Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 319/2011
29 de agosto de 2011
Al afirmar que México vive una situación de emergencia nacional en el contexto de una nueva etapa de conflictividad social, el profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (COLMEX), Sergio Aguayo Quezada, llamó a los Organismos Públicos Autónomos (OPA) a ser la bisagra entre la protección a la ciudadanía y la contención de los abusos de la autoridad.
Durante el Sexto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, Mérida 2011, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y otras instituciones, explicó que esta conflictividad social es generada por los niveles de violencia y el urbanismo salvaje.
“Estamos ante un reto no sólo político porque el momento que vive el país es de emergencia nacional por muchos motivos. Frente a ello los Organismos Públicos Autónomos tienen un papel importantísimo de bisagra entre la protección de las víctimas y la contención de los abusos de la autoridad”, enfatizó.
Respecto a la nueva etapa de conflictividad social dentro de la transición en la que se encuentra el país actualmente, señaló que en los 60s y 70s la movilización ciudadana fue por la represión del Estado; en los 80s y 90s para defender el voto; y hoy por la violencia y el urbanismo salvaje.
Aguayo Quezada expuso que a este contexto se añade la crisis de representatividad y la degradación de los partidos políticos, la ineficacia y la corrupción.<
En torno a la violencia, dijo, es el resultado de estar en medio de un ciclo permanente que se forma por el flujo de sur a norte de personas migrantes y drogas, y que continúa con el regreso de norte a sur de armas y dinero.
El profesor del COLMEX explicó que en el denominado urbanismo salvaje a quienes protestan se les califica de enemigo de la modernidad, independientemente de los partidos políticos.
“Por ejemplo el Viaducto Zaragoza en Puebla; la Supervía Poniente en el Distrito Federal; el Programa de Ordenamiento Ecológico en Cuernavaca, Morelos; el paso deprimido subterráneo en Mérida, Yucatán; las protestas surgen porque se excluye la participación ciudadana, la agresión al medioambiente, la corrupción sistémica entre iniciativa privada y gobiernos, hay opacidad sobre el costo de las obras e inoperancia del sistema judicial”, enfatizó.
Sergio Aguayo subrayó que en este momento México es país confundido, asustado y desorientado porque estamos flotando entre el pasado autoritario jerárquico y el presente de una democracia que no acaba de funcionar.
Hay una esquizofrenia de los valores culturales mexicanos, insistió, ya que de acuerdo con su evolución -entre 1981 y 2006-, ha crecido el respeto a los derechos humanos, al movimiento feminista y a la prensa; pero la sociedad justifica los sobornos y la evasión de impuestos.
Por tales motivos llamó a los OPA a hacer un diagnóstico adecuado de la realidad en México. “Ni los Organismos Públicos Autónomos, ni la clase política, ni los organismos civiles nos estamos haciendo las preguntas relevantes. Estamos en un momento en el que debemos redefinir las preguntas y los paradigmas bajo las cuales estamos analizando la realidad”.
En tanto, el Director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo XIX, Darío Ramírez, sostuvo que el principal enemigo de la prensa no es el crimen organizado, sino la falta de un Estado de Derecho.
“No es el narcotráfico o cualquier grupo delictivo, ellos son los perpetradores más graves que tiene la prensa. Lo que está destruyendo, lo que está debilitando a la prensa, la libre circulación de ideas en nuestro país es la falta del Estado de Derecho. Ese es el enemigo común que tenemos”, apuntó.
Sostuvo que con un Estado de Derecho fortalecido y que salvaguarde derechos fundamentales como la libertad de expresión, los perpetradores serían castigados y los reporteros podrían seguir haciendo su trabajo.
Darío Ramírez dijo que hoy tenemos una prensa silenciada, con miedo y arrinconada. De acuerdo con las cifras de Artículo XIX y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), indicó, en nuestro país más de 70 periodistas y reporteros han sido asesinados y más de 11 desaparecidos, lo cual da luz sobre el contexto sobre el que se ejerce el periodismo.
Durante el Panel: “Los medios de comunicación y su papel en el fortalecimiento de los organismos e instituciones ciudadanas”, moderado por el Comisionado del Instituto de Acceso a la información Pública del Distrito Federal (Info-DF), Agustín Millán, el especialista en derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza, sostuvo que lo ocurrido en los últimos 10 años en México no se están resolviendo las amenazas a la democracia.
“Se está convirtiendo en una profunda amenaza para nuestro propio proceso de transición, hay claramente un estancamiento, con claros signos de recesión y en algunos casos de franco retroceso. Lo que pasa hoy con los periodistas es lo que vivíamos en los 70s y 80s. Lo que está pasando hoy con los defensores de derechos humanos eran las peores épocas de los 70s y 80s, era sistemático: procesos que se creían ya superados ahora están peor”, apuntó.
