacionales y el principio pro persona, el reto, entre otros, es la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), advirtió el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia.
Durante la inauguración del Foro Retos y posibilidades en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos contra México, llamó la atención sobre el incumplimiento del Estado en los casos “Inés Fernández y Valentina Rosendo”, “Montiel y Cabrera”, “Radilla Pacheco” y “Campo algodonero”.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamentó la falta de cumplimiento, a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) respecto del acatamiento de las diversas autoridades para el caso concreto de Rosendo Radilla Pacheco.
“La discusión se centra ahora en cómo ejecutarlas, objetivo que es justamente el que reúne en el Foro a miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), de la academia y de instituciones federales, así como el discurso de las propias víctimas de violaciones a derechos humanos en su exigencia para que se cumplan las sentencias de la Corte IDH”, insistió González Placencia.
Dijo que el incumplimiento de las sentencias, especialmente de los casos Radilla Pacheco, Cabrera y Montiel, Inés Fernández y Valentina Rosendo, reaviva la discusión sobre la obligación del Estado Mexicano para acatar la jurisdicción de la Corte IDH.
En tanto, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Felipe de Jesús Zamora Castro, dijo que la aceptación de las sentencias de la Corte IDH muchas veces resulta una tarea ardua y compleja, ante la falta de mecanismos jurídicos internos que lo faciliten de manera íntegra su cumplimiento.
Se refirió a la diversidad de medidas que dispone el Sistema Interamericano en materia de reparación del daño, además de las diversas obligaciones para las distintas instancias consideradas para el cumplimiento de las sentencias, dada la naturaleza las autoridades en México.
Dijo que un reto es que las autoridades logren el consenso con las víctimas de las violaciones a derechos humanos, además de superar la desconfianza mutua entre funcionarios responsables de cumplimiento y los defensores de las víctimas, por lo que solicitó el acompañamiento del Sistema Interamericano en el cumplimento de sentencias, lo mismo que la delimitación clara y específica de las autoridades que deben ejecutarlas.
El Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, dijo que la voluntad debe cristalizarse más allá de premisas para el posterior cumplimiento por parte del Estado en contra del cual ha fallado la Corte IDH.
Al margen del Caso Castañeda Gutman, refirió que de unos 5 años a la fecha, se registran configuraciones clásicas de violaciones en la historia de la Corte IDH, que representan para México un reto que va más allá de la aceptación y cada vez más de la adaptación de la institucionalidad.
En ese propósito, coincidió en señalar la diferencia de escenarios para el cumplimiento con una arquitectura e ingeniería jurídicas luego de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de las experiencias de los países latinoamericanos.
La Directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Alejandra Nuño Ruiz Velasco, se refirió a las coincidencias entre los casos que dieron origen a las sentencias de la Corte IDH: “Inés Fernández y Valentina Rosendo”, “Montiel y Cabrera” y “Radilla Pacheco”.
En los tres casos, subrayó, hacer valer su palabra ha sido una pesadilla: “Fueron cometidos en el estado de Guerrero, perpetrados por militares, por funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial; en los tres casos se discutió la comisión de tortura y se trató de personas en situación de vulnerabilidad: campesinos ecologistas y mujeres indígenas, una de ellas menor de edad”.
Dijo que esos casos no son la excepción, así como tampoco lo es la falta de respuesta por parte de las autoridades responsables de resarcir los daños e impartir justicia, como en la mayoría de los casos conocidos por las instancias públicas y civiles de defensa de derechos humanos y según lo expone la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011.
Dijo que a tal escenario se suma el creciente número de peticiones anuales que se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de México y que lo colocan sólo después de Colombia, siendo 12 en el año 2000, al 10 en 2001 y al 2 en 2011.
Las cifras son indicadores de la falta de respuesta de las instancias internas y de la búsqueda de la subsidiaridad de la protección internacional, mismas que deben llamar la atención de las autoridades correspondientes para que adopten medidas y políticas en favor de las víctimas a violaciones de sus derechos humanos.
El Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.” (Prodh), José Rosario Marroquín Farrera, cuestionó que después de los años de que México reconoció la jurisdicción de la Corte IDH, aún se siga hablando de impunidad y de persistencia de las condiciones que se argumentaron para la observación internacional, pero sobre todo la falta de cumplimiento de las sentencias y de atención a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
En tanto, el Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, dijo que para las víctimas, llevar sus casos hasta la Corte IDH ha sido más una pesadilla que un sueño de esperanza y justicia, dada la persistencia de las autoridades del Estado para revictimizarlas y negar hasta donde es posible que se haya perpetrado la violación a sus derechos o la sola ocurrencia de hechos.
Dijo que el acatamiento de las sentencias no ha garantizado la consideración de las medidas solicitadas, como lo demuestra la reforma del fuero militar y que, a través de la propuesta de Ley de Seguridad Nacional pretende otorgar mayores prebendas al Ejército.
El Foro, que continuará hasta mañana, fue convocado por la CDHDF, OACNUDH, CEJIL, Centro Prodh, CDHM “Tlachinollan”, American University Washington College of Law, el Centro para la Justicia y Derechos Humanos “Robert F. Kennedy” y Asociadas por lo Justo (JASS).
