Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 348/2011
18 de septiembre de 2011
De frente a la situación de violencia y crimen organizado asociados con el tráfico de narcóticos que a diario empeora en América Latina, es imperativo rectificar la estrategia de guerra contra las drogas impulsada en la región desde hace por lo menos 30 años, señaló el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
Y es que, dijo, “Estamos muy lejos del fin perseguido con esta estrategia de combate frontal, es decir, de la erradicación del consumo, de las redes del crimen organizado y de la recomposición del tejido social que la violencia ha fracturado”.
Durante su intervención en la Mesa “Drogas, seguridad y derechos humanos”, de la III Conferencia Latinoamericana y la I Conferencia Mexicana sobre políticas de drogas, se pronunció por “erosionar el tabú y reconocer la falla de la actual política de drogas y sus consecuencias”.
Explicó que las políticas prohibicionistas, basadas en la supresión de la producción y la interrupción de los flujos de comercio, junto con la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados.
En las Conferencias convocadas por el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), de México, e Intercambios, de Argentina, elOmbudsman capitalino llamó la atención sobre el incremento de los niveles de consumo de drogas en América Latina, a diferencia de la tendencia hacia la estabilización en América del Norte y Europa.
Con ese objetivo, llamó a revisar de manera urgente y profunda la política de drogas en América Latina, a la luz de sus enormes costos humanos y sociales y de la amenaza que representan para las instituciones democráticas.
Y es que, advirtió, “En décadas recientes hemos atestiguado un incremento del poder y la presencia de las redes del crimen organizado, causado tanto por el tráfico internacional de drogas como por el creciente control de los grupos criminales sobre los mercados nacionales”.
Lo anterior, señaló, afecta la calidad de vida de las personas, por el incremento de la violencia, pero particularmente a las niñas, los niños, a la juventud y a las mujeres.
“La criminalización de la política, pero también la politización del crimen, junto con la filtración de las instituciones democráticas por parte del crimen organizado, han empobrecido la dinámica social y trastocado negativamente nuestro sentido de lo público y la confianza social”, agregó.
González Placencia exhortó a erradicar la política represiva de drogas “firmemente enraizada en prejuicios, miedos y visiones ideológicamente estructuradas”, así como la asociación automática entre crimen y drogas”, ya que de entrada bloquea la circulación de información y segrega a las personas usuarias de drogas hacia ghettos y espacios diferenciados, dejándolos en un situación de mayor vulnerabilidad y exposición ante el crimen organizado.
Se trata, explicó, de reconocer los resultados insuficientes de las actuales políticas y, sin despreciar el enorme esfuerzo que han consumido, iniciar un debate amplio sobre estrategias alternativas, involucrando a todos los sectores de la sociedad, incluidos los que han permanecido soslayados del problema de las drogas.
“La construcción de alternativas es un proceso que requiere la participación del gobierno, la academia, la sociedad civil, los encargados de impartir justicia, los profesionales de la salud, los medios de comunicación y, por supuesto, las personas usuarias de drogas”, señaló.
El reto consiste precisamente, dijo, en reducir drásticamente el daño causado por las sustancias ilegales sobre las personas, sociedades e instituciones públicas.
Asimismo, urgió a diferenciar entre el daño que causan las sustancias ilegales en los cuerpos de las personas por decisión propia, y los que causan en la sociedad en vista de la respuesta pública no respetuosa de los derechos humanos.
Puso como ejemplo las políticas de la Unión Europea, enfocadas a reducir los daños causados por las drogas como un asunto de salud pública, a través del suministro de tratamientos y rehabilitación para las personas usuarias.
“Esa estrategia ha demostrado ser más eficiente y armónica con el paradigma de los derechos humanos que la sola guerra frontal contra los traficantes. No obstante, al no dar el debido peso a la reducción del consumo interno en la creencia de que la reducción de los daños por el consumo de sustancias minimiza la dimensión social del problema, las políticas europeas fallan en el elemento de frenar la demanda de drogas ilícitas, lo cual estimula su producción y exportación desde otras partes del mundo”, añadió.
González Placencia compartió la Mesa con el Viceministro de Justicia de El Salvador, Álvaro Henry Campos Solórzano; con el Representante de la Unidad de la Policía Pacificadora de Río de Janeiro, Brasil, Felipe LópezMagalhães; con el Alcalde de San José Guaviare, Colombia, Pedro José Arenas García; y el experto en temas de violencia, seguridad y crimen organizado, Eduardo Guerrero Gutiérrez.
